El Ministerio de Irene Montero emite un informe “desfavorable” a la ley de igualdad de trato impulsada por el PSOE

La batalla entre el Ministerio de Igualdad y el PSOE continúa. El malestar en el departamento de Irene Montero no ha desaparecido, en esta ocasión a propósito de la decisión del grupo que dirige Adriana Lastra de registrar en solitario la ley de igualdad de trato y no discriminación sin sus aportaciones. En Ferraz argumentaron que trasladaron a su socio de coalición que registrarían la norma para que pudiera debatirse en el pleno del Congreso de la próxima semana, que es cuando el Grupo Socialista tiene cupo para introducir su iniciativa. En Unidas Podemos apuntan que el PSOE lo hizo de forma unilateral y sin recoger ninguna de las aportaciones del ministerio ni del grupo parlamentario, incumpliendo lo acordado entre los socios. A las puertas de que el Parlamento decida si la admite o no a trámite, el informe que Igualdad ha enviado a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes –dependiente de Carmen Calvo– lleva la calificación “desfavorable”.

El escrito de ocho páginas al que ha tenido acceso elDiario.es defiende una veintena de razones por las que su calificación es contraria a la iniciativa del PSOE. “La ley de igualdad de trato presentada por el grupo socialista incumple el acuerdo de gobierno y además se presenta de forma unilateral rompiendo siete meses de negociaciones. El informe preceptivo que el Ministerio de Igualdad ha emitido tiene por objeto hacer cumplir el acuerdo de gobierno en materia de igualdad de trato y lucha contra la discriminación étnico racial y de la legislación antidiscriminatoria pactada por PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de gobierno”, aseguran desde el ministerio a preguntas de elDiario.es. Además, en Igualdad se muestran “muy sorprendidas” por la filtración de un informe que no es público, sino de trabajo interno.

Los socialistas: “No existe el género de informe desfavorable”

Sin embargo, fuentes oficiales de la Vicepresidencia primera del Gobierno consideran que la calificación reflejada por Igualdad no tiene validez ni una repercusión práctica: “Cualquier ministerio puede hacer aportaciones [a una proposición de ley], pero no existe el género de informe desfavorable”. 

Unidas Podemos deja por ahora en el aire su apoyo a la toma en consideración de la iniciativa socialista en el Pleno de la próxima semana. “La ley de igualdad de trato que el PSOE lleva al próximo pleno supone un claro incumplimiento del acuerdo de gobierno y rompe meses de negociaciones de los contenidos de esta ley para combatir la discriminación étnico racial”, señalan a este medio desde el grupo confederal, en el que consideran que la tramitación de esa propuesta “es un claro intento de bloquear la tramitación de las leyes LGTBI y Trans que está impulsando el Gobierno”. “El PSOE y el presidente deben volver al acuerdo de gobierno y asegurar que el Ministerio de Igualdad impulsa con normalidad las tres leyes antidiscriminatorias incluidas en dicho acuerdo: la ley LGTBI, la Ley Trans y la Ley de igualdad de trato”, agregan esas fuentes.

Unidas Podemos acusa al PSOE de bloquear la ley trans

Desde el Grupo Socialista eluden la polémica: “No vamos a hacer un conflicto de una gran noticia como es la aprobación de la ley Zerolo –en referencia al primer impulsor de esta ley, que falleció–. Estamos a la gestión y al avance de derechos, no a generar conflictos sobre buenas noticias”. 

Algunos de los argumentos que esgrime Igualdad en su informe habían sido trasladados al Grupo Socialista en la negociación previa al registro de la proposición de ley, pero no fueron incorporados al texto porque, según explicaron fuentes socialistas, no estaban de acuerdo. En el departamento de Montero sostienen que no obtuvieron respuesta a esas alegaciones antes de que el socio mayoritario presentara formalmente el texto en el Congreso, un extremo que los socialistas niegan rotundamente. Además, subrayan que estuvieron sentados con Unidas Podemos negociando el proyecto y que se modificaron cuestiones fruto de esas conversaciones. En todo caso, el Grupo Socialista insiste en que se pueden hacer cambios a lo largo de toda la tramitación parlamentaria. 

