El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, está dispuesto a demostrar que buena parte del dinero expoliado del Palau de la Música Catalana por su anterior presidente, Félix Millet, y su ex director general, Jordi Montull, fue a parar a las arcas de Convergència Democrática de Catalunya, el socio mayoritario de CiU.
Pijuan ha citado a declarar en calidad de imputados a los responsables de varias empresas para el próximo 22 de octubre, poco más de un mes antes de las elecciones en clave soberanista convocadas por el presidente de la Generalitat y de CDC, Artur Mas. Entre esos imputados destaca Marc Puig, que en la actualidad es responsable de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el histórico dirigente de CDC Xavier Trias.
Pero Puig, que además fue director de comunicación de la Generalitat durante el último Gobierno de Jordi Pujol, no será interrogado sobre sus responsabilidades institucionales, sino en el marco de la pieza separada del caso Palau creada por el juez Pijuan para investigar las relaciones económicas entre la fundación musical y Convergència.
Según el instructor y el representante de la Fiscalía Anticorrupción, 3,3 millones de euros del Palau acabaron en las arcas de CDC. Por esa razón, el juez impuso en julio al partido que gobierna en Cataluña una fianza de responsabilidad civil por esa cantidad. Convergència avaló la fianza con su sede en la calle de Còrsega de Barcelona.
Sin embargo, en este caso, Pijuan y el fiscal Anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, están convencidos de que Millet y Montull pusieron el Palau como pantalla para que la constructora Ferrovial abonara una comisión por esos 3,3 millones de euros por la adjudicación de diversas obras públicas de varias administraciones controladas por CiU hasta 2003.
En el auto por el que Pijuan exigía la fianza a CDC, precisaba las adjudicaciones recibidas por Ferrovial de administraciones controladas por CiU, especialmente de la Generalitat:
“1) Obras de revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro, adjudicada por la entidad Regs de Catalunya S.A., empresa pública de la Generalitat.
2) Construcción del nuevo pabellón municipal de Sant Cugat del Valles, adjudicada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de dicha población, en el que gobernaba CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA.
3) Construcción de la Línea 9 del Metro de Barcelona, adjudicada a una UTE participada en un 20 por ciento por FERROVIAL AGROMAN, S.A. por la empresa pública GESTIÓ D' INFRAESTRUCTURES S.A.U. (GISA).
4) Construcción de la Ciutat de la Justícia de Barcelona y L'Hospitalet, adjudicada a una UTE participada en un 20 por ciento por FERROVIAL AGROMAN, S.A. por la empresa pública GESTIÓ D' INFRAESTRUCTURES S.A.U. (GISA). En el cobro de estas comisiones habrían intervenido los imputados Félix MILLET TUSELL y Jordi MONTULL BAGUR como intermediarios entre la empresa FERROVIAL-AGROMAN y personas afines a CONVERGÈNCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA, formación política en el Govern de la Generalitat de Catalunya cuando se adjudicaron dichas obras públicas“.
El consejero de Obras Públicas durante aquel periodo era el actual titular de Interior y jefe, por tanto, de los Mossos d’Esquadra, Felip Puig, uno de los hombres fuertes de Mas y uno de los principales responsables del giro soberanista de Convergència. Por esa razón, el juez y el fiscal decidieron encargar las investigaciones a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía.
El informe era concluyente. Había flujos de dinero del Palau a CDC, casi 700.000 euros a la fundación del partido, la Trias Fargas, y, además, la institución musical se había hecho cargo de gastos electorales del partido de Artur Mas por valor de otros 900.000 euros facturados por las empresas New Letter y Letter Grafic. Un total de 1,6 millones de euros. Aún faltan por justificar 1,7 millones de euros restantes.
Y es ahí donde entra Marc Puig. Cuando CiU perdió las elecciones en 2003, abandonó la administración y creó la firma Emocional Base, especializada en marketing electoral. Pero su principal cliente era CiU. Ahora, juez y fiscal quieren contrastar un informe de la Agencia Tributaria, que ha encontrado diversas facturas de la empresa enviadas al Palau de la Música. Puig se reincorporó a la vida pública en junio de 2010, cuando Xavier Trias se convirtió en alcalde de Barcelona tras más de 30 años de hegemonía socialista. En ese momento, Puig fue contratado como director de comunicación del Consistorio barcelonés.
No está claro cuándo dejó su empresa, porque hasta hace unos meses seguía utilizando la cuenta de correo electrónico de la compañía que dirigió durante siete años en lugar de la del Ayuntamiento de Barcelona. Es la misma compañía que le permitió ser presidente del Colegio de Relaciones Públicas, aunque fuentes empresariales aseguran que buena parte de su actividad fuera de la Administración se centraba en la organización de ferias y congresos organizadas por poderes públicos controlados por CiU.
Puig, de 50 años, era vecino del presidente de la Generalitat, Artur Mas, hasta que hace algo más de dos años se divorció. Su ex esposa y sus tres hijos siguen ocupando su vivienda en la calle de Tusset de Barcelona, muy cerca de la vivienda de Mas.
Fuentes de la investigación aseguran que Puig lleva un tren de vida poco acorde con un empleado público. Oficialmente posee una moto Suzuki de 125 centímetros cúbicos de adquisición reciente, con matrícula acabada en GHB y un Jeep Willis mucho más antiguo, cuya matrícula acaba aún en dos letras, GW.
Sin embargo, habitualmente conduce un deportivo valorado en más de 50.000 euros, y cuyo titular es una empresaria dedicada a las inversiones en Bolsa, cuyas iniciales son F.M.F. Además, posee un yate de pequeña eslora del que suele presumir.
Es habitual del restaurante y local de copas Mutis, donde es común que invite a rondas a la clientela, y frecuenta otros restaurantes y locales de lujo de Barcelona en momentos que nada tienen que ver con si actividad institucional.
Su edad, 50 años, le ha convertido en un hombre de confianza tanto de la vieja guardia de Convergència, encarnada por Pujol y por Trias, como de la nueva generación, la del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y sus hombres más próximos, como Felip Puig o los hermanos Pujol Ferrusola, Jordi, Josep y Oriol, el único que se dedica abiertamente a la actividad política en su condición de secretario general de Convergència.