La decisión de sacar la plaza del juez Pablo Ruz a concurso puede complicar el futuro del caso Gürtel hasta el punto de que algunas defensas valoran ya la posibilidad de reclamar la nulidad de todo el proceso. Así lo señala Miguel Durán, abogado del presunto número dos de la trama, Pablo Crespo. El letrado advierte de que si Ruz se queda al frente del caso como juez de apoyo podría incumplirse el artículo 24 de la Constitución, que establece que todos los españoles tienen derecho “al juez predeterminado por ley”.
La solución diseñada por Carlos Lesmes de permitir a Ruz seguir con los casos Gürtel y Bárcenas como juez de apoyo es, a juicio de Durán, “una chapuza” y su aplicación conllevará causa de nulidad. En conversación con eldiario.es, Durán advierte de que son “el CGPJ y la Fiscalía quienes tienen que velar por la legalidad”. Según su criterio, las últimas prórrogas otorgadas al magistrado ya habrían vulnerado el principio constitucional de “juez predeterminado por ley”. Durán avisa de que sus argumentos pueden ser planteados en cualquier momento y que, en último caso, podrían formar la base de un eventual recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Otros abogados de las defensas consultados por esta redacción prefirieron no pronunciarse públicamente. Algunos de ellos descartan buscar la nulidad en base a la continuidad de Ruz, pero otros sopesan incorporar esa posibilidad a su estrategia de defensa, siempre que Ruz continúe al frente de la instrucción más allá de marzo.
Si Pablo Ruz aceptase quedarse como juez de refuerzo, esa opción podría violar uno de los preceptos básicos del derecho: el del juez natural. Según el artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el juez de apoyo se debe ocupar del “trámite y resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento, quedando reservados al juez titular los asuntos en tramitación que no hubieren alcanzado aquel estado procesal”. Aunque Ruz se quede de refuerzo en la Audiencia Nacional, no podría continuar con la instrucción de la Gürtel o estaría incumpliendo la ley, a pesar de la postura oficial del CGPJ.
La posibilidad de que la figura de juez de refuerzo pueda complicar el desarrollo del proceso no es ajena al magistrado. Tal y como ha publicado eldiario.es este miércoles, el magistrado está valorando no solicitar la prórroga para seguir como juez de apoyo cuando su plaza quede resuelta. De esta forma, evitaría el riesgo en el que presuntamente pone a una instrucción de cinco años el acuerdo adoptado por el CGPJ. Según las fuentes consultadas, el magistrado del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional está acelerando su trabajo al máximo para que la instrucción de la causa quede perfectamente orientada por sus diligencias para el momento en el que un nuevo magistrado se haga con el caso.
Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial defiende que su acuerdo servirá para que Ruz concluya la instrucción del caso Bárcenas, siempre que el magistrado solicite continuar a partir de marzo como juez de refuerzo. Si lo hiciera, el CGPJ pediría un informe a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que hasta ahora ha venido respaldando de forma sólida a Ruz. La Comisión Permanente, de mayoría conservadora, adoptaría entonces una decisión. Fuentes del Poder Judicial solo consideran la posibilidad de acceder a esa petición. El nuevo titular del Juzgado número 5 se encontraría al llegar con un acuerdo por escrito del CGPJ definiendo cuáles son las tareas que tiene asignado su juez de refuerzo, en este caso, la investigación de la financiación irregular del PP.
Y es aquí donde chocan los argumentos de los letrados del CGPJ con distintas voces de la carrera judicial. El Poder Judicial defiende que eso es legalmente posible. Y los detractores de la ‘solución Lesmes’ aseguran que va contra la ley y la Constitución, por lo que las defensas podrán pedir la nulidad del proceso por la intervención de Ruz en él a partir de marzo. Para ello, recurren al artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala al juez de refuerzo como el responsable del “trámite y resolución de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento, quedando reservados al juez titular los asuntos en tramitación que no hubieren alcanzado aquel estado procesal”.
Según los detractores del acuerdo del CGPJ, Ruz no podrá seguir instruyendo el caso de la financiación irregular del PP si no es con el acuerdo del nuevo titular de la plaza. El CGPJ, por el contrario, asegura que es ese artículo el que garantiza a Ruz seguir con los “casos en tramitación” y que la asignación de las nuevas causas al juez de refuerzo, al que se refiere el artículo, no son aplicables a este caso. El artículo de la LOPJ estaría dirigido a los jueces, sobrepasados de trabajo, que piden un juez de refuerzo, defienden desde el Poder Judicial.
Esas mismas fuentes admiten que el nuevo titular podría recurrir el acuerdo del CGPJ si deseara finalizar él la instrucción de los ‘papeles de Bárcenas’. En el caso de fracasar en la vía administrativa, debería recurrir al Constitucional y en el Alto Tribunal, según los técnicos del CGPJ, se encontraría con jurisprudencia contraria a su aspiración. Citan los recursos presentados en los noventa contra las salas ‘bis’, rechazados por el Constitucional, que avaló la intervención de esa nueva figura en los procesos en lugar de la sala original.
División en las asociaciones
Marcelino Sexmero es portavoz de la asociación Francisco de Vitoria y tiene claro que el CGPJ “no puede asegurar que Ruz pueda seguir en la Audiencia Nacional a partir de marzo”. La aplicación de ese acuerdo que se encontrará el nuevo juez significa, según Sexmero, que Ruz le está “sustrayendo causas”, lo que posibilitaría la impugnación de dicho acuerdo.
Por el contrario, Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, asegura que el caso de Ruz no encaja en el artículo 216 bis 2 y, por tanto, el acuerdo del CGPJ es aplicable. “Cada vez que hay un juez de refuerzo, el CGPJ tiene que dictar el plan de refuerzo. Lo hace para que no haya manipulación y que el juez que llegue nuevo no se pueda quedar con el caso que ya está instruyendo otro juez. De lo contrario, si el Poder Judicial quisiera quitar un caso a un juez, bastaría con nombrar uno de refuerzo”, explica.
Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia (JpD), considera “discutible” que se pueda aplicar el artículo de la LOPJ. Bosch cree que Ruz y el nuevo juez deberían pactar un reparto de asuntos y que, si no se ponen de acuerdo, decidiera el CGPJ con informe previo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. En cualquier caso, el portavoz de JpD insiste en que, si el CGPJ hubiera prorrogado a Ruz hasta junio, se habría ahorrado posibles causas de nulidad y otras cuestiones procesales.
Asimismo, Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y antigua vocal del CGPJ, considera que el acuerdo del órgano de gobierno de los jueces es “totalmente nulo” en virtud de la LOPJ, además de contrario a la Constitución. En este sentido, Robles invoca el artículo 117 de la norma fundamental, que establece que los jueces y magistrados “no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley”.