El foco mediático que apunta al comisario José Manuel Villarejo ha provocado el desconcierto entre los responsables del Ministerio del Interior. El departamento de Jorge Fernández Díaz se enteró de que el policía había grabado una conversación con el presidente de la Comunidad de Madrid cuando vio publicado un extracto en varios medios, más de tres años después de que el encuentro fuera registrado en secreto.
La primera reacción fue callar aunque, al publicarse el abultado patrimonio del policía, Interior no tuvo más remedio que anunciar una investigación. Pero al poco ya estaba Jorge Fernández Díaz ensalzando la trayectoria del comisario. El último movimiento ha sido difundir una circular interna advirtiendo a los agentes que las filtraciones a los medios de comunicación pueden ser un delito castigado con cárcel.
La circular 1/2015 comenzó a ser distribuida este lunes, después de que eldiario.es publicara que la Policía había encargado la investigación acerca del comisario Villarejo a un subordinado que trabaja en su mismo departamento. El contenido de la nota no aporta nada nuevo a los integrantes del cuerpo, toda vez que recuerda las funciones de la Oficina de Prensa de la Policía, establecidas en una orden de hace dos años. Es el momento en el que se decide dictar el recordatorio lo que le confiere relevancia. Fuentes del propio Cuerpo Nacional de Policía califican la situación actual como una auténtica “caza de brujas”.
“Se recuerda que la filtración de informaciones, la difusión de imágenes –conocidas por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones–, así como el incumpliendo de las normas dictadas en la presente circular, pueden dar lugar a posibles responsabilidades en el orden penal o disciplinario”, recoge la circular 'antifiltraciones', a la que tuvo acceso eldiario.es horas después de que comenzara a difundirse. El documento va firmado por el propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y lleva el eufemístico titulo de “circular sobre competencias en materia de prensa, relaciones con los medios de comunicación y las redes sociales”.
Distintas informaciones han vinculado en los últimos días al comisario Villarejo con asuntos de apariencia turbia. El comisario es, sin embargo, un hombre de la absoluta confianza del Ministerio del Interior. No en vano, fue condecorado hace un año con la Medalla Roja al Mérito Policial –pensionada– por su participación en la estrategia policial contra el proceso soberanista, centrada en buscar presuntos casos de corrupción en políticos catalanes. Por otra parte, Villarejo ha amagado con desvelar datos relevantes sobre altas instituciones del Estado. En una web que controla se ha hecho referencia a la vida privada del rey Juan Carlos o a la pérdida del dinero de un rescate por parte del CNI.
La circular difundida este lunes recuerda que todas las informaciones que salgan de la Policía deberán “contar previamente con el visto bueno de la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas”. Y es que el 'caso Villarejo' es otro más de los que vienen señalando desde hace tiempo al Ministerio del Interior. La legislatura ha estado plagada de ceses de responsables del departamento, especialmente llamativos en el caso de la Comisaría General de Policía Judicial, la estructura de la que dependen las investigaciones por corrupción. Su actual jefe es el cuarto que tienen los policías desde que Fernández Díaz tomó posesión.
A la controversia que han causado durante toda la legislatura diversas declaraciones públicas del ministro de Interior, quien llegó a comparar a ETA con el aborto, se han unido en los últimos tiempos asuntos poco claros que han atraído la atención mediática: desde las maniobras policiales contra el proceso en Cataluña al 'pequeño Nicolás,' las presiones a los policías que investigan al PP o la revelación del encuentro entre dos comisarios y el presidente de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2011. Uno de esos dos comisarios es José Manuel Villarejo, quien se presentó a la reunión como un “agente encubierto” y asegura que el político le pidió tapar la investigación sobre el origen de su ático de lujo. El presidente de la Comunidad de Madrid afirma que los policías fueron a chantajearle.
La Dirección de la Policía no ha dudado en hacer pasar en estos tres años a miembros del cuerpo por el trago de tener que declarar ante Asuntos Internos como sospechosos de haber filtrado informaciones a la prensa, aunque no existieran indicios claros de esa actuación. Por contra, ha quitado de en medio a Asuntos Internos y la grabación y filtración de la entrevista a Ignacio González no será objeto de sus pesquisas. Esta unidad es la enemiga declarada del comisario Villarejo dentro del cuerpo.
Circular 'antifiltraciones'
La circular 'antifiltraciones' de Cosidó arranca con una loa a los mismos medios de comunicación contra los que va destinada. “Los medios de comunicación son los instrumentos por excelencia utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar todo tipo de noticias y acontecimientos de carácter político, social, económico y cultural, constituyendo una herramienta de gran influencia en la comunidad”, afirma.
Continúa asegurando que la Dirección de la Policía “no es ajena” a la función que los medios desarrollan en la sociedad, pero advierte de que la participación del cuerpo en esta requiere de “una serie de normas o instrucciones”. Se trata, añade, “de preservar la imagen de la institución policial y, primordialmente, que la noticia, suceso o entrevista salvaguarde las posibles investigaciones en marcha y las metodologías policiales”.
La circular también recuerda que la Policía tiene cuenta en Twitter y otras redes sociales, uno de los logros que vende reiteradamente Cosidó en sus intervenciones públicas. La cuenta, dice el director, es la que más seguidores tiene del mundo entre las que existen de cuerpos policiales. @policia tiene, por otra parte, un 'community manager', que no un policía.
“Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que dispongan de cuentas o perfiles personales en redes sociales se abstendrán de dotarlos de elementos que puedan inducir a error a los usuarios de internet sobre la oficialidad de los contenidos de los mismos, tales como logotipos, anagramas, símbolos o informes del Cuerpo Nacional de Policía”, recoge el escrito de Cosidó.