El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, tuteló desde Israel la petición de prisión incondicional para los dos titiriteros detenidos en Madrid el 5 de febrero. Allí se encontraba, invitado por el Gobierno israelí, junto al presidente del tribunal especial, José Ramón Navarro, y las esposas de ambos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dice que pasaron cinco días para mantener dos reuniones, con la presidenta de la Corte Suprema y el fiscal general del país, en el marco de la cooperación antiterrorista. La Fiscalía General del Estado añade que la mujer de Zaragoza se dedicó a compartir experiencias con sus colegas locales acerca de delitos informáticos, su especialidad en España.
Navarro solicitó permiso al CGPJ, como es preceptivo. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que informó antes del 18 de enero. Por tanto, la invitación de Israel se produjo, como tarde, tres semanas después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara anular la ficha policial de Binyamin Netanyahu, que el juez José de la Mata había ordenado abrir en el marco de la causa por el asalto a la Flotilla de la Libertad.
Para que la Sala de lo Penal pudiera adoptar tal decisión fueron necesarios antes tres recursos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El primero de ellos se produjo el 12 de noviembre. Dos días después, Israel hizo público que realizaba gestiones con las “autoridades españolas” para anular la decisión emanada del poder judicial. “Lo consideramos una provocación. Esperamos que se resuelva pronto”, declaró a The Jerusalem Post el portavoz de Exteriores israelí, Emmanuel Nachson, respecto a la orden del juez De la Mata. El recurso de la Fiscalía suponía un repentino giro de 180 grados en la postura que mantenía desde hacía cuatro meses.
El acuerdo adoptado por el CGPJ el 28 de enero para el viaje a Israel de José Ramón Navarro suponía aprobar una “comisión de servicio sin derecho a gastos” para el presidente de la Audiencia Nacional entre el 5 y el 10 de febrero, “más los días anterior y posterior si fuera necesario a efectos de desplazamiento”. El objeto del viaje, supervisado antes por el Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ, era “participar en la visita a la Corte Suprema de Israel”. Un portavoz del Poder Judicial ha precisado a eldiario.es a que el viaje incluía sendos encuentros con la presidenta de la Corte Suprema y con el fiscal general.
El presidente de la Audiencia Nacional ha declinado comentar el hecho de que la invitación de Israel al viaje de cinco días incluyera a su esposa. A través de un portavoz, José Ramón Navarro ha destacado que el viaje tuvo carácter oficial y que fue aprobado por el CGPJ.
En lo que respecta al fiscal Javier Zaragoza, éste comunicó a la Fiscalía General del Estado el desplazamiento en el marco de la “cooperación en la lucha antiterrorista”, según una fuente oficial del Ministerio Público. Este portavoz asegura que el Ministerio de Asuntos Exteriores fue informado del desplazamiento. El departamento de José Manuel García Margallo ha declinado realizar comentarios sobre el asunto. Fuentes políticas en Israel aseguran que la Embajada española en Tel Aviv no fue informada del viaje del fiscal jefe de la Audiencia Nacional y del presidente del tribunal y que sus funcionarios se enteraron por casualidad.
Eldiario.es ha consultado al mismo portavoz de la Fiscalía General sobre el desplazamiento a Israel, en las mismas fechas, de la fiscal de Sala en materia de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, esposa de Zaragoza. La Fiscalía General confirmó el viaje de Tejada con el objetivo de exponer a fiscales israelíes “los modelos de organización de la Fiscalía mediante la existencia de fiscales delegados en materia con la adscripción a la Fiscalía de unidades policiales”. Según esta versión, el matrimonio de Zaragoza y Tejada lograron hacer coincidir sendos viajes de trabajo, por motivos diferentes, al mismo país y en los mismos días.
Con Zaragoza en Israel, una de sus subordinadas, Carmen Monfort, solicitó prisión incondicional para los dos titiriteros detenidos el viernes 5 de febrero en Madrid. El fiscal jefe estuvo informado de todos los detalles del caso, según fuentes de la Audiencia Nacional. Con el informe de Monfort, el juez Ismael Moreno envió a los titiriteros a la cárcel. La tormenta que desató ambas decisiones precedió a un cambio de criterio en el Ministerio Público, que se posicionó a favor de la excarcelación de los artistas el día 10.
