El Ministerio del Interior ha negado este miércoles que haya alcanzado ya algún acuerdo concreto con ninguna empresa de seguridad privada para encargarle la vigilancia del perímetro exterior de las cárceles. Se trata de un plan que se pondrá en marcha próximamente, pero explica que por el momento tan sólo se han producido contactos, han informado a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.
Desde el sindicato CSI-F han denunciado por medio de un comunicado que el Ministerio ya ha adjudicado a la empresa Ombuds el control de los centros penitenciarios de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca, Castellón y Huelva. Este colectivo considera la iniciativa como el inicio de un proceso de privaticiación de estos servicios de vigilancia en detrimento de los agentes de la Guardia Civil que venían prestando esta función.
Interior precisa que se han iniciado contactos sin haber cerrado nada con ninguna empresa en concreto y añade que no será sólo una sino varias las que participen en el despliegue.
LABORES SECUNDARIAS
El Ministerio explica asimismo que el objetivo de esta iniciativa no es reemplazar por completo a la Guardia Civil, sino que agentes de seguridad privada se encarguen de labores secundarias relacionadas con el control del perímetro extrerior de los centros penitenciarios.
Esta iniciativa acogerá a muchos agentes de seguridad privada afectados por la reducción de servicios de protección personal en toda España y especialmente en el País Vasco y Navarra llevada a cabo el pasado año por esta Administración.
El sindicato acusa al Ministerio de “subestimar la profesionalidad de la seguridad de los Fuerzas y Seguridad del Estado, vulnerando sistemáticamente el Reglamento Penitenciario que dice que 'La seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado'”.
El Ministerio del Interior tomó la decisión el pasado año de poner en marcha este plan. Según anunciaron, la intención era iniciar el despliegue durante el último trimestre del año pasado, pero el proyecto se aplazó, entre otras cuestiones por la oposición de los sindicatos de prisiones a la medida, según informaron en su momento a Europa Press fuentes ministeriales.