El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón informó el 17 de enero a Marjaliza que había solicitado a Interior que evaluara el riesgo al que se enfrentaba el empresario y dispusiera, si fuera necesario, de protección tanto para él como a su familia.
Las citadas fuentes han explicado que la comisaría de la Audiencia Nacional pidió a la Guardia Civil de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que emitiera un informe sobre la veracidad de las amenazas y, en consecuencia, si era necesario establecer un dispositivo de seguridad. De dicho estudio se ha considerado que era necesario desplegar un servicio de contravigilancia.
Marjaliza fue detenido en 2014 junto con otros implicados en la trama de corrupción, entre ellos el que fuera su socio y presunto cabecilla de Púnica, el exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados. Más de un año después de ingresar en prisión provisional, el constructor empezó a colaborar con la Justicia y posteriormente obtuvo la libertad.
Al finalizar la declaración de Marjaliza el 17 de enero en la Audiencia Nacional, en la que confesó entre otras cosas que Granados, Javier López Madrid y él se repartieron una comisión de 3,6 millones por la adjudicación de tres tramos del metro de Madrid, el instructor del caso Púnica comunicó al investigado que iba a poner su situación en conocimiento de Interior.
Fuentes consultadas por Europa Press aseguraron que ni el empresario ni su abogado habían solicitado tomar medidas de protección. También añadieron que las amenazas recibidas fueron más graves cuando comenzó a colaborar con la Justicia y que, últimamente, no solían pasar de ciertos “comentarios”, indicando que ya habían cesado.
Al salir de la declaración ante el juez, el propio Marjaliza atendió a los medios de comunicación y dijo que no se sentía amenazado, aunque sí mostró su preocupación, “cómo es lógico”, por su familia.