El informe interno de la nueva dirección de Ciudadanos: sin alusión a la derrota del 28M ni a las cuentas del partido

El sector crítico de Ciudadanos sigue más en pie de guerra que nunca contra la actual dirección del partido que encabezan Patricia Guasp y Adrián Vázquez, a la que acusan de “autoritarismo”, de “falta total de transparencia” y de tomar decisiones “antidemocráticas”. La indignación viene ahora motivada tras conocerse el primer informe de gestión que el próximo viernes se someterá a votación del consejo general –máximo órgano entre asambleas del partido– y en el que a lo largo de sus 35 páginas se evita hablar de la severa derrota que sufrió el partido el 28 de mayo, en la que se quedó sin representación en todos los parlamentos autonómicos y perdió casi todos sus concejales. Y aunque en el documento se hace referencia a esa doble cita con las urnas dando todo lujo de detalles sobre los actos de precampaña y campaña llevados a cabo por cada responsable de cada área, no se hace ni la más mínima autocrítica del fracaso. Tampoco se alude a la polémica decisión tomada por la ejecutiva y refrendada por el comité nacional de no concurrir a las generales del próximo 23 de julio, que ha suscitado una rebelión interna.

Dicho informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge la actividad del partido desde enero –cuando se celebró la asamblea general y se designó nueva dirección tras el agrio duelo entre Bal y Arrimadas– a mayo de este año, con comicios incluidos. Pero en sus páginas la nueva dirección se limita a explicar la actividad desplegada por los miembros del comité permanente, especificando los múltiples actos, entrevistas y eventos en los que han participado cada uno de ellos pero sin pararse a hacer un análisis de los pésimos resultados obtenidos en las municipales y autonómicas del 28M.

Prácticamente las únicas referencias veladas a ese fracaso se encuentran en la página 26, en el balance realizado por la secretaría de programas, que tras la llegada de Guasp y Vázquez asumieron Eva-María Poptcheva y Nacho Martín Blanco, que acaba de marcharse al PP. “Creemos que tanto el procedimiento como el producto fueron los adecuados para las elecciones del 28M, con propuestas disruptivas, tocando temas que preocupaban a los españoles”, aseguran. Sin embargo, reconocen luego que “resulta claro que o no calaron o no llegaron a convencer a aquellos votantes que nos tenían entre nuestras opciones”. Como resumen, añaden: “Consideramos que el trabajo realizado durante estos meses ha sido bueno, pero que debe ser mejor aún, y continuaremos haciéndolo para lograr una alternativa liberal en nuestros municipios, en nuestro país y en Europa. Por ello es importante seguir trabajando por el mejor programa posible para todos los ciudadanos españoles y europeos, tanto desde nuestro país como desde Bruselas”. Y esa es toda la 'autocrítica'.

Incluso hacen amplias loas del trabajo de la secretaría de comunicación, que “se volcó con la posición adoptada por la dirección y ha trabajado por trasladar el mensaje de que sólo Cs ofrece a la ciudadanía una posición valiente y responsable, de Estado y preocupada por el futuro de las siguientes generaciones mientras el bipartidismo continúa anclado en planteamientos electoralistas”. El partido, además, se jacta de las propuestas electorales que plantearon en campaña, pero especialmente de la de 'Adelanta tu pensión', que “tuvo verdadera repercusión en medios, y fue de las más alabadas por su utilidad para afrontar los problemas relacionados con la vivienda”. Sin embargo, de la decisión de no concurrir el 23J y el enfado que ha suscitado entre muchos dirigentes y militantes, ni una palabra.

Un cónclave tenso por las expulsiones de Igea y Bal

Si el cónclave del día 30 ya se presentaba tenso, mucho más desde que este lunes se confirmaron los expedientes disciplinarios abiertos contra Edmundo Bal, Francisco Igea y otros dos dirigentes críticos. Estos expedientes suponen la pérdida cautelar de sus derechos como afiliados y, por lo tanto, ninguno de ellos podrá asistir a este importante consejo general, lo que ha provocado una recogida de firmas contra la medida. Igea fue el primero en reaccionar en su cuenta de Twitter, desde la que lamentó este lunes que se expulse a los críticos “de un consejo decisivo”.

Estos días tanto el procurador de Castilla y León como el hasta ahora portavoz adjunto en el Congreso habían anunciado que iban dispuestos a abrir los debates pendientes en el turno de ruegos y preguntas de ese consejo general, así como a pedir explicaciones a la dirección por “la ausencia total de transparencia” en las cuentas, ya que en dicha reunión no se va a someter al escrutinio de este órgano la última ejecución presupuestaria antes de enviar el documento al Tribunal de Cuentas, cuyo plazo para hacerlo vence precisamente este viernes. Los críticos acusan a la dirección de haber evitado estos meses elaborar el balance, la cuenta de resultados y una memoria explicativa de ambos, como exige la ley, tarea que quieren presentar ahora “deprisa y corriendo”.

