Que la inmunidad sea levantada. Es la conclusión del informe del ponente de los suplicatorios de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox). El informe, cuyo contenido ha sido adelantado por ABC y confirmado por fuentes parlamentarias a elDiario.es, fue repartido este miércoles entre los miembros de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo: está previsto que sea debatido el lunes y votado el martes. En principio, los números apuntan a una mayoría en la comisión a favor del levantamiento de la inmunidad.
Según cuenta ABC, Dzhambazki argumenta que el 1-O ocurrió en 2017, antes de que los eurodiputados accedieran a la Eurocámara, lo cual se produjo a raíz de las elecciones de mayo de 2019 y la sentencia de la Justicia Europea de diciembre de 2019. Puigdemont, Comín y Ponsatí están reclamados por el Supremo para ser juzgados por el procés, caso por el que fueron condenados hasta 13 años de cárcel líderes independentistas como Oriol Junqueras.
Si los miembros de la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) dan su visto bueno al informe en los plazos previstos, el caso pasará a ser votado en la siguiente sesión plenaria del Parlamento Europeo –entre el 8 y el 11 de marzo–.
En el supuesto de que el pleno apruebe –basta con mayoría simple, y en principio la tienen PPE, S&D, Renew y ECR, aunque haya fuga de votos– el levantamiento de la inmunidad –que no la supresión de la condición de eurodiputados–, se reactivaría el caso de la euroorden ante la Justicia belga, paralizado tras la entrada en la Eurocámara de los líderes independentistas. A partir de ahí, el caso volvería a pasar a las manos del juez belga Jan Coopens, quien en primera instancia ya falló a favor del ex conseller Lluís Puig. Fallo ratificado en segunda instancia por la justicia belga por considerar que el Supremo no es el tribunal competente para el caso.
La sentencia de la Sala de Apelaciones belga concluyó: “Dado que, por un lado, se establece que Lluís Puig i Gordi no era diputado de ningún parlamento (estatal) por lo que, en principio, debería ser juzgado por un tribunal catalán y, por otro lado, sobre la base de la información obtenida por el Ministerio Público, se establece que el Tribunal Supremo español (nacional) se ha declarado repetidamente competente para juzgar a todos los coacusados sobre la base de la estrecha conexión entre los delitos imputados a cada uno de ellos sin que exista una base legal explícita para ampliar esta competencia, se constata que en este sentido hay motivos fundados para creer que la ejecución de la orden de detención europea perjudicaría los derechos fundamentales del implicado”.
Fuentes del equipo de Puigdemont, Comín y Ponsatí cuestionan que se haya designado un solo ponente para los tres eurodiputados porque el reglamento recoge que debe haber uno “para cada expediente de inmunidad”, así como las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva que sea un diputado que comparta grupo con Vox –pero también con los flamencos nacionalistas de la N-VA, aliados políticos de los independentistas en Bélgica–.
El ponente, además, participó en la primera visita de dirigentes de Vox al Parlamento Europeo, el día en que el secretario general del partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith, gritó: “Puigdemont, a prisión”.