Crímenes de guerra y delito de lesa humanidad
El juez De la Mata se había visto obligado a archivar el 10 de junio de 2015 la denuncia de tres españoles que viajaban en uno de los barcos asaltados por el Ejército israelí cuando intentaban romper el bloqueo a Gaza y entregar material humanitario. El Ejército israelí mató a nueve personas, hirió a decenas y detuvo y encerró ilegalmente a varios centenares. El magistrado calificó los hechos en su auto de archivo provisional como presuntamente constitutivos de crímenes de guerra y un delito de lesa humanidad.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional no recurrió dicho auto, en el que el juez advertía a Netanyahu y sus colaboradores de que la causa sería reabierta si ponían un pie en España. La decisión de De la Mata era la única posibilidad de ejercer la justicia universal que deja la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impulsada por el Grupo Popular en el Congreso, por procedimiento de urgencia, cuando China advirtió del daño a las relaciones bilaterales las órdenes de búsqueda y captura contra varios de sus jerarcas por el genocidio en el Tíbet.
Es más, la Fiscalía se opuso al recurso que presentó una de las acusaciones en el proceso de la Flotilla de la Libertad contra el auto de De la Mata. Hasta que en noviembre, el Juzgado libró una diligencia de ordenación a la Policía y la Guardia Civil en la que resolvía sus dudas sobre las identidades que ya había ordenado incluir en sus ficheros. Era la constatación de que las filiaciones de Netanyahu, Ehud Barak, Avigdor Lieberman, Moshe Ya'alon, Eli Yishai, Benny Begin y Eliezer Marom pasaban a engrosar los archivos policiales españoles. El objetivo era que saltara una alarma para avisar al juez en cuanto cualquiera de ellos pusiera un pie en territorio español. En cuestión de horas, las bases de datos pasaron a incluir “Benjamin Nentanyahu. n/ Tel Aviv (Israel) el 21-11-1949, hijo de Benzion y Zila”.
Las maniobras de la Fiscalía arrancaron 48 horas después. El primer recurso fue rechazado por el juez, asombrado por el cambio de criterio del Ministerio Público. Este insistió y en un escrito llegó a acusar al magistrado de “reintepretarse a sí mismo”. Ante la negativa de De la Mata, la cuestión alcanzó la Sala de lo Penal, concretamente a su Sección Segunda.
Para resolverla formaron tribunal Enrique López, Concepción Espejel y Ángel Hurtado. Los dos primeros son los jueces apartados de los juicios de corrupción que afectan al PP por su proximidad al partido. El tercero, Hurtado, es de los pocos compañeros de la Sala de lo Penal que han votado en contra de su recusación. Los tres obligaron a De la Mata para que ordenara cancelar de inmediato la ficha policial de Netanyahu y sus colaboradores. El 22 de enero, con Navarro y Zaragoza preparando su viaje a Israel, los subordinados del primero condenaron a los tres españoles detenidos y encarcelados ilegalmente por Israel a pagar las costas del incidente de nulidad que habían presentado.
Avión de la Policía para medalla pensionada
Navarro y Zaragoza protagonizaron conjuntamente una polémica por otro viaje, el que realizaron en el avión de la Policía Nacional a Murcia el pasado 1 de octubre para ser condecorados con la Medalla de Plata al Mérito, que conlleva una pensión mensual y vitalicia del 15% de su salario, según informó Confilegal. Zaragoza ya recibió la Medalla Roja, también pensionada, en 1992. A la vuelta, la Policía Nacional desplazó a ambos a Madrid en helicóptero.
Javier Zaragoza aparece en varias ocasiones mencionado en los de los cables de Wikileaks publicados por El País en diciembre de 2010, siempre como aliado de potencias internacionales. En uno de los cables, la Embajada de Estados Unidos informa a Washington de que Zaragoza les recomienda que abran una causa en relación a Guantánamo, lo que imposibilitaría la aplicación de la justicia universal por parte de Baltasar Garzón. “Es la fórmula que él preferiría”, escriben desde la Embajada de la calle Serrano. Y algo más: el fiscal jefe de la Audiencia Nacional citó la investigación a unos altos cargos israelíes imputados por un ataque a Gaza en 2002. “Iba a pedir que se cerrara el caso en cuanto tuviera conocimiento formal de que Israel ha abierto su propia investigación”, escribieron los funcionarios estadounidenses.