Izquierda Unida ha iniciado la tramitación de sendos expedientes disciplinarios contra sus portavoces municipal y autonómico en Madrid, Ángel Pérez y Gregorio Gordo. El motivo: negarse a dimitir de sus cargos institucionales, tal y como les había pedido la dirección federal en múltiples ocasiones desde el pasado mes de octubre, según un comunicado remitido este viernes por la coalición a los medios. El expediente, que será instruido por la dirigente andaluza Amanda Meyer, podría implicar la suspensión de militancia o la expulsión de la organización.
Las reticencias de Pérez y Gordo de abandonar sus puestos, en el que fueron ratificados por sus respectivos grupos en una votación, han motivado también que el Partido Comunista de Madrid rompa sus relaciones políticas con IUCM. Este mismo jueves, el Comité Central del PCM ratificaba una resolución de su Ejecutiva en la que ordenaba a sus militantes a no participar en los órganos de la federación. Y este mismo viernes se celebra un Consejo Político Regional que debería resolver, entre otras cosas, la situación de IUCM tras la salida de su ya excandidata, Tania Sánchez. La apertura del expediente se ha producido dos días después de que Sánchez abandonara IU.
Precisamente la situación de Pérez y Gordo ha sido uno de los detonantes del bloque al que se ha enfrentado Izquierda Unida de Madrid (IUCM) y que han provocado la ruptura de la organización y la salida de Tania Sánchez y algunos de sus seguidores. Pérez lidera el sector SomosIU, que aglutina a buena parte de la vieja mayoría que ha controlado la federación madrileña desde los años 90 del siglo pasado.
Pérez, que fue el coordinador regional entre 1993 y 2000, formó junto a José Antonio Moral Santín el tándem que ejerció dicho control. Moral, el hombre de IU en Caja Madrid, ha sido expulsado de la coalición por su papel como vicepresidente de la entidad a las órdenes de Miguel Blesa y por haber gastado 456.522 euros con la tarjeta 'black' de la que disfrutó durante al menos una década. El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Madrid era el presidente del Patronato de la fundación Fundeste cuando recibió una donación irregular de Caja Madrid. Gregorio Gordo dirigió la federación entre 2009 y 2012.
La apertura del expediente apela al artículo 31.4 q) de los Estatutos de IU (PDF), que señala como falta muy grave “la actuación en contra de los acuerdos, decisiones o resoluciones expresamente adoptados por los órganos de la organización en el marco de sus competencias con consecuencias negativas para IU”.
Estos acuerdos son las diversas resoluciones que ha aprobado la Presidencia federal de IU desde el pasado mes de octubre en las que se solicitaba a IU de Madrid (IUCM) el relevo de Ángel Pérez y Gregorio Gordo de sus cargos institucionales. El motivo: sus responsabilidades políticas en la gestión de Caja Madrid y Bankia.
En caso de que el expediente concluya que existió la actuación que se denuncia, los Estatutos de IU señalan “para las infracciones muy graves la suspensión de los derechos como afiliado/a por un periodo desde un año a dos años o la expulsión de IU”.
El pasado viernes, 30 de enero, una nueva reunión de la Presidencia federal de IU concluyó que Pérez y Gordo habían incumplido las órdenes que el propio organismo ha dado en los meses anteriores. En una resolución propuesta por el coordinador federal, Cayo Lara, y aprobada por amplia mayoría, se “considera inaceptable la actuación de los compañeros actuales portavoces de los Grupos de la Asamblea y Ayuntamiento de Madrid que no acatan el contenido de la resolución del Consejo Político Federal”.
El expediente, “que deberá estar concluido en el plazo más breve posible”, será instruido por la dirigente andaluza Amanda Meyer, una de las personas más próximas al coordinador regional, Antonio Maíllo, y una de las artífices de la política de vivienda que ha desarrollado IU al frente de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía hasta el adelanto electoral. Además, es hija del exeurodiputado Willy Meyer, que cuenta con importantes respaldos entre los sectores más veteranos del PCE y del propio Cayo Lara.