La ONU no hizo nada durante meses pese a tener información de repetidos abusos sexuales a menores supuestamente cometidos por soldados franceses en la República Centroafricana, según un informe presentado hoy por un grupo independiente de expertos.
Este análisis, encargado por la propia ONU, critica duramente la gestión del caso por parte de la organización y responsabiliza directamente a Naciones Unidas de haber permitido esos crímenes.
“El fracaso a la hora de tomar medidas de prevención y de intervenir para detener los abusos expuso a los niños a repetidas agresiones de la naturaleza más atroz”, señala el texto.
En la primavera de 2014, comenzaron a llegar a la ONU acusaciones de que tropas de paz internacionales en la República Centroafricana habían abusado sexualmente de varios niños a cambio de alimentos o dinero.
La mayor parte de los supuestos responsables pertenecían a la operación francesa Sangaris, que operaba junto a los “cascos azules” de Naciones Unidas, pero que no está bajo mando de la organización.
Según los expertos, la forma en la que la ONU respondió al caso fue “seriamente defectuosa”, empezando por el entonces jefe de su misión en el país, quien “no tomó ninguna acción” al conocer la información.
“Ni pidió a las fuerzas de Sangaris tomar medidas para detener los abusos, ni ordenó que se llevase a los niños a un lugar seguro. Tampoco fue capaz de ordenar a su equipo que informase de las acusaciones a estamentos más altos de la ONU”, señala el informe del grupo, presidido por la jueza canadiense Marie Deschamps.
El texto, de más de un centenar de páginas, también señala a Unicef y a los servicios de derechos humanos de Naciones Unidas por no haber reaccionado adecuadamente.
“En su lugar, la información sobre las acusaciones pasó de mesa en mesa, de correo en correo, a través de múltiples oficinas de la ONU, sin que nadie quisiese asumir la responsabilidad de abordar las serias violaciones de los derechos humanos”, indica.
Naciones Unidas, recuerdan los expertos, en gran parte sólo actuó cuando el caso saltó a la prensa internacional, ya en la primavera de 2015.
Antes de eso, la ONU ni siquiera cooperó adecuadamente con la investigación puesta en marcha por las autoridades francesas, aseguran.
La información llegó a Francia en 2014 a través de un funcionario de la agencia de derechos humanos de la ONU, Anders Kompass, quien fue suspendido de sus funciones después de que sus superiores consideraran que con ello había realizado una filtración impropia de los procedimientos de Naciones Unidas.
El grupo de expertos, sin embargo, considera que el funcionario actuó correctamente.