La Justicia italiana también detectó cientos de casos de nacionales que obtuvieron el reconocimiento del título de abogado en España de forma irregular. Una circular del Consejo Nacional Forense, el órgano de representación institucional de la Abogacía italiana –dependiente del Ministerio de Justicia-, reconoce la existencia de 332 personas inscritas en colegios de abogados de España sin haber cursado siquiera los estudios necesarios. El sistema pasaba por obtener el certificado en nuestro país para después ejercer en Italia, debido a una normativa comunitaria que permite hacerlo en el resto de países de la Unión Europea.
Hasta 2011 en España era suficiente con terminar la carrera universitaria y colegiarse. Pero después se estableció que también era necesario hacer un máster y pasar un examen de acceso. En el caso de los más de 300 italianos, sin embargo, se habrían saltado estos últimos pasos.
Aún así quedaron inscritos en distintos colegios –no se especifica cuáles- españoles. Y gracias a ese reconocimiento, más tarde se adscribieron a otros italianos. Así pues, en esta circular fechada en mayo de 2017, el órgano de la abogacía de Italia pedía tanto al Ministerio de Justicia español como a los colegios de su país que los borraran de sus registros por ser ilegales.
España y Rumanía: la vía fácil
El embrollo viene provocado por un éxodo de italianos titulados en Derecho que buscaron durante años obtener el título en España y Rumanía, donde no eran necesarios exámenes posteriores para poder desarrollar esta actividad profesional. Más tarde, nuestro país cambió las normas, pero las fuentes consultadas en Italia aseguran que el procedimiento todavía sigue siendo mucho más sencillo que en el país transalpino.
En Italia la condición es haber hecho prácticas en un bufete legal al menos durante 18 meses y después superar un concurso público, que consiste en tres exámenes escritos y uno oral. El proceso completo dura entre dos años y medio y tres años si se pasan las pruebas a la primera. Según estas mismas fuentes, sólo cerca de un tercio de los aspirantes consiguen pasar los exámenes.
De ahí que decenas de agencias y páginas web –muchas de ellas todavía activas- ofrezcan la posibilidad de ir a España, pasar el máster y obtener el certificado. Algunas ofrecen el viaje, el alojamiento y demás manutención. Los precios varían, pero suelen ir desde los 10.000 hasta los 30.000 euros. Y en algunos de ellos se incluye ya la obtención del título.
Es decir, hay agencias que garantizan el éxito, con másteres incluso a distancia. “Los exámenes son tan ridículos que los aprueban italianos que no saben español”, asegura una de las fuentes consultadas. Los tribunales italianos registran distintos casos de fraude, de individuos que no han llegado a conseguir el título.
Trabas para frenar la avalancha
Hasta 2014 cualquier abogado de la Unión Europea podía ejercer en Italia con todos los derechos. Pero precisamente ante esta avalancha de certificados obtenidos en España, Italia aprobó una ley por la que en estos casos el profesional debe trabajar durante tres años bajo tutela de otro abogado nacional. El titular necesita la firma y la aprobación de este segundo, que ejercería como garante, para cada procedimiento legal. Y una vez superado este periodo, se pueden inscribir en el colegio de abogados italiano correspondiente y trabajar a todos los efectos.
También son numerosos los casos en los que se ha rechazado la homologación del título obtenido en España, ya que muchos de ellos se saltan esta distinción y se inscriben en colegios de abogados ordinarios para trabajar a pleno rendimiento. Tanto es así que en los procedimientos judiciales se establece normalmente una distinción entre el abogado –en español- y el avvocato -el término italiano-, que no puede ser equiparado. Aunque pasados tres años el abogado pueda convertirse legalmente en avvocato.
El aval de la Unión Europea para que un profesional de este ramo pudiera trabajar en todo país comunitario llegó en 2014, justo el año en el que Italia cambió sus normas para impedir la barra libre. Sin embargo, todos los profesionales de la judicatura consultados coinciden en que la vía española sigue siendo una opción muy apetecible para muchos. En algunos casos se trata de italianos que han suspendido los exigentes exámenes de su país y buscan simplemente una vía más sencilla. Mientras que otros se aprovechan de estas dudosas ofertas disponibles en Internet para encontrar un atajo.