El comisario José Villarejo era hasta hace poco un policía muy valorado por la actual cúpula del Ministerio del Interior. En esta especial consideración se enmarca la concesión de la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo que le fue entregada en un acto reducido y extraordinario que se celebró hace ahora un año en la sede de la Dirección General de la Policía y del que quedó constancia en la foto que reproduce eldiario.es. El departamento de Ignacio Cosidó no detalla los motivos por los que se condecora a los agentes, pero distintas fuentes policiales consultadas por esta redacción resumen en una palabra el objeto de las investigaciones que le valieron la medalla a Villarejo: “Cataluña”.
La figura del comisario Villarejo ha saltado a la opinión pública en los últimos meses por su presunta implicación en distintos casos de relevancia mediática. El último, la entrevista que mantuvo con Ignacio González a cuenta de la investigación por el origen del ático que el presidente madrileño posee en Estepona (Málaga) y a la que acudió en compañía de un mando de la policía antiterrorista. Ese encuentro, celebrado una semana después de que el PP ganara las generales, fue recogido por Villarejo en una nota interna que acabó en el sumario por la denuncia que presentó González al sentirse víctima de una investigación ilegal. La versión del policía es que González le pidió ayuda para tapar el caso. El político asegura que el comisario fue a chantajearle.
El pasado mes de mayo, eldiario.es publicó que la Policía esconde desde finales de 2012 una unidad dedicada a rastrear posibles conductas irregulares de políticos catalanes favorables al proceso soberanista. Esta unidad actúa sin control judicial y usurpando las funciones de la UDEF. Sus resultados han acabado en determinados medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos del proceso en Cataluña o son ‘blanqueados’ a través de la UDEF antes de llegar al juzgado.
El grupo policial está alojado en la Dirección Adjunta Operativa y se nutre de agentes de Asuntos Internos y de otra unidad denominada UPEC. No obstante, no son los únicos policías implicados en las maniobras en Cataluña. Las fuentes policiales consultadas señalan que Villarejo trabaja solo y rinde cuentas directamente a altos cargos del Ministerio.
La condecoración al comisario Villarejo fue otorgada en una orden general de octubre de 2013, y ha pasado desapercibida hasta ahora. El grueso de las medallas se impone el Día de la Policía, pero la de Villarejo y el resto de los agentes que aparecen en la instantánea se reservó para un acto posterior, sin medios de comunicación, celebrado en la sede de la Dirección General en marzo de 2014. En el centro aparece el número dos de la Policía, Eugenio Pino, comisario elegido por el PP para dirigir el cuerpo y al que las fuentes consultadas señalan como el responsable de implicar a la Policía en las investigaciones vinculadas al proceso soberanista.
Esas maniobras han fructificado en informes apócrifos que vinculaban a políticos de CiU, como el president de la Generalitat, Artur Mas, o el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, con cuentas en Suiza y Liechtenstein. Las autoridades de esos países han negado esas informaciones, que no han prosperado en los juzgados.
El Ministerio del Interior evitó abrir una investigación a Villarejo tras publicarse la grabación de la cita con González, que revelaba prácticas policiales poco ortodoxas. El departamento de Fernández Díaz alegaba hasta la noche de este martes que el encuentro tuvo lugar cuando todavía gobernaba el PSOE y que un juzgado ya investiga si hubo irregularidades en la investigación al presidente madrileño. Lo que obvia Interior es que Villarejo no está investigado en esa causa, que se limita al que era comisario en Marbella, Agapito Hermes de Dios, y a la Brigada de Información de Málaga.
Solo este lunes, después de que El País publicara que Villarejo está vinculado a 12 sociedades con 16 millones de capital, Fernández Díaz anunció una investigación interna al respecto por posibles incompatibilidades. El ministro no evitó otorgar al comisario el “principio de presunción”. El policía había alegado al diario que sus empresas nacieron en los años que estuvo fuera de la Policía –el periodo comprendido entre 1983 y 1993– y que a su vuelta ha recibido siempre autorización de la Dirección de la Policía para mantener las sociedades.
Casi doce horas después de la intervención de Fernández Díaz, el director del cuerpo, Ignacio Cosidó, declaró a Televisión Española que también se investigarán las circunstancias que rodean a la grabación del encuentro con Ignacio González.
'El ‘pequeño Nicolás’ ya había vinculado a Villarejo con los movimientos policiales en Cataluña tras su detención. Ante Asuntos Internos, el joven aseguró que el comisario debe 200.000 euros a Javier de la Rosa, condenado por el caso KIO, dentro de un pago de 400.000 a cambio de que el empresario tirara de la manta en las investigaciones a la familia Pujol. De la Rosa se presentó de manera voluntaria en las dependencias de la UDEF a finales de 2012 para declarar que había ayudado a Jordi Pujol i Soley a abrir una cuenta en Suiza.
