El Ministerio del Interior quiere modificar el Código Penal para que la utilización de las redes sociales en la comisión de delitos ya existentes sea considerada un agravante. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz considera que el nuevo texto que salga del Parlamento “debe valorar la capacidad y el potencial que tienen los autores de esos delitos cuando utilizan las redes sociales por el gran número de personas al que llegan”, informaron a eldiario.es fuentes del Ministerio.
Las mismas fuentes insisten en que no se trata de crear nuevos delitos sino de que los que ya existen sean castigados con mayor dureza si los culpables se han servido de Twitter, Facebook, YouTube o cualquier otra red social para cometerlos. “Sus consecuencias son especialmente hirientes por la enorme difusión que tienen entre los ciudadanos las redes sociales”, afirman.
En las últimas horas, un joven ha sido imputado por comentarios sobre la muerte de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y otro está pendiente de lo que decida un juez sobre lo recogido en las diligencias policiales. El primero está imputado por un delito de “apología del asesinato”, recogido en el artículo 141 del Código Penal. Según está redactado el texto, el joven de 19 años puede enfrentarse a una condena de entre 7,5 y 15 años de cárcel. Esto significa que, por pedir en Twitter que el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo acaben como Carrasco, podría ser condenado a una pena superior que la impuesta a un culpable de homicidio. Y sin necesidad de modificar el texto legal.
Por otra parte, la difusión ya es un elemento constitutivo de varios delitos. Esto es, para que haya enaltecimiento del terrorismo, incitación al odio o apología del genocidio es necesario que se den con publicidad. Otro grupo de delitos, los que afectan al honor (injurias, calumnias, amenazas…), cuentan con el agravante de que hayan sido difundidos con publicidad, ya sea en un medio de comunicación o en una red social.
De acuerdo con el plan del Gobierno, hacer apología del asesinato desde las páginas de un periódico o un programa de televisión no contará con el agravante que sí tendrá hacerlo desde una cuenta de Twitter o Facebook.
La propuesta del Ministerio del Interior será analizada en el seno del Gobierno. De encontrar consenso en el Ministerio de Justicia y en Moncloa, será llevada al Congreso de los Diputados, donde el Proyecto de Ley Orgánica impulsado por Alberto Ruiz-Gallardón para modificar el Código Penal aún está en trámite parlamentario.
Este viernes, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó la puerta abierta a esta iniciativa. “La publicidad o eficacia a la hora de cometer un delito es mayor cuando se usan determinadas redes sociales que tienen un gran nivel de penetración”, afirmó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Interior admite la influencia que han tenido los comentarios de “crueldad extrema” vertidos en las redes sociales tras el asesinato de Isabel Carrasco. Pero remarca que no considera a las redes sociales un enemigo. “Son un reflejo de la sociedad y como tal el Ministerio del Interior las valora y utiliza. Ahí están, por ejemplo, las cuentas en Twitter de las Fuerzas de Seguridad”, asegura esta fuente oficial.
Actuaciones sin instrucción de Madrid
El pasado martes, el ministro del Interior afirmó haber dado instrucciones a las Fuerzas de Seguridad para que investiguen los mensajes que denigraban a su compañera de partido asesinada por si se incurría en “apología del delito”. En realidad, las unidades de Policía y Guardia Civil dedicadas a investigar delitos en la Red no llegaron a recibir ninguna orden en ese sentido. Los expertos explicaron al Ministerio que alegrarse de una muerte, por ejemplo, no está tipificado en el Código Penal. “No podemos investigar un delito que no existe”, afirmó un mando de esas unidades especializadas a eldiario.es.
Jorge Fernández Díaz ya había hablado en los medios y había expresado la necesidad de “limpiar” las redes sociales de “miserables”. Mientras la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía y el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil evitaron cualquier búsqueda prospectiva, algunas unidades periféricas de los dos Cuerpos decidieron actuar por su cuenta.
En las últimas horas, la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia y la Jefatura Superior de Policía en Cádiz han actuado contra dos jóvenes sin necesidad de recibir una instrucción de Madrid. ¿El criterio? Que habían hecho comentarios sobre Carrasco y que esas afirmaciones podían estar tipificadas como delitos en el Código Penal. Eso sí, cuando los acusados pedían la muerte de otros políticos, no cuando se referían a la fallecida. Los delitos de injurias y calumnias no pueden ser investigados de oficio; debe constar una denuncia de la víctima.
Fuentes del Ministerio del Interior admitieron que no se ha dado ninguna instrucción a las Fuerzas de Seguridad para perseguir a los que celebraban la muerte de Carrasco. A pesar de ello, la Guardia Civil incluyó en su nota de prensa sobre la detención del joven de Tavernes de la Valldigna que el delito de apología del asesinato se había producido al mostrar su “conformidad” con la muerte de Carrasco, el asunto que ha protagonizado la actualidad informativa de la semana. Desde Interior no descartan algún arresto más, pero niegan que se vaya a producir una oleada de detenciones.