Las reuniones de los fiscales de lo penal del Tribunal Supremo no son un foco habitual para la opinión pública. Solo en casos muy excepcionales el informe de la Fiscalía sobre un pleito se conoce antes de que los jueces dicten la sentencia, y las discusiones rara vez trascienden los despachos de la calle Fortuny de Madrid. Este martes, los 12 fiscales de lo penal se reúnen para decidir si apoyan o desaconsejan la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo, con el ponente en contra de las tesis del juez Manuel García Castellón y con la filtración de un informe fantasma, un borrador descartado, sobrevolando unas deliberaciones que cruzan sus caminos con el peregrinaje político de la ley de amnistía.
La batuta de la junta de fiscales de este martes está en manos de Álvaro Gabriel Redondo Hermida. Con los 68 años recién cumplidos y magistrado de Trabajo durante buena parte de los años ochenta, lleva casi dos décadas en el Tribunal Supremo pero sin que su nombre haya destacado entre los fiscales que han puesto cara a casos como Nóos, Gürtel, los ERE de Andalucía, el procés o Malaya. Hasta que la decisión sobre la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo cayó en sus manos el pasado martes 23 de enero.
Las deliberaciones en la junta de fiscales de lo penal del Supremo, explican fuentes del Ministerio Público a este periódico, no suelen ser muy conflictivas. Debates jurídicos al margen, el ambiente es bueno y no hay que pedir tiempos muertos como sucedió en la sala tercera del Supremo cuando hubo que sentenciar en pleno el impuesto hipotecario. Si el borrador que lleva un fiscal no triunfa, es habitual que ese mismo fiscal haga el nuevo informe y asuma la tesis de la mayoría de la junta. Pocas veces se cambia de ponente.
[[ACTUALIZACIÓN: Los fiscales del Supremo deciden pedir la imputación de Puigdemont por terrorismo]]
Lo que no es habitual es que el fiscal encargado de un asunto tenga que emitir un comunicado porque un borrador anterior a su ponencia definitiva haya salido de su despacho y se haya presentado a la opinión pública como un cambio de criterio propiciado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
En un primer momento, Redondo elaboró un documento que apostaba por impulsar la imputación de Puigdemont. Un documento que no envió de manera formal a sus compañeros de cara a la reunión de este martes, pero que sí puso en conocimiento de algunos de ellos de manera informal. Días después cambió de criterio y elaboró una ponencia que sí remitió a sus compañeros para que lo pudieran estudiar de forma previa a la reunión.
Las fuentes consultadas sostienen que el fiscal apuntó hacia el terrorismo en un momento inicial de la redacción y lo fundamentaba en una supuesta detención ilegal de los controladores aéreos de El Prat. Según fue avanzando en su informe el mismo fiscal retiró esa acusación al comprobar que los controladores sí pudieron abandonar la torre de control, con lo que no es defendible acusar a los manifestantes ni a los organizadores de las protestas de detención ilegal y, por tanto de terrorismo.
La ponencia definitiva, la que comunicó al fiscal general y el resto de fiscales, va en sentido contrario al criterio de Manuel García Castellón: apuesta por no imputar a Puigdemont por terrorismo y devolver el caso a la Audiencia Nacional. Entre su elaboración y su presentación tuvo lugar una reunión con el fiscal general para comunicarle el sentido de su informe. El resultado de su ponencia se conoció el domingo por la noche, y junto con él, la existencia de ese primer borrador que iba en sentido contrario.
Acusaciones de “obsesión” con un ascenso
Dos informes de indudable interés público cuya filtración, explican fuentes de la junta que se reunirá este martes, ha enrarecido el ambiente de estas deliberaciones. Distintas fuentes fiscales han afirmado en distintos medios de comunicación que el cambio de criterio tuvo lugar “a toda prisa” después de la reunión con el fiscal general, para “perplejidad” de sus compañeros. Fuentes del Ministerio Público citadas por Libertad Digital directamente acusan al fiscal Redondo de corromperse y vinculan su actitud a una “obsesión” con ascender.
En un comunicado, el fiscal Redondo defiende todo lo contrario: que para cuando fue al despacho del fiscal general, el segundo y definitivo informe ya estaba elaborado y que no recibió ningún tipo de presión. “Mi único criterio de actuación es y ha sido siempre la más estricta aplicación de la ley y la promoción de la justicia, desde la más absoluta imparcialidad, y sin aceptar presión alguna de nadie”, afirma en un comunicado tan inédito como la situación en general de este caso.
La Fiscalía General del Estado también ha negado haber tenido nada que ver con el cambio de parecer del ponente.
Entre esos ataques que, según estas informaciones, salen de la propia Fiscalía, Álvaro Gabriel Redondo Hermida se sentará este martes ante sus compañeros para defender que Carles Puigdemont no debe ser imputado por terrorismo. Miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales –que por ahora no ha salido en defensa de su afiliado– en los planes de este jurista no estaba tener que defenderse de ser proclive a favorecer a Carles Puigdemont por motivos que no tuvieran que ver con el derecho.
“Una nueva ley de amnistía es inconstitucional”
Considerado de perfil bajo y conservador, Redondo es columnista habitual en las páginas de La Razón, donde se ha pronunciado abiertamente en contra de la posible ley de amnistía. “Una nueva ley de amnistía es inconstitucional”, se titula uno de sus escritos del pasado mes de octubre. “Cualquier modalidad de amnistía, en el momento actual, significa necesariamente apartarse de las previsiones de la Constitución”, afirmaba en otra columna.
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, Redondo Hermida escribió y defendió en 2010 una tesis sobre la Ley de Memoria Histórica que había entrado en vigor tres años antes. Un documento que afirma que esta ley causa “división” y que vaticinaba que “la contestación en la calle”, junto con la “desautorización judicial”, neutralizaría sus efectos. Y destaba que la Ley de Amnistía de 1977 “hizo posible la actual convivencia democrática”.
Fuentes de la Fiscalía vaticinan que el debate de este martes sobre la imputación será complejo, con algunos integrantes de la junta convencidos de que el expresident catalán debe ser acusado por terrorismo, y otros alineados con las tesis del ponente. Un debate condicionado por un borrador que, finalmente, no llegó a ser un informe definitivo.
Lo que decida este martes el Ministerio Público no es vinculante para los jueces del Supremo, aunque sí tendrá una indudable relevancia pública en plenas negociaciones entre PSOE y Junts para sacar adelante la ley de amnistía, con la situación de Puigdemont en el centro del debate. No es vinculante, pero sí relevante, como muestran las estadísticas: en 2022 el 64% de los recursos de la Fiscalía fueron estimados de forma total o parcial por la sala segunda del Supremo que preside Manuel Marchena.