Los miembros de la brigada ‘política’ a los que el comisario Eugenio Pino encomendó reabrir casos que afectan a la oposición y sobre los que pesa sentencia firme, como el 11-M o el Faisán, podrán dedicar a partir de ahora sus habilidades investigadoras a buscar personas desaparecidas.
El Ministerio del Interior ha decidido que los miembros de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) pasen de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía al Centro Nacional de Desaparecidos, cuya creación anunció en diciembre el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y que dependerá de la Secretaría de Estado de Seguridad, informaron a eldiario.es fuentes policiales.
Con esta decisión, el Ministerio del Interior aleja a los miembros de la BARC de cualquier caso con implicaciones políticas. De hecho, una gran parte del trabajo que realizará el Centro de Desaparecidos no tiene una función estrictamente policial. Según explicó Zoido en su comparecencia en el Congreso el pasado 21 de diciembre, el Centro Nacional gestionará la base de personas desaparecidas y restos humanos y pilotará la relación entre la Administración, las ONG, los familiares de desaparecidos y las propias Fuerzas de Seguridad.
Además, de Asuntos Internos, la más opaca de las unidades policiales, los antiguos agentes de la BARC pasarán a un organismo que ni siquiera dependerá de la Dirección de la Policía. En concreto, y según las fuentes consultadas, el Centro Nacional dependerá del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, que dirige un coronel de la Guardia Civil. La BARC llegó a estar integrada por unos 70 agentes.
Al mando de la comisaria Núria Mazo, la BARC ha sido uno de los puntales de la ‘policía política’ de Pino. Funcionó oficiosamente desde principios de la legislatura, aunque no fue hasta mediados de 2015 que no se la dotó de un protocolo de actuación. Este ya causó una polémica interna en la Policía ya que otorgaba a la Brigada de Mazo la facultad de inmiscuirse en cuantas investigaciones considerara oportunas, por sí misma o por orden del ‘todopoderoso’ Eugenio Pino.
Interior se aferra al caso menos conflictivo de cuantos revisó la BARC, la muerte y desaparición del cadáver de Marta del Castillo, para intentar dar sentido a la reorientación de los policías que ejercieron a las órdenes de Pino en la revisión del 11-M y del Faisán.
Investigación en marcha
Precisamente, la Dirección de la Policía ha abierto una investigación sobre estas dos actuaciones, ambas desarrolladas en su día por expertos de la Comisaría General de Información, con resultado de sendas sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, explicaron las mismas fuentes. Los informes sobre el 11-M, el Faisán y Marta del Castillo no han sido aún localizados. Cuando los actuales responsables de la Policía los encuentre determinarán si su realización ha incurrido en alguna irregularidad, añaden.
El antiguo director operativo de la Policía, Eugenio Pino, reveló la existencia de esas investigaciones en una entrevista en El Mundo esta ssmana. En la primera entrega, entre otras cosas, concluía: “Hemos hecho un gran servicio al Estado”. En la segunda, aseguraba que la BARC había revisado casos con sentencias firmes y que afectaban a la actuación del último gobierno del PSOE, por el Faisán y el 11-M, y lo presentaba como un logro y un avance en técnica policial.
Sobre la investigación del 11-M, en la que participaron en su día centenares de especialistas policiales, Pino asegura que la revisión de la BARC descubre “algunas cosas”. “No contradice la resolución judicial -dice el comisario sobre el informe-, pero da por sentado, según tengo entendido, porque no lo he leído, algunas cosas que fueron determinantes para argumentar una serie de teorías que verdaderamente se diluyen. Se aclaran algunas cosas que están en una nebulosa”, afirma el exdirector adjunto operativo de la Policía en la entrevista.