Ha pasado una semana desde la constitución de los Ayuntamientos, pero las aguas de la política municipal no se han calmado con el nombramiento de los alcaldes y alcaldesas en todos los consistorios. De hecho, en varios de ellos estos días ya han venido a demostrar que pueblos y ciudades se enfrentan a una legislatura bronca donde los cien días de gracia parecen una utopía con los ajenos, pero también con los propios: mociones de censura, expedientes a concejales, expulsiones de partidos, discrepancias notables y ultimátums han marcado la agenda de muchos municipios.
En Burgos pasaba poco más de media hora del mediodía del sábado, con el socialista Daniel de la Rosa recién investido alcalde, cuando el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, anunciaba a través de su cuenta de Twitter una moción de censura “para que se cumpla el acuerdo pactado” y acusaba a Vox de haber “incumplido su compromiso” en esta capital de provincia.
Los concejales del partido de extrema derecha decidieron votarse a sí mismos en la investidura, impidiendo que Ciudadanos, que contaba con el apoyo del PP, se hiciera con el bastón de mando. Justificaron su postura por la existencia de un supuesto “acuerdo secreto” entre PP y Cs para repartirse el gobierno regional y varios municipios, en el que Burgos se negociaba “como una mera mercancía”. El lunes, el concejal de Vox Ángel Martín despejó cualquier posibilidad de llevar a cabo el plan propuesto por Maroto al considerar que la moción “no puede utilizarse a la ligera”. Una postura que la formación de extrema derecha en el municipio ha mantenido a lo largo de la semana, desechando cualquier posibilidad de desalojar a De la Rosa, al menos a corto plazo y mientras no haya un acuerdo alternativo.
Un acuerdo antes de las 13.30h
En Huesca, las tres derechas habían llegado a un acuerdo in extremis auspiciado por las direcciones nacionales para alzar a la alcaldía a la popular Ana Alós, pero un voto en blanco desconocido truncó la estrategia y dio el bastón de mando al socialista Luis Felipe, que encabezaba la lista más votada. El PP acusó a Cs y este partido afirmó que tomaría acciones legales “ante cualquier tipo de injuria o calumnia” y exigió a Alós que les pidiera perdón por haber negado que les ofreciera la alcaldía. Esta, por su parte, registró una moción de censura el martes y planteó una fecha y hora límite para reeditar el acuerdo y hacerla efectiva.
Era el miércoles a las 13.30 horas. Las disculpas no llegaron y la moción, “de momento”, tampoco. “No vamos a apoyar esa moción de censura”, dijo el secretario de Organización de Ciudadanos en Aragón, Ramiro Domínguez. El PP cambió de estrategia y el mismo miércoles pasó de intentar echar a Felipe a ofrecerse al PSOE para negociar los presupuestos y darle estabilidad. Vox, por su parte, había condicionado su apoyo a la moción de censura a su entrada en gobiernos municipales “en Madrid, Zaragoza, Teruel, Huesca y otras ciudades” donde el partido de extrema derecha ha apoyado a los popular en el marco de “un pacto nacional” para evitar gobiernos de izquierdas.
Un ultimátum de 20 días en Madrid y Granada
Precisamente, la exigencia de un número de concejalías proporcional a los resultados obtenidos el 26M de Vox se repite allí donde ha ayudado a aupar a PP o Cs a las alcaldías. En Madrid, incluso, ha puesto en jaque la formación de un gobierno regional. Porque la formación que en el ayuntamiento capitanea Javier Ortega Smith quiere entrar a toda costa en el consistorio que gobiernan en coalición Almedia y Villacís, topándose de frente con la negativa de Ciudadanos. El resultado es un ultimátum de 20 días para incluir a nombres de la formación de extrema derecha en la lista de concejales para pactar la Comunidad.
Vox también quiere concejalías en Granada. En concreto, tres, que son las que el partido de extrema derecha asegura que le corresponden en función de los resultados obtenidos el 26M. En la ciudad andaluza las tres derechas también llegaron a un acuerdo para desbancar al socialista Francisco Cuenca, que lideraba la lista más votada, y dar el bastón de mando a Luis Salvador, de Cs, pese a que su formación quedó tercera, por detrás del PP. Tras la investidura, el pacto, que no se ha visto por escrito, parece que deja varias contradicciones. Vox dice que habían acordado entrar en el gobierno municipal y el PP asegura que se turnaría con Cs al frente del consistorio. La formación naranja niega ambos supuestos.
“En principio, lo que hay es un acuerdo entre PP y Cs, donde Luis es nuestro candidato y ya hay alcalde. Va a estar cuatro años al frente de la corporación y ya lo que otras formaciones puedan decidir tendrán que explicarlo”, afirmó el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Por el momento, Cs y PP continúan negociando el gobierno municipal, que parece que se despejará a principios de la próxima semana, mientras Salvador, que el lunes no se había negado en rotundo a ceder algún área a Vox, ha ido descartando este supuesto según avanzaba la semana e intenta rebajar ahora las expectativas del partido de extrema derecha de presentar una moción.
