La orden impartida por Moncloa al Ministerio del Interior para apagar el incendio provocado por el borrador de Ley de Seguridad Ciudadana ha surtido efecto. Un nuevo texto elaborado por el departamento de Jorge Fernández Díaz suprime la infracción de convocar una protesta ante el Congreso de los Diputados, el Senado o las cámaras autonómicas. Solo “la perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones frente” a las citadas cámaras constituirá una falta grave, castigada con multas de entre 1.001 a 30.000 euros, según el documento al que ha tenido acceso eldiario.es
Atendiendo a las palabras del ministro del Interior este miércoles en el Congreso, esa “perturbación de la seguridad ciudadana” a la que alude el texto hace referencia a las actuaciones violentas, no a la simple participación en protestas expresamente prohibidas por la Delegación del Gobierno . “Sólo deben temer los violentos”, declaró Fernández Díaz. En cualquier caso, el texto debe pasar aún por el Consejo de Ministros, que lo revisará el próximo viernes.
El nuevo texto ha sido presentado por Interior en la reunión de subsecretarios celebrada esta mañana en Moncloa y que, como todos los miércoles, ha estado presidida por Soraya Sáenz de Santamaría. Tras la reunión de la semana pasada, Moncloa ordenó que se revisaran las sanciones más polémicas, que habían desatado una ola de indignación en partidos y movimientos sociales.
En este nuevo borrador, las infracciones muy graves pasan de 21 a 6. Aún así, queda tipificada como falta muy grave la convocatoria o participación en manifestaciones durante la jornada de reflexión, como ocurrió con motivo de las protestas del 15 de mayo de 2011. Por tanto, la multa para este tipo de infracción irá de los 30.001 a los 600.000 euros. En esta franja se mantendrán también las protestas ante “infraestructuras críticas”, como por ejemplo, sobrevolar una central nuclear para denunciar el uso de ese tipo de energía.
Esta información sustituye a una anterior que contenía errores sobre el Anteproyecto tras una primera lectura del mismo. El dato de que la convocatoria de manifestaciones en el Congreso estaría multado con 600.000 euros, que estaba en la primera versión, era incorrecto.