En plena polémica por las declaraciones manipuladas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que criticaba la ganadería intensiva de las macrogranjas de cerdos y la mala calidad de la carne que producen, la Audiencia Provincial de Murcia revirtió el pasado febrero el archivo de la causa contra los hermanos dueños de una instalación de estas características en la localidad murciana de Totana. El sumario incluye documentación y testimonios que describen las condiciones en las que se criaba a los cerdos. Entre ellos, el del responsable de la organización denunciante, Igualdad Animal, quien había logrado acceder al recinto y al que los jueces otorgan credibilidad. “Los cerdos tenían heridas, canibalismo, deformaciones, excrementos fuera de lo normal, hernias gigantes…”, relató ante la jueza Francisco Javier Moreno.
Un domingo de febrero de 2018, el programa Salvados, de Jordi Évole, emitió un reportaje sobre las condiciones en que los cerdos eran criados en una macrogranja en Totana. La proyección del programa puso en primera plana la polémica sobre la carne que consumen los españoles y el modo en que se produce. La gran empresa del sector que obtenía carne de la instalación, El Pozo, anunció que dejaba de hacerlo en medio de una gran crisis de reputación. Pero el consumo de carne y la calidad de la misma desapareció de los titulares hasta la entrevista de Garzón en The Guardian.
En ese lapso de tiempo, la fundación Igualdad Animal denunció a los propietarios de la macrogranja Hermanos Carrasco ante la Justicia. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Totana abrió una investigación y empezó a tomar declaraciones. El presidente de Igualdad Animal explicó a la magistrada que a finales de agosto de 2018 había llegado a su organización un pendrive con imágenes de la planta de Totana, que se lo mostraron a los responsables del programa de televisión y que juntos decidieron acudir a la macrogranja.
“Que lo hicieron porque las imágenes que se veían eran de gravedad y tenían que dar fe de lo que estaba pasando. Que a lo largo de su vida ha visto muchas granjas y esta es la peor”, recoge el acta de la declaración del presidente de Igualdad Animal, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Moreno cifró ante la jueza entre 900 y 1.000 los cerdos que había en la granja y habló de “un contenedor de cadáveres, hasta arriba, sin tapa”. “Los cadáveres estaban en estado de putrefacción”, añadió.
El auto de la Audiencia Provincial de Murcia que reabre la investigación concede credibilidad a este testimonio, valora igualmente el del perito judicial, así como el informe de la Consejería murciana, que realizó una investigación propia a raíz de la emisión del capítulo de Salvados. Los jueces responden así al recurso presentado por Igualdad Animal ante el archivo decretado por la instructora, María Soledad Ruzafa, el pasado noviembre.
La magistrada decretó el archivo de las actuaciones después de escuchar testimonios como el de Francisco Javier Moreno. En un auto afirmaba que las distintas versiones que ofrecían los peritos, el hecho de que el técnico designado por el juzgado hubiera basado su informe únicamente en las imágenes grabadas y las contradicciones con el resto de testigos, que ni siquiera permitirían identificar con seguridad que las imágenes procedan de la citada macrogranja, le obligaban a cerrar el caso.
Igualdad Animal recurrió ese archivo y, en febrero, la Audiencia Provincial le dio la razón: “El análisis de las diligencias que anteceden permite concluir la existencia de claros indicadores de un presunto maltrato animal puesto de manifiesto a través de las imágenes captadas por el programa Salvados, los informes de inspección que siguieron a la emisión de dicho programa, así como los informes periciales del perito de la acusación y, especialmente, el perito judicial, cuyas conclusiones adoptadas desde la objetividad e imparcialidad de su cargo proyectan el éxito de la acción penal”.
“Solo la eutanasia les evitaría el sufrimiento”
El perito designado por el juzgado, que no actuaba de parte, afirmó que por las patologías que presentaban los animales mostrados en el programa, “la mayor parte de ellos necesitaría la eutanasia para evitar el sufrimiento”. “Entiende que se da un maltrato por omisión al no haber atendido los ganaderos las necesidades de los animales, haciendo que estén sufriendo y con prácticas de canibalismo”, añadió en su declaración ante la magistrada.
Juana M.C estaba al cargo de la granja cuando se realizó el reportaje y es una de las dos imputadas. Comenzó declarando que “todas las granjas son iguales” y que la emisión de Salvados no permite identificar que la del programa sea la suya. A este respecto los jueces dan total credibilidad al testimonio del cámara de Salvados que reconoció la granja investigada como a la que accedió para grabar las imágenes.
La investigada reconoció que la capacidad de la granja era de 1.600 cerdos y que en el momento por el que se le preguntaba había unos 1.200 animales. Preguntada por la acusación particular, consta en el acta que contestó: “Que cree que (los cerdos) se morían lo normal. Que en su granja nunca ha visto cerdos en el estado que aparecen en los fotos y en el vídeo. Que alguna hernia sí que ha visto, pero que las hay en todas las granjas”.
El artículo 337 del Código Penal castiga con penas de entre tres meses y un año de prisión al que “por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente [a un animal], causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual”. Tras el auto de la Audiencia Provincial, la jueza deberá dictar otro de pase a procedimiento abreviado, el último que las partes pueden recurrir antes de la apertura de juicio oral.
El perito judicial calificó al propietario de la granja Hermanos Carrasco como alguien “sin escrúpulos” y que la explotación debería ser cerrada por en encontrarse “en total estado de abandono”. Los animales que mostraban las imágenes, añadió, presentaban “lesiones compatibles con una situación de maltrato por omisión o negligente donde no se han tomado las medidas necesarias en el momento adecuado, encaminadas a evitar su sufrimiento continuado, siendo abandonados a su suerte hasta que mueren, siendo objeto de prácticas de canibalismo por parte de sus congéneres de corral”.
La inspectora de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, que se personó en la granja nueve meses después de la emisión del programa, denunció la sobreexplotación del recinto refiriendo el triple de muertes de las que deberían corresponder a la capacidad correcta.