El juez que rastrea los presuntos sobornos de OHL investiga a seis cargos públicos
El juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas mordidas de empleados de la constructora OHL, Manuel García-Castellón, ha decidido ampliar las pesquisas a seis políticos y ha citado a declarar a tres de ellos, según ha avanzado Vozpópuli. Los primeros en declarar como imputados el próximo 12 y 13 de junio serán Abelardo Genaro Moya (excargo de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (PP de Melilla) y Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz), todos acusados de un delito de cohecho.
Luis Pedro Suárez Trenor (exdirigente de Coalición Canaria y expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife); Luis Manuel Bruno Romero (ex subdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento con el PP) y Antonio Ángel Castro Cordobez (antiguo consejero de Infraestructuras de Canarias y ahora diputado regional de CC) están siendo investigados, pero no han sido citados a comparecer ante el juez.
En el caso de Moya, Palomino y Rodríguez, además de dejar constancia de sus citaciones, García-Castellón ha pedido a la Agencia Tributaria que investigue sus bienes y derechos, “incluidos aquellos bienes que figuren a nombre de sociedades en las que estas participen”. Como informa Vozpópuli, el juez considera que los imputados son “personas que en su momento desempeñaron funciones públicas en organismo o entidades vinculadas a la adjudicación o ejecución de obras públicas a cargo del grupo OHL”.
Pieza separada del caso Lezo
Las diligencias de García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, se enmarcan en una investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la cúpula de OHL por haber mantenido “una práctica generalizada” de sobornos a funcionarios públicos, entre los que habría políticos, para conseguir adjudicaciones de obra pública en toda España. Es una pieza separada del caso Lezo surgida a raíz del hallazgo de grabaciones en poder de un antiguo empleado de OHL.
La investigación surgió en 2018, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el domicilio de Paulino Hernández Ros y encontraron 21 archivos de audio grabados por el propio exdirectivo de OHL y en los que aparece él conversando con otros responsables de la empresa participada mayoritariamente por el Grupo de Juan Miguel Villar Mir, empresario imputado en casos de corrupción irregular del PP y expresidente de la entidad. Las conversaciones fueron grabadas entre 2006 y 2009.