El texto que recupera el PSOE –que ya intentó sacar adelante esta ley en 2011 y que posteriormente decayó con la convocatoria electoral de 2019– pretende “crear un instrumento eficaz contra toda discriminación que pueda sufrir cualquier persona” y por cualquier tipo –razones de raza, sexo, religión, discapacidad, etc.– desplegando un conjunto de medidas en ámbitos sociales como la educación, la sanidad, los negocios privados, el empleo, la vivienda o los medios de comunicación.

La primera pega que pone Igualdad es al modelo de elección del Alto Comisionado para la Igualdad de Trato y la no discriminación, que en la propuesta socialista queda en manos del Gobierno, como el resto de órganos de ese tipo, como el de la lucha contra la pobreza infantil, por ejemplo. El informe ministerial sostiene que el Gobierno “no debería tener una influencia decisiva en la selección de las personas que ocupan puestos de liderazgo en el organismo” y sostiene que debe tener presupuesto e instalaciones separadas. El modelo de elección que plantea es a través de las Cortes Generales, con un sistema de tres quintos. Fuentes socialistas consideran que no es equiparable a organismos constitucionales que requieren de esa mayoría reforzada como el Defensor del Pueblo o el Consejo General del Poder Judicial, que incluso PSOE y Unidas Podemos han llegado a plantear para rebajar para sortear el veto del PP. Igualdad propone, además, que el Alto Comisionado tenga capacidad sancionadora mientras que la iniciativa del PSOE lo deja en manos de las administraciones en el marco de sus competencias. 

Igualdad también cuestiona que la proposición de ley “define conductas muy genéricas e incompatibles con el principio de legalidad y el principio de taxatividad de la norma sancionadora”. Así, defiende una nueva redacción de dieciséis infracciones, como la incitación, promoción o justificación del odio basado en la intolerancia, o de la discriminación; la difusión pública amplia, por medios de comunicación, internet, redes sociales o publicitarias, de mensajes, simbología y propaganda que vulnere la igualdad de trato y promueva la discriminación, el odio y la intolerancia; o no retirar inmediatamente por parte del usuario y del prestador de un servicio de la sociedad de la información expresiones, imágenes o contenidos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias por motivos discriminatorios o intolerantes tras requerimiento expreso del comisionado para la igualdad de trato, contra toda forma de discriminación e intolerancia, entre otras. Fuentes socialistas sostienen que la intención de Igualdad es regular el discurso del odio, una cuestión que encuentran delicada y que no es el objeto de esta ley. 

El ministerio apuesta también por reformar varias leyes a través de disposiciones adicionales, como la de extranjería para impedir la expulsión del país de personas que han sufrido algún tipo de discriminación. Otro cambio legislativo que propone es respecto a la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico para añadir “un nuevo apartado que prevea infracciones y sanciones a las empresas de redes sociales que no colaboren con la autoridad judicial en la identificación de usuarios que cometen delitos sirviéndose de su anonimato o en la retirada de contenidos ilícitos cometidos por odio y/o discriminación”.

También incluye la modificación de la ley de educación para que se tenga en cuenta el estudio y respeto de culturas, como la del pueblo gitano, o hechos históricos que han atentado contra los derechos humanos, como el Holocausto. No obstante, esa ley es orgánica por lo que no se puede modificar con una ordinaria. Lo mismo ocurre con el rango del Código Penal, que el informe de Igualdad propone modificar con una disposición final a la ley de igualdad de trato para prohibir “toda propaganda y toda organización o grupo, cualquiera que sea su forma o razón que fomente, promueve, o incite directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación, intolerancia o violencia, o que justifique, niegue, trivialice gravemente o enaltezca los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contras las personas bienes protegidos en caso de conflicto armado o enaltecer a sus autores”.