El Gobierno ha conseguido una importante victoria con la investidura de Salvador Illa. La vuelta del PSC a la Generalitat da un respiro a Pedro Sánchez tras un primer curso convulso, repleto de elecciones y dificultades en el Congreso. Pero lo ocurrido tanto dentro como fuera del Parlament tendrá réplicas que afectarán a la estabilidad de la legislatura y una de las principales preocupaciones en Moncloa pasa por el comportamiento que tendrá Junts. Su apoyo sigue siendo determinante para sacar adelante cualquier ley y a la vuelta del verano espera la tramitación de los Presupuestos.
La investidura de Illa quedó por momentos en un segundo plano durante toda la jornada del jueves, con todos los ojos puestos en la desaparición de Carles Puigdemont, que a última hora del viernes, aseguró haber vuelto a Waterloo (Bélgica), y el infructuoso dispositivo de búsqueda que desplegaron los Mossos d’Esquadra por Catalunya. Una detención del expresident habría condicionado el debate del Parlament. Por lo pronto lo habría paralizado durante algunos días. Todo quedó finalmente en un juego de escape del que el líder de Junts salió triunfante, burlando a las fuerzas de seguridad catalanas y permitiendo al mismo tiempo que la votación se desarrollase sin mayor inconveniente.
La jornada del 8 de agosto dejó así a un nuevo president investido y a Puigdemont por el momento fuera de la cárcel, una imagen que seguramente habría sido más problemática para el Gobierno de cara a las relaciones con Junts de aquí en adelante. Conscientes de que los posconvergentes siguen siendo un socio imprescindible en el Congreso, tanto en Moncloa como en el PSOE han pasado de puntillas sobre lo ocurrido el jueves en los alrededores del Parlament. Sánchez se limitó este jueves a felicitar a Illa en un mensaje en sus redes sociales y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, trasladó la responsabilidad de la fuga a los mossos.
“Todo el operativo que garantizaba que la investidura se pudiera desarrollar con normalidad y que debía garantizar que se cumpliera el mandamiento del Tribunal Supremo corría a cargo de los mossos, son la Policía competente porque son y actúan como policía judicial”, dijo en la mañana del viernes. Fuentes del Gobierno no ocultaban este mismo jueves el descontento con la actuación de los mossos y sostenían incluso que la cúpula de la policía autonómica debe asumir responsabilidades por lo sucedido.
Junts no descarta romper relaciones
La preocupación por la estabilidad de la legislatura no proviene únicamente de las especulaciones y el cálculo político. Este mismo viernes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en Rac1, dijo que “no se puede descartar” que su partido retire el apoyo al PSOE en el Congreso y se rompan las relaciones con el Gobierno. El razonamiento que hace el dirigente es que el acuerdo sellado entre el PSC y ERC cambia el marco de lo que firmó el PSOE con Junts en Bruselas de cara a la investidura de Sánchez.
Turull pidió esperar a ver cómo se aplica la ley de amnistía y qué hace después el Gobierno con los resultados de esa aplicación. “Si hay algunos jueces que no la aplican, ¿qué piensa hacer el Gobierno? No puede mirar a otro lado”, señaló, en una entrevista en la que criticó además las palabras de Bolaños. “Si el discurso es el que le he escuchado, de que la Justicia actúa y se aplica la ley, esta cantinela no tiene mayor recorrido”, advirtió.
Todo el camino desde el 23J hasta hoy ha estado marcado por la ley de amnistía que exigió Junts a cambio de sus votos para la investidura de Sánchez. El partido de Puigdemont llegó a tumbar incluso el primer trámite del texto en el Congreso para forzar una nueva redacción que ahorra excusas a los jueces para no aplicarla después. El Tribunal Supremo finalmente declaró que el delito de malversación que se atribuye a los líderes políticos del procés, entre ellos a Puigdemont, no es amnistiable. Por eso los mossos activaron el dispositivo para detenerlo cuando supieron que volvería a España para ese debate de investidura.
Es esa decisión del Supremo, unida a la pérdida de influencia de Junts en la política catalana, con un Govern no independentista por primera vez en 13 años, las que aprietan las cosas para Sánchez en el Congreso. “La situación ha cambiado mucho con respecto al contexto, a las bases, que hicieron posible aquel acuerdo [de Bruselas]. Y ahora tenemos que ver si tiene sentido o no, creo que es lo más lógico y lo más honesto para las dos partes”, apuntó Turull, que avanzó que hablarán el asunto con el PSOE en la mesa de diálogo abierta bajo mediación internacional.
El Gobierno confía en mantener sus apoyos parlamentarios
El PSOE ha mantenido interlocución con Junts por los canales habituales hasta poco antes de que Puigdemont iniciara su vuelta a España, el martes. Y aunque tanto en el partido como en el Gobierno son conscientes de la delicada situación que se abre a partir de ahora, no dan por perdido ni mucho menos el apoyo de Junts en el Congreso, empezando por los Presupuestos Generales del Estado, la primera meta volante que Sánchez debe cruzar para mantener viva la legislatura.
Junts ya lanzó la primera advertencia para esta negociación en julio, en el último pleno del año, cuando tumbó la senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno, el primer paso en el Congreso para aprobar las cuentas públicas. Moncloa quiere volver a llevarla después del verano y confía poder convencer esta vez a Junts para que dé el ‘sí’ a ese trámite. Si Sánchez consigue ese primer paso y logra aprobar sus primeros presupuestos para esta legislatura, hay quien incluso fantasea en el equipo del presidente con un cambio de liderazgo a medio plazo en el partido de Puigdemont, para dar paso a perfiles que consideran más pragmáticos.
También respiran con cierta calma sobre este asunto en el socio minoritario del Gobierno. Después de la derrota parlamentaria de julio, un ministro de Sumar sin quitar peso a la importancia de aquel golpe de Junts, confiaba en que el partido de Puigdemont sepa leer a partir de ahora la importancia de que Sánchez siga en el Gobierno a la luz de que hoy por hoy la única alternativa es una coalición de PP y Vox.
“La política no es solo una cuestión de elección de preferencia, sino de ver si tienes una opción mejor”, respondía este viernes el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, preguntado precisamente por este asunto en Catalunya Radio. “No entendería que ninguna fuerza política con voluntad de transformación democrática no estuviera dispuesta a empujar esta oportunidad hasta el final”, añadió, en referencia al acuerdo propuesto para una nueva financiación para Catalunya, aunque su mensaje se puede extender al apoyo general al Gobierno durante la legislatura.