Acusación de 'tamayazo' y acciones legales
En Santa Cruz de Tenerife el embrollo lo tiene Ciudadanos. Sus dos concejales en el consistorio acordaron apoyar a la candidata socialista Patricia Hernández, que logró arrebatarle el bastón de mando a Coalición Canaria, después de 40 años, a cambio de la concejalía de Urbanismo y la empresa pública Sociedad de Desarrollo. La candidata de Cs a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Vidina Espino, acusó a sus compañeros de cambiar “votos al PSOE por sillones”, llegando a utilizar el término 'tamayazo' y afirmando que el sábado por la mañana, antes de la votación, la responsable del comité de pactos, Teresa Berástegui, dio la orden de que se votaran a si mismos.
La concejala Matilde Zambudio ha amenzado a Espino con querellarse si no se retracta de la acusación de tamayazo, que implica un delito de cohecho. Por su parte, el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha afirmado que “ya valorarán” si la elección de Hernández puede ser revisable, aunque reconoce que nunca pactó con ciudadanos la investidura de su alcaldable, José Manuel Bermúdez.
En Barcelona, el grupo municipal de Barcelona pel Canvi-Ciutadans se ha dividido en dos tras el apoyó de su cabeza de lista, Manuel Valls, a Ada Colau como alcaldesa de la ciudad para evitar que el bastón de mando cayera en manos de la ERC de Ernest Maragall, contra el criterio de la dirección nacional y el propio Albert Rivera, que prefería que gobernasen los independentistas. El grupo de Valls se queda con dos concejales y el de Ciudadanos, con cuatro. Pero el desencuentro de Rivera con su fichaje estrella, el ex primer ministro francés Manuel Valls, no es nuevo y tiene su origen en los pactos, directos o indirectos, de Cs con Vox. “No entré en política ni traje mi compromiso a España como hombre de izquierda y progresista para acabar participando en la lucha de las derechas o impidiendo la formación de un gobierno constitucionalista”, se justificó el miércoles.
Comisión gestora y expediente disciplinario
El Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) ha creado una comisión gestora en Cartagena y abrirá un expediente disciplinario, que acabará previsiblemente con la expulsión del partido, a los concejales que pactaron con PP y Cs turnarse la alcaldía entre Ana Belén Castejón (PSOE) y Noelia Arroyo (PP). Un pacto a tres que supone, en palabras del secretario de Organización del PSMR, Jordi Arce, “una negociación paralela a la dirección regional”. Por el momento, Castejón ha renunciado a sus cargos orgánicos y, como el resto de concejales rebeldes, ha sido suspendida de militancia de forma cautelar, aunque sigue gobernando en nombre del partido, hasta que Ferraz tome una decisión.
En el municipio malagueño de Casabermeja, el recién estrenado alcalde socialista, José María García, también se enfrenta a la apertura de un expediente disciplinario por recibir los votos del PP. García dice que no esperaba estos apoyos, porque no pactó con los populares, aunque presentó su candidatura contra la orden de la dirección regional de su partido, que había negociado con IU facilitar un gobierno de Adelante (la marca de IU en este municipio) en minoría. IU, no obstante, afirma que el socialista sí llegó al pleno de investidura con el apoyo de los populares cerrado.
En Sueca, el Partit Socialista del País Valencià ha llevado a término la amenaza de expulsión a Dimas Vázquez y a los cinco concejales que le apoyaron para alcanzar la alcaldía con Cs y el apoyo del PP. Así, Vázquez seguirá al frente del consistorio, pero fuera del partido y desbancando a la candidata de Compromís, Raquel Tamarit. Días antes de los plenos de investidura, el PSPV y Compromís ya habían anunciado que expulsarían a sus concejales que se apoyara en la derecha para desbancar a un miembro del pacto del Botànic. Este jueves, al ser preguntado durante una entrevista en Diari La Veu por la posibilidad de crear su propio partido, Vázquez ha respondido que “a medida que vamos gestionando y vamos viendo que la gente está contenta y que el sentir del pueblo es bueno, y si veo que yo físicamente tengo ganas de seguir adelante, me lo plantearé”.
En Zalamea de la Serena, en Badajoz, el alcalde no lleva ni una semana en el cargo. El sábado, cuando debían celebrarse los plenos de investidura, los cinco concejales del PSOE y el de IU dejaron esperando a los cinco del PP en la sala de plenos. Ya habían anunciado su incomparecencia para “dar tiempo a Izquierda Unida para celebrar una asamblea en la que acuerde su posición respecto a la elección del alcalde”. Finalmente, Benjamín Sánchez apoyó el lunes al candidato socialista, Miguel Ángel Fuentes, sin entrar en el gobierno municipal. El 70% de los militantes de IU, votaron en asamblea que Sánchez apoyara al PSOE, el 10% se decantaron por la abstención y el 20% por que se votara a sí mismo. Las dos últimas opciones supondrían que la alcaldía de Zalameda se hubiera resuelto con una moneda al aire, porque el PSOE y el PP obtuvieron los mismos votos, 1.049, el 26M.