La investigación que ha dirigido el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tiene soliviantado a uno de los imputados por pertenecer a la trama de corrupción Púnica. Así se lo hace saber al magistrado Alfredo Ovejero López, exjefe de gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro e imputado por cinco delitos. Ovejero ha remitido un escrito al magistrado, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que acusa a Velasco de conculcar su derecho a “una defensa justa”.
El objetivo primero de la defensa de Ovejero es que se anule el auto del pasado 22 de julio por el que el que se levantó el secreto de las actuaciones y que ha permitido conocer todos los detalles de cómo funcionaba la “organización criminal” a la que presuntamente pertenece. La entrega de los 60 tomos del sumario a los imputados se ha producido, según Ovejero, “de manera ficticia y parcial y siempre después de a los medios de comunicación”.
Tras su detención y puesta a disposición judicial, Velasco recogió en un auto que Ovejero fue “conocedor y partícipe” de la mecánica de corrupción instaurada en el Ayuntamiento de Valdemoro, por la que se beneficiaba a determinados empresarios “de forma reiterada en materia de contratación pública y urbanismo”.
Ovejero, el alcalde José Carlos Boza y el resto de imputados de la corporación municipal, actuaban “en contra del interés público” y “perjudicaban a las arcas públicas”. En consecuencia, el jefe de gabinete está imputado por pertenecer a una organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos y fraude. Contra Ovejero, el juez Velasco dictó en octubre de 2014 una de las medidas cautelares más contundentes, la prisión eludible con fianza, en este caso de 25.000 euros.
El sumario refleja a un Ovejero al tanto de todos los supuestos manejos entre el alcalde de Valdemoro y el empresario David Marjaliza, epicentro de la trama de corrupción. Según escribe la Guardia Civil, se trata de una de las autoridades que “cuidan de los intereses de Marjaliza, poniéndole al corriente del estado de las gestiones y procurando su agilización”. En una de las conversaciones telefónicas con el empresario, Ovejero afirma que “todo el mundo está acojonado con los teléfonos”, en referencia a la sospecha de los pinchazos con autorización del juez Velasco.
Para Ovejero, la investigación del juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil durante 13 meses supone una “dilatadísima instrucción”. El calificativo es elegido por la defensa del imputado a pesar de que conoce que la investigación afecta a 92 personas -el número de imputadas hasta ahora-, salpica a numerosas administraciones, locales y también autonómicas, y tiene ramificaciones en el extranjero.
Pues bien, según Ovejero, el juez, no contento con tal retraso, puso a disposición de las partes el contenido del sumario “cinco días después” de dictar el secreto del auto y a 3 días del periodo vacacional“, sin tiempo para elaborar los recursos pertinentes, ”menos en las fechas en que abogados y procuradores toman sus vacaciones“. Esta forma de actuar supone un levantamiento del secreto de las actuaciones ”de manera diferida“. Ovejero pide la nulidad del auto y, de forma subsidiaria, que el juez aclare cuando comienza a computar el plazo para la presentación de recursos.
Según fuentes de la Audiencia Nacional, todos los pudieron consultar el contenido del sumario desde que el juez dictó el auto, pero en la sede del Juzgado y sin poder retirar copia, ya que el volumen del mismo prolongó cinco días más su conversión a un soporte digital que se pudieran llevar las partes. La previsión del juzgado era que se pudieran retirar las copias el lunes, pero los trabajos se adelantaron y los procuradores que se interesaron el viernes por ellas fueron autorizados a recogerlas.
“Una suerte de ficción”
La defensa de Ovejero insiste, sin embargo, en que “se aclare por el juzgado cómo la prensa ha tenido acceso al sumario en fechas anteriores al día 27 de julio, que es cuando se le permite el mismo a las defensas”. En el auto que ataca el imputado, Velasco advierte de la creación de una pieza separada que va a seguir en secreto. Esta circunstancia hace que el levantamiento de secreto sea “una suerte de ficción”, alega Ovejero.
La defensa de Ovejero trasciende el caso de su defendido para apelar al de Jesús Moreno Torres, el antiguo concejal que se hizo diputado para “tocarse los huevos”, según dice él mismo en una conversación telefónica incluida en el sumario. Los abogados de Ovejero piden explicaciones de por qué Velasco no se inhibió en favor del Tribunal Supremo cuando conoció la existencia de indicios contra un diputado autonómico. El letrado confunde el Tribunal Supremo con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el cual están aforados los diputados autonómicos madrileños, caso de Moreno Torres.