Hasta seis Iniciativas Legislativas Populares (ILP) hay acumuladas en el Congreso a la espera de pasar todos los filtros de la Cámara y poder ser elevadas a pleno para su toma en consideración. La mayoría de ellas proceden de la legislatura anterior pero no todas cumplen aún el requisito necesario del medio millar de firmas para que sean admitidas a trámite. En estos meses, solo una de esas seis está cerca de ser elevada a pleno después de la Semana Santa. Se trata de una proposición de ley que reclama mayores atenciones y ayudas a la dependencia, así como la eliminación del copago confiscatorio a este colectivo, presentada por Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Las ILP son iniciativas populares que pueden presentar en el Congreso cualquier colectivo o un grupo de ciudadanos siempre que vayan avaladas por un mínimo de 500.000 firmas acreditadas. Este requisito es considerado excesivo por los promotores y por los propios grupos del Congreso que ya han planteado rebajarlo a la mitad y dejarlo como mucho en 250.000 firmas.
Ese cambio solo podrá articularse a través de una reforma del reglamento del Congreso, para cuyo fin el presidente de la Cámara, Patxi López, ya ha adelantado que su intención es abrir una ponencia esta misma primavera en la que se aborde éste y otros cambios en el funcionamiento de la Cámara.
Las ILP sufren un largo y penoso trámite en el Congreso hasta que llegan a ser debatidas y aprobadas por un pleno. De hecho, casi ninguna de las más de medio centenar presentadas a lo largo de estas legilsaturas lo ha conseguido. Solo alguna ha logrado ser 'subsumida' en en otra proposición de ley. Como ocurrió en la VI legislatura con la ILP sobre “reclamación de deudas comunitarias ”, que finalmente supuso la modificación de un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal. El resto, o han sido inadmitidas, o han caducado o se han retirado.
Sin defensa de sus promotores en los plenos
Por si fuera poco, hasta ahora sus promotores solo pueden acudir a presentarlas en las Comisiones del Congreso. Antes, ni eso. En la legislatura anterior, el PSOE, con el apoyo de otros grupos, planteó que estas propuestas populares pudieran ser defendidas por sus impulsores en el pleno y no únicamente en Comisión. Pero el PP rechazó siquiera la toma en consideración de aquella proposición de ley socialista escudándose en que meses atrás ya se había acordado que la presentación de estas Iniciativas Legislativas Populares (ILP) se hicieran en Comisión.
Entre las “no cursadas”, es decir, considerada sin base jurídica para su admisión, figura la Proposición de Ley “sobre eliminación de prebendas de la clase política cesada”, impulsada en 2012 por un grupo de ciudadanos de Ciudad Real. Celia Villalobos, que era también entonces vicepresidenta primera de la Mesa, firmó su rechazo alegando que versaba “sobre materias que ya estaban reguladas por la Constitución y las propias Cámaras”.
U otra que data del mismo año para impulsar una ley de protección y bienestar de los animales, que tampoco fue cursada por considerar que ya había textos legales regulando esa materia.
Pese a estos precedentes, la ILP presentada por el CERMI ha logrado superar las primeras dificultades después de una campaña de varios meses recogiendo firmas en su página web. Su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, explica el objetivo de la iniciativa.
“La iniciativa legislativa popular contra el copago confiscatorio es la respuesta del movimiento social de la discapacidad a las políticas de las Administraciones sociales que en desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia han creado una situación insostenible que hace recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia”.
“Supone asimismo dar continuidad y amparo a la reiterada preocupación del movimiento asociativo ante el malestar ocasionado por el citado copago que se tradujo en un recurso presentado y ganado por el CERMI ante los tribunales contra el acuerdo de 2008”, añade el presidente del Comité
Las ILP que aguardan su momento
Además de esta iniciativa en el Congreso hay otras cinco ILPS que aguardan su tramitación, según se recoge en la información de la web de la Cámara. Y son: una Proposición de Ley de responsabilidad parental y de relaciones familiares, impulsada por Fernando Chapado de la Calle como representante de la Plataforma Somos Iguales.
Otra sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social, avalada por José Campos Trujillo, sindicalista del sector de la Educación, y otros firmantes.
Una más por la que se pide regular la implantación con carácter obligatorio de la Mediación Civil, Mercantil y Concursal, en el Orden Jurisdiccional Civil y Mercantil como método alternativo para la resolución de conflictos, junto a la implantación con carácter voluntario en el Orden Jurisdiccional Penal de la Mediación Penal, y la implantación de la Mediación Laboral, con mediadores profesionales independientes, de forma voluntaria y alternativa a la Conciliación Laboral, previa en el Orden Jurisdiccional Laboral. Esta iniciativa ha sido presentada por Juan Pedro Aguilar Sáenz, representante de la Asociación Española de Mediación. En la web del Congreso esta ILP figura como que ha “caducado”.
Pero también aguarda una solicitud al presidente del Congreso realizada por Yolanda Gutiérrez Barrio, presidenta de la Asociación FM Unión y Fuerza, para que “proceda a la salvaguarda y custodia de las cajas que contienen los pliegos donde constan las firmas obtenidas en apoyo a la Proposición de Ley sobre protección social de los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica-encefalitis miálgica, ante su intención de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.
A estas ILP hay unir una Proposición de Ley sobre la dación en pago, presentada por Abelardo Lloret López, presidente de Los Verdes Ecopacifistas. Precisamente, la dación en pago y modificaciones en la ley hipotecaria para paliar los desahucios fue una de las reivindicaciones que la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, trajo al Congreso para su debate a principios de 2013, siendo portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Entonces, el PP introdujo una serie de modificaciones al texto de la iniciativa popular hasta casi dejarla irreconocible. Colau protestó y consideró “inaceptables” las enmiendas a aquella ILP porque “la desvirtúan totalmente” - señaló-, lo que, según advirtió, obligaría a la PAH a presentar miles de reclamaciones judiciales que colapsarían los juzgados.
Al final, la PAH decidió retirar simbólicamente la ILP primitiva al considerar que el texto que finalmente fue aprobado por el Congreso no tenía “nada que ver” con el que secundaron 1,4 millones de personas con su firma.