La decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de citar como imputado al que fuera número dos del Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 inaugura una nueva fase de las investigaciones judiciales sobre las maniobras de un grupo de destacados policías para atacar a la oposición y beneficiar al Partido Popular, entonces en el Gobierno. Tres años después de abandonar el departamento, Francisco Martínez se convierte en el primer político imputado por una de las operaciones extrajudiciales de ese grupo de policías, la que presuntamente pretendía neutralizar las pruebas de la financiación irregular del PP que habría escondido Luis Bárcenas antes de entrar en prisión.
Las funciones que tiene atribuidas hacen que la Secretaría de Estado adquiera en Interior la relevancia que no tienen las de otros ministerios. Su titular coordina la actuación de la Policía y la Guardia Civil y los responsables políticos y operativos de ambos Cuerpos responden ante él. El director adjunto operativo de la Policía en esos cuatro años, el comisario Eugenio Pino, está considerado el artífice y jefe de la brigada política que realizó investigaciones extrajudiciales contra los líderes del procés, primero, y después intentó desacreditar a Podemos. Y eso ya complicaba en la teoría la posición de Martínez, quien tenía entre sus atribuciones despachar con Pino.
Pero la suerte de Martínez quedó definitivamente marcada a lo largo de las declaraciones de varios miembros de la primera línea de la brigada política a los que el juez García-Castellón, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, decidió citar como investigados hace casi un año. Uno de ellos, Enrique García-Castaño, declaró que Martínez le había encargado en persona las tareas de vigilancia sobre el terreno a la familia de Bárcenas y la captación y manejo de fuentes en la Operación Kitchen, llamada así por el pasado como cocinero del chófer de la familia, al que se pagaba con fondos reservados.
García-Castaño habló ante el juez de un ordenador portátil que había facilitado a Martínez para que siguiera los avances del dispositivo y que ahora permanece precintado en la sede de la Comisaría General de Información. Todos los implicados defienden que se trató de una operación destinada a facilitar información sobre los fondos escondidos del extesorero del PP y la localización de sus testaferros, pero ni el juez Pablo Ruz, ni los policías de la UDEF que trabajaban a las órdenes de este en el caso Gürtel fueron informados nunca de nada. Enrique García-Castaño está citado para volver a declarar ante el juez este viernes, a continuación de Martínez.
Losprimeros indicios contra Martínez aparecen sin embargo en otro sumario distinto del caso Villarejo. La causa del Pequeño Nicolás deja constancia de la relación directa y fluida de Martínez, a través de su teléfono oficial, con tres miembros de la primera línea de la brigada política. Son José Manuel Villarejo, el comisario que da nombre a la macrocausa que investiga la Audiencia Nacional; Marcelino Martín-Blas, quien guardaba en la memoria de su teléfono al secretario de Estado como “Paco Bomba” y era jefe de Asuntos Internos, la unidad sobre el terreno en la Operación Catalunya; y el citado Enrique García-Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo, la unidad de élite a la que se recurría en los casos relevantes que se atascaban o a la que se acudía en los asuntos de tintes políticos, como ocurrió con la negociación del Gobierno de Aznar con ETA de 1998.
“Se significa que desde la detención de Francisco Nicolás hasta la primera publicación que aparece en los medios de comunicación, el comisario Villarejo Pérez realiza y recibe numerosas llamadas desde su teléfono 619.xxx.xxx a teléfonos oficiales, llamando especial atención dos llamadas el día de la detención de Francisco Nicolás, día 14/10/2014, con el secretario de Estado de Seguridad D. Francisco Martínez Vázquez”, recoge el informe policial que se incorporó a la causa del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. La tesis de aquel documento de los investigadores era que la cúpula policial había albergado un complot para salvar a Villarejo de una imputación segura por pertenecer al mismo grupo de delincuentes que el Pequeño Nicolás.
Número uno de su promoción a Letrado de las Cortes, padre de tres hijos y con firmes convicciones religiosas, Francisco Martínez decidió descender al terreno de unos policías acostumbrados a trabajar en la sombra durante décadas. Y esa decisión, en un Ministerio donde se auspició o toleró, si no se fomentó, la utilización partidista de la Policía, acabó para siempre con su carrera política. “A pesar de los errores que, sin duda cometí, siempre trabajé para prestar el mejor servicio al interés general y siempre lo hice con absoluto respeto a la Ley”, declaró en un comunicado este jueves Francisco Martínez después de que eldiario.es adelantara su citación como investigado.
Del círculo de confianza de Sáenz de Santamaría
Sin carnet del PP y procedente del círculo de confianza de Soraya Sáenz de Santamaría, a la que había conocido en el Congreso, Martínez fue propuesto para jefe de gabinete de Jorge Fernández Díaz. Eran tiempos en que el enfrentamiento entre la vicepresidenta y el ministro del Interior no se atistaba. Pero el primer secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, apenas duró un año en el puesto, que abandonó en cuanto comenzó a detectar actitudes poco transparentes en el Ministerio. Fernández Díaz decidió que lo sustituyera su jefe de gabinete, el eficaz Francisco Martínez.
Cuando el enfrentamiento entre Sáenz de Santamaría y el grupo amigos personales de Rajoy, se desató en el seno del Consejo de Ministros, Francisco Martínez logró mantenerse fiel a Fernández Díaz y no perder el favor de Sáenz de Santamaría. Martínez sobrevivió la primera legislatura fuera de Interior como diputado raso, sin atribuciones. Después llegó la victoria de Pablo Casado, y ya con la sombra de la sospecha agigantada sobre él, el partido prescindió de él, mientras que Fernández Díaz era nombrado secretario de Libertades de la nueva ejecutiva. Con motivo de la presentación de sus memorias, el ministro del Interior defendió en público la trayectoria e integridad de su secretario de Estado.
Fuera de los tribunales, los indicios ya apuntaron directamente a Mariano Rajoy por boca de un destacado miembro de la policía política, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, quien ofreció a un exministro de Hugo Chávez en junio de 2016 residencia, identidades nuevas y protección para su entorno porque tenía el “mandato” del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a cambio de información que impidiera la llegada de Podemos al Gobierno. Así consta en una grabación que publicó moncloa.com.
Hasta ahora, dos investigaciones judiciales han logrado que otros tantos miembros de la brigada política, comisarios, se vayan a sentar en el banquillo. Eugenio Pino será juzgado por intentar introducir información robada, por la que antes pagó la Policía, en la causa de corrupción que se sigue en la Audiencia Nacional contra la familia Pujol. Con María José Segarra al frente de la Fiscalía General del Estado, el representante del Ministerio Público solicitó el archivo de la causa. La otra causa es la referida del Pequeño Nicolás y afecta a Villarejo, concretamente a la pieza sobre la grabación y posterior difusión de una reunión entre policías de Asuntos Internos y agentes del CNI. La referencia a las llamadas entre los policías y el secretario de Estado en ese sumario no derivaron en la imputación de Martínez.