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Interior separa en la cárcel de Soto a Pineda y Bernad de sus querellados Mario Conde y Díaz Ferrán

Luis Pineda y Miguel Bernad son desde este miércoles reclusos del Módulo 1 de la cárcel de Soto del Real (Madrid), centro en el que cumplen prisión preventiva otros internos de renombre por su pasado en la política o los negocios. Pero el presidente de Ausbanc y el secretario general de Manos Limpias no se cruzarán con ellos. El Ministerio del Interior ha decidido que ocupen un módulo diferente para evitar que convivan con otros internos que fueron objeto de su maquinaria de querellas, como Mario Conde o Gerardo Díaz Ferrán, informaron a eldiario.es fuentes penitenciarias.

El Módulo 1 de Pineda y Bernad acoge alrededor de 120 internos de los denominados “primarios”, esto es, que pasan la primera temporada de su vida en la cárcel, al menos en una española –los hay que han sido extraditados para que terminen de cumplir una condena impuesta en el extranjero-, pero que en cualquier caso no son conflictivos. Aunque hay otros módulos de similares características, el 1 de Soto del Real se identifica porque los presos son de mayor edad, detallaron las mismas fuentes.

En ese Módulo 1 pasó la primera parte de su estancia en prisión el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que hace tiempo es interno del Módulo 10, que también ocupa Mario Conde desde su reciente vuelta a la cárcel. Ambos tienen en común haber sido blanco de iniciativas judiciales de Manos Limpias o Ausbanc.

La asociación de Pineda dio un salto cualitativo en cuanto a ingresos e influencia gracias al caso Banesto, que llevó a Conde a prisión en dos temporadas distintas, y donde Ausbanc ejerció con contundencia la acción popular. Antes, Pineda había presentado una acción social de responsabilidad civil contra el banquero en el transcurso de una junta de accionistas extraordinaria, celebrada el 26 de marzo de 1994.

El pasado martes, tres días antes de que Pineda fuera detenido, la revista Mercado Financiero, una de sus sociedades investigadas, recordaba la actuación del presidente de Ausbanc en el caso Banesto y sus primeras advertencias sobre la gestión del banco que desarrollaba Mario Conde, allá por 1991, calificándola de “suicida”.

Pineda no ha estrenado NIS (Número de Identificación Sistemática) sino que se le ha adjudicado el que estrenó en 1982, en su primer paso por la cárcel. Luis Pineda fue condenado por el asalto y robo a la marquesa de San Eduardo en marzo de 1980 y, posteriormente, por lanzar cócteles molotov en el primer aniversario del fallido golpe de Estado de Tejero. Como Bernad, Pineda militó durante años en la extrema derecha.

Caso Blesa

Gerardo Díaz Ferrán estuvo imputado por un crédito de 26,6 millones que Caja Madrid, presidida en 2008 por Miguel Blesa, concedió a su grupo cuando éste ya no tenía ninguna capacidad para devolverlo. Detrás de esa causa estaba una querella de Manos Limpias, que permitió al juez Elpidio Silva abrir el caso. Sin embargo, las irregularidades cometidas en la instrucción por el magistrado provocaron que la Audiencia de Madrid anulara toda la causa. Silva acabó siendo condenado por aquellos hechos y otros vinculados a Blesa a 17 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo.

Díaz Ferrán acumula hoy condenas que suman casi diez años de cárcel, pero en aquel momento Manos Limpias acusaba a Blesa y al expresidente de la CEOE de delitos societarios, falsedad documental y estafa. Cuando fueron a declarar ante Silva, pidió prisión provisional para ambos eludible con una fianza de 2,6 millones de euros.

El abogado en representación de Manos Limpias era el propio Pineda, que al término de la declaración de los imputados, el 5 de diciembre de 2012, declaró a los medios presentes: “No se trata de encarcelar a alguien por el gusto de hacerlo sino que tenemos que mandar la señal al mundo de que éste sigue siendo un Estado de Derecho y de que trabajando honestamente se puede llegar alto y lejos”.

Otra de las causas que impulsó Manos Limpias contra Blesa fue la que investigó la compra del City National Bank de Miami, archivada en primera instancia y pendiente de un recurso del pseudosindicato ante la Audiencia de Madrid. El abogado de la acusación popular es Luis Pineda, asistido por una letrada que trabaja para Ausbanc que ya ha trasladado a su entorno su intención de renunciar.