La Policía no investigó las llamadas de una de las asesinas de Isabel Carrasco a un asesor del presidente de Castilla y León
Triana Martínez, condenada junto a su madre por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco (PP), hablaba a diario con un asesor del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Ni la Policía ni el juzgado que instruyó la causa investigaron el porqué de unas llamadas que se sucedieron hasta el mismo día del crimen. El dato se conoce ahora gracias al documental Muerte en León, de los periodistas Justin Webster y Enric Bach y cuyo último y revelador capítulo se emitió el miércoles en Movistar+.
Webster y Bach tiraron de sumario y vieron que se incluía un CD con varios archivos remitidos por Telefónica al juzgado. Se recibieron en octubre de 2014, cinco meses después del asesinato. Los archivos, hojas de cálculo, incluían todas las llamadas entrantes y salientes, así como los posicionamientos de Montserrat González, Triana Martínez, Raquel Gago e Isabel Carrasco entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2014. En enero de 2015 y a petición de la defensa de Montserrat y Triana, se incorporó la lista de contactos del móvil de esta última. A partir de ahí, los periodistas cruzaron los datos.
El mayor número de llamadas salientes de Triana, un 19,9%, son al móvil de Raquel Gago -la agente de Policía municipal que acabó entregando el revólver con el que se tiroteó a Carrasco, y que Triana dejó en su coche minutos después del crimen-. El segundo número al que más llamó, un 18,4% de las veces, pertenecía a una persona que no aparecía en el sumario pero que sí que estaba en la agenda de Triana con nombre y apellido.
Además de su móvil, aparecían un fijo y otro número de 13 dígitos como los que generan las centralitas telefónicas. El número fijo, que coincidía a excepción de uno de los dos últimos dígitos, dio la clave: correspondía a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Tras llamar al genérico, una secretaria confirmó a Webster y Bach que el número fijo al que llamaba Triana pertenecía al despacho de “un asesor del presidente”.
Si al cómputo de llamadas al móvil del asesor se añaden las de los teléfonos fijo, y el de 13 dígitos, el porcentaje de llamadas que Triana hace al asesor de Herrera se elevan hasta el 19,9%. Las comunicaciones (vía llamada o SMS) entre Triana y el hombre de Herrera fueron diarias desde el 1 de enero de 2014 hasta el 12 de mayo de ese mismo año -día del crimen- a excepción del 5 de marzo y 17 de abril.
La duración de las llamadas oscilaba entre unos pocos segundos y los seis minutos. Sin embargo hay dos llamadas especialmente largas y ambas se produjeron la víspera del crimen. A las 13.23 del 11 de mayo, Triana llamó al asesor y habló con él durante 25 minutos. A las 17.23 de ese mismo día, Triana le volvió a llamar y habló con él más de una hora, en concreto 63 minutos. Ese día Triana sólo habló con tres personas: su madre, Raquel Gago y el asesor.
Las llamadas a ese asesor no cesaron. El 12 de mayo, día del crimen, Triana le llamó al fijo de su despacho. Eran las 11.05 y no contestó. Una hora más tarde, cuando le llamó al móvil, a las 12.13, hablaron durante tres minutos. Hay una clave más, el asesor, aparece como contacto número 2 en la agenda de Triana. En el número 1 está su madre.
Según se pone de manifiesto en el documental y reconoce el propio aludido cuando Webster y Bach hablaron con él por teléfono, la Policía nunca le llamó. Tampoco el juzgado. Su nombre, su cargo y el intenso tráfico de llamadas con Triana tampoco aparecen en el sumario.
Negligencia u ocultación intencionada
Según Carlos Castresana, jurista y fiscal de la Audiencia Nacional ahora en excedencia, y al que consultan los dos periodistas, sólo caben dos posibilidades para esta omisión: o bien se produjo una negligencia en el tratamiento de los datos que se tenían o bien se ocultaron intencionadamente.
La instructora policial explicó a los periodistas que desconocía quién era el asesor, no le sonaba el nombre, pero dijo que suponía que los investigadores habrían contactado con él para aclarar el tráfico de llamadas. Poco después admitió que “al no existir ningún otro indicio de que las personas con las que ésta [Triana] se comunicaba tuvieran algún tipo de participación en los hechos” optó por “no proceder a esas declaraciones”.