En esas fechas de efervescencia del proceso, también declaró ante la misma unidad policial Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. Álvarez había sido invitada el mes anterior a revelar los asuntos turbios del hijo de Pujol a través de unos SMS intercambiados con Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy, que publicó eldiario.es. La mujer recibió la visita de dos policías en Barcelona tras sus conversaciones con Moragas y semanas después viajó en tren a Madrid. En la estación, según contó al juez Pablo Ruz, fue recibida y conducida hasta el complejo policial de Canillas por Rafael Redondo Rodríguez. Según publicó este martes El País, se trata del abogado que comparte proyectos empresariales con Villarejo.
El policía enemigo de Villarejo, destituido
El Ministerio del Interior no ha acertado a contestar durante meses por qué Asuntos Internos, unidad dedicada a investigar policías, se encargó del arresto del ‘pequeño Nicolás’. Fuentes del cuerpo aseguran que el departamento de Fernández Díaz no ha querido admitir públicamente que Asuntos Internos sabía de la vinculación del joven con Villarejo y por eso entró en la investigación.
Este fue un episodio más de la guerra que mantiene José Manuel Villarejo con el jefe de Asuntos Internos, Martín Blas-Aranda, y que ha acabado con el cese encubierto de este último. Interior se niega a reconocer que el comisario no regresará a su puesto cuando acabe el periodo de descanso del que disfruta, pero esta redacción ha podido saber que la jefatura de Asuntos Internos ya ha sido ofrecida a otros comisarios.
En la misma lista de condecorados con la medalla pensionada de Villarejo estaba José Luis Olivera, el comisario al que Fernández Díaz ha encumbrado como el policía con más información del país, director del nuevo CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) y que en tiempos del PSOE fue jefe de la UDEF y, por tanto, máximo responsable del caso Gürtel. También figura el citado Marcelino Martín Blas-Aranda. Ambos viajaron el 29 de octubre de 2012 a Barcelona para convencer a los fiscales Anticorrupción, sin éxito, de que había que registrar en plena campaña electoral la sede de CDC en el marco del caso Palau. Ninguno de los dos estaba vinculado con la investigación.
Junto a Villarejo, Olivera y Martín Blas-Aranda, fue condecorado también con la medalla roja Enrique García Castaño, el comisario que acompañó a Villarejo en la cita con González y que durante ella advierte, según el fragmento de audio publicado por El Mundo y la cadena Ser, que no es seguro que el político y su compañero hablen por teléfono.
También con Rubalcaba
El comisario Villarejo está destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía desde enero de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE y Alfredo Pérez Rubalcaba era ministro de Interior. De hecho, la decisión de implicarle en la investigación del origen del ático de González en Estepona fue adoptada por el director operativo de la época, el ya fallecido Miguel Ángel Fernández Chico, policía elegido por los socialistas para dirigir el cuerpo en la etapa de Zapatero.
Como es sabido, la unidad encargada del caso Gürtel y de otros de corrupción es la UDEF. La información que apuntaba a que el ático de Estepona podría ser el pago a González por un pelotazo en Arganda (Madrid) partía de esas pesquisas, pero la cúpula policial de la época prefirió optar por la figura de Villarejo para desarrollar tan delicada investigación. Villarejo le dijo a González en su charla de noviembre de 2012 que él es un “agente encubierto”.
Sin embargo, la Unidad de Agentes Encubiertos pertenece a la Comisaría General de Policía Judicial (crimen organizado) y no a la DAO. También pueden actuar otros policías bajo esta figura en investigaciones de terrorismo, pero siempre con un mandato judicial específico.
Villarejo –de 63 años, le restan menos de dos para jubilarse– es recordado en ambientes policiales por su vinculación con el 'informe Veritas', un trabajo encargado supuestamente por la cúpula del Ministerio del Interior en 1994 para desacreditar a periodistas y empresarios y vincular al juez Baltasar Garzón con orgías con prostitutas y relaciones con narcotraficantes, justo cuando investigaba la trama de los GAL.
Antes, en su etapa de excedencia, Villarejo trabajó como detective privado para la Iglesia de la Cienciología. La Audiencia Provincial de Madrid le condenó por simulación de delito, denuncia falsa y detención ilegal. El fallo recogía que había implicado de manera falsa a un toxicómano y al responsable de la asociación Dianética en un robo que no habían cometido, por encargo de la Cienciología. En 2000, el Tribunal Constitucional corrigió el fallo y Villarejo resultó absuelto.
El nombre de Villarejo también estuvo vinculado al traficante internacional de armas Monzer Al Kassar, detenido en España y extraditado a Estados Unidos por haber intentado mediar presuntamente en una venta de armas a las FARC. Al Kassar era un confidente de la Policía española y Villarejo declaró en la vista de extradición como testigo a petición de la defensa.