El asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo de 2016, fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña DESA, responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, a la que ella se oponía, en alianza con fuerzas de seguridad del Estado, alertó hoy un informe internacional.
El crimen de Cáceres “fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia” de la ambientalista y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), destaca el informe.
El documento titulado “Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres” fue presentado este martes en Tegucigalpa por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE), creado en noviembre de 2016 para apoyar la investigación del crimen de Cáceres, en un evento al que asistieron Berta Flores, madre de la líder indígena, y tres de sus cuatro hijos: Berta, Laura y Olivia Zúñiga.
Los empleados de DESA actuaron en “alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado (de Honduras)”, destaca.
El informe de GAIPE señala que la planificación, ejecución y encubrimiento del “asesinato de Cáceres, quien era coordinadora general del Copinh, inició en noviembre de 2015”, coincidiendo con “movilizaciones de las comunidades indígenas y del COPINH en oposición al proyecto Agua Zarca”.
Destaca que un alto directivo de DESA, al que no identifica, contactó en noviembre de 2015 con el teniente retirado Douglas Geovanny Bustillo, uno de los ocho detenidos por el crimen, para “la ejecución del ataque” contra Cáceres.
El asesinato ocurrió el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza (oeste) y el único testigo de su muerte es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, no de gravedad, en una oreja.
El operativo para asesinar a la activista fue “ejecutado no solamente por encargo de altos directivos de DESA, sino por información privilegiada proporcionada por empleados de dicha empresa”, señala GAIPE, un grupo integrado por dos abogados de Colombia, uno de Estados Unidos, uno de Guatemala y otro de Holanda.