Dos minutos antes de las 10 de la mañana, la infanta Cristina de Borbón, hija del rey de España, ha tomado asiento en una sala de vistas de los Juzgados de Palma y ha comenzado a contestar a las preguntas del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, quien la había citado a declarar como imputada por un presunto delito fiscal y otro de blanqueo.
A las 9:45 horas, la infanta descendió de un turismo que aparcó a escasos seis metros de la puerta trasera de acceso a los juzgados, la única abierta los fines de semana. La hija del rey evitó así ser retratada por los medios de comunicación descendiendo a pie la rampa de 30 metros que separa el acceso trasero de los juzgados de la entrada al edificio. Cristina de Borbón optó por abandonar el coche por la puerta situada detrás del piloto, en el lado opuesto a la valla que contenía a 150 periodistas del total de 300 acreditados para la ocasión. No se volvió hacia ellos hasta justo antes de traspasar la puerta del juzgado, limitándose a sonreír brevemente.
Uno de sus abogados, Manuel Silva, había accedido a los juzgados minutos antes. Respondió afirmativamente a la pregunta de si su defendida estaba tranquila y evitó adelantar si accedería a los juzgados a pie o en coche. Solo realizó declaraciones antes de la declaración Virginia López Negrete, abogada de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. “La infanta tiene derecho, como cualquier ciudadano, a no responder a ninguna de las partes, o a muchas preguntas, pero creo que sería un disparate procesal que no responda a las preguntas de Manos Limpias, la única acusación que la ha traído hoy hasta aquí. Puede interpretarse como que tiene algo que ocultar o como un desaire al pueblo. Somos acción popular representando a millones de españoles que quieren saber si es responsable de los hechos que se le imputan”, afirmó a los medios.
Fuera, medio millar de manifestantes gritaban consignas contra la monarquía y la corrupción, ubicados por el cordón policial a unos 300 metros de la entrada. Con una esquina de por medio, ni siquiera podían ver el acceso al aparcamiento de los juzgados. Las calles que rodean al juzgado apenas lucían esta vez carteles alusivos a la declaración de la infanta, como sí ocurrió con las dos citaciones de su marido, Iñaki Urdangarin. En febrero de 2013, los vecinos llegaron a colgar chorizos de papel de balcón a balcón.
En esta ocasión, Pere, un padre de familia solidarizado con la causa de la educación pública, cedió su balcón a la Asamblea de Docentes de Palma para que colgaran una pancarta que en inglés reza: “SOS educación, stop a la represión”. El bar Es Suprem permitió que Amnistía Internacional colgara un par de pancartas, una de ella con los colores que reivindican los derechos de los homosexuales. La pancarta y los carteles quedaban a tiro de cámara de los informadores que desde el aparcamiento de los juzgados aguardaban que la infanta descendiera la rampa. El juez decano, Francisco Martínez Espinosa, había autorizado de forma excepcional el acceso del coche en el que viajaba la imputada después de que el Ministerio del Interior lo recomendara por motivos de seguridad.