Se silenciaron los micrófonos

Con todo, el malestar viene precedido del que ya arrastran desde el pasado viernes, día 16, cuando se les convocó a un primer consejo general de carácter extraordinario, que se celebró telemáticamente, y en el que, según denuncian a esta redacción varios de los consejeros, no pudieron intervenir en el turno de 'ruegos y preguntas', evitando con ello escuchar el descontento con la decisión de no presentarse a las elecciones generales ni ninguna otra queja. “Nos silenciaron los micrófonos y en menos de diez minutos se dio por finalizada la reunión”, lamentan dos de ellos a esta redacción. En este consejo se eligió a los tres miembros de la comisión de asuntos económicos que será la encargada de realizar ese balance económico, responsabilidad que recayó en María Jesús Palacios Álvarez, Jesús Víctor Fernández-Cid Román y Martín Pachamé Barrera, según informó Europa Press. Contra la metodología para realizar esos nombramientos presentó previamente un escrito de alegaciones Francisco Igea, que no fueron atendidas.

El informe de gestión que se presentará este viernes para su debate y votación se limita a señalar que desde la secretaría de finanzas “se ha coordinado la entrega del requerimiento de toda la información necesaria para la elaboración de la auditoría del estado de las cuentas del 2022 de KPMG; la presentación de las cuentas del 2022 ante el Tribunal de Cuentas, y el control presupuestario de la actividad ordinaria y de campaña municipal y autonómica 2023, así como el control patrimonial del partido”.

Según recuerdan fuentes del sector crítico, en la asamblea general del pasado mes de enero los órganos del partido no habían impulsado ninguna decisión para cumplir el 30 de junio con esta obligación ante el Tribunal de Cuentas “hasta que el pasado 8 de junio la copresidencia del consejo general, alegando motivos de extraordinaria y urgente necesidad –provocados precisamente por su inacción durante cinco meses– no sólo convocan un consejo general extraordinario para ese 16 de junio, sino que usurpan las funciones del pleno arrogándose la competencia de imponer un procedimiento de elección de la comisión de asuntos económicos y atribuirle la competencia de formular y aprobar por sí misma la documentación que entregar al Tribunal de Cuentas”. Esto les lleva a pensar que lo que intentan es “sustraer al consejo general la aprobación de las cuentas” y eso “vulnera el procedimiento de aprobación de la documentación a presentar ante el Tribunal de Cuentas”.

Críticas por llevar el partido de “manera autocrática”

En definitiva, creen que en el fondo lo que trata de impedir la cúpula es que “el conjunto de afiliados compruebe que el partido funciona de manera autocrática sostenido por el silencio de una ejecutiva remunerada –por propia decisión, incumpliendo también las normas de buen gobierno de que sus sueldos los aprueba un órgano superior, e incumpliendo también la obligación de la Ley de Transparencia respecto a hacerlos públicos–, y de unas decenas de asesores que se ha promocionado para cargos orgánicos”.

Sobre la situación financiera del partido tampoco se especifica mucho. “Durante los últimos meses, desde Gerencia se continúa trabajando en la optimización de los recursos, así como en el control del gasto y la gestión de servicios asociados y mantenimiento”, explican. “Se ha cerrado contrato de alquiler para el traslado de la sede nacional al local en la calle Príncipe de Vergara 109. Está prevista la mudanza para finales de julio”. “En cuanto al área de compras, se han gestionado y documentado los expedientes de contratación de toda la actividad del partido”. “Por otra parte, desde Gerencia, se han coordinado todos los actos del partido de actividad ordinaria y campaña”, añaden mientras desde el departamento de Recursos Humanos se desvela que se ha hecho una “reducción de costes salariales desde enero en un 20%”.

El envío de los ruegos y preguntas, antes de la reunión

Pero la indignación de este sector ha ido en aumento tras recibir una circular en la que se les recuerda que “a los efectos de evitar confusiones que perjudican los derechos de los consejeros, las preguntas al informe de gestión y los ruegos y preguntas se deberán remitir a la mesa en correos separados e identificando, en su objeto, su contenido (pregunta sobre el informe de gestión o ruego o pregunta)”. “En cuanto a los ruegos y las preguntas, los consejeros deberán formularlas anticipadamente mediante correo electrónico dirigido a la mesa del consejo hasta las 23:00 horas del día 26 de junio. Los ruegos y las preguntas serán atendidas por el comité nacional durante la reunión”, les señalan. Es decir, que “la dirección quiere tener un control previo del debate”.

El consejo general también debatirá este viernes una propuesta de modificación de los estatutos “para adecuarlos a la nueva estructura del partido”, dando algunas competencias más al comité permanente.