“El hecho de que ese señor sea asesor de un político importante en relación con la mujer asesinada es un dato que desconocía”, confiesa a los periodistas. Es decir, nadie se preocupó en investigar las llamadas de Triana el mismo día del asesinato de Carrasco.
Pero hay más omisiones. Lo primero que se hizo tras el crimen fue rastrear el tráfico de llamadas de las implicadas el día de autos. En ese momento los investigadores conocieron que Triana tenía un prepago con Vodafone y un iPhone 5 con Telefónica. Lo saben porque Vodafone tuvo que aclarar que el primer número de Triana había sido migrado a la otra compañía.
En el mes de junio la investigación se amplía para conocer las llamadas, no sólo del día del crimen, sino de los meses anteriores. Inexplicablemente, la inspectora jefe vuelve a solicitar esa información a Vodafone, que sólo puede facilitar los registros de un móvil. Estos datos se acabaron recibiendo, una vez instada la compañía correcta, en el mes de octubre. Pero entonces no se realizó ningún informe policial sobre el mismo, sino que dejaron los datos en un CD. Hay algo más: al haber llamado Triana al asesor el mismo día del asesinato, la Policía sí que refleja en un escrito que es un móvil propiedad de la Junta de Castilla y León. Nada más.
“El foco no está en el individuo”
La gran pregunta es por qué no se nombra al asesor en el documental. Y qué relevancia tiene en el caso. Los periodistas justifican no dar sus datos: “Se podría haber nombrado el asesor del presidente de la Junta de Castilla y León pero no lo hacemos porque no le acusamos de nada. No queremos confundir. El foco no está por el momento en un individuo, sino en cómo se investigó el caso. Es inexplicable que la policía no hablara con esta persona. Con los datos que revelamos en la serie debería haber sido investigado, y estas diligencias deberían haber sido incluidas en el sumario. El hecho de que la Policía optara por no investigarle no tiene una explicación coherente”.
“En algunos aspectos el caso no está totalmente esclarecido. Por ejemplo, el origen del arma ya que ni el fiscal ni la acusación particular creen la versión que dio Montserrat. De ahí surgen más preguntas que respuestas. ¿Fue negligencia? ¿Fue ocultación? Si fue ocultación, ¿por qué motivo? Luego, en otro plano, la Policía tiene que escuchar la explicación de este hombre sobre su relación con Triana, valorarla y hacerlo constar en la investigación. Es muy pronto para plantear si es culpable de algo o no. Pero es muy tarde para tomar su declaración como testigo. De eso no hay duda, y falta saber por qué”, explican los autores del documental.
El asesor sí tuvo oportunidad de explicarse ante los dos periodistas que firman el documental. A ellos les reconoció que conocía a Triana desde hacía unos cinco años y que sus llamadas eran para buscar trabajo. “Tampoco nos pareció una explicación muy convincente por la cantidad de llamadas entre ellos. No fueron suficientes las llamadas telefónicas que mantuvimos con él para despejar todas las dudas. No accedió a ser entrevistado en persona. Hubo ciertas contradicciones y preguntas sin respuesta”, aseguran los autors.
“Tomar su declaración como testigo, descartando cualquier vínculo con el asesinato y evitar incluir temas personales en el sumario, es perfectamente posible. Puede ser duro verse involucrado en un asesinato teniendo un puesto político pero de la misma manera que otros han tenido que declarar, incluso en el juicio, como testigos, como el novio de Raquel, o los inspectores de Hacienda, lo normal es no hacer excepciones”, añaden.
eldiario.es ha intentado conocer las explicaciones de la Junta de Castilla y León. “La Presidencia de la Junta de Castilla y León no ha mantenido relación con Triana. Este caso ya juzgado ha sido objeto de varias investigaciones de carácter policial, judicial (en distintos ámbitos, hasta el Tribunal Supremo), periodístico,... La Junta de Castilla y León no tiene nada que comentar o valorar a este respecto”, asegura la explicación oficial. Fuentes del PP añaden que la amistad y las llamadas entre el asesor y Triana eran “sabidas por todos”.
El Supremo ha confirmado ya las condenas de 22 y 20 años de prisión para Montserrat y Triana como autoras del crimen y ha elevado a 14 años la de Raquel Gago como cómplice.
