La comisión de investigación sobre la corrupción de la Asamblea de Madrid tendrá este viernes una de sus sesiones más esperadas: la comparecencia de Cristina Cifuentes a petición de Podemos, Ciudadanos y PSOE. La presidenta regional deberá explicar a los grupos su implicación en los contratos supuestamente irregulares señalados por la Guardia Civil en varios informes recogidos en el sumario del caso Púnica. La presidenta del PP madrileño tendrá un telonero con el que ha compartido muchas horas en el pasado en la propia Asamblea: el exdirigente de IUCM Antero Ruiz, que comparecerá en la misma comisión antes que ella.
Cifuentes y Ruiz coincidieron dos legislaturas, entre 2007 y 2015. En la primera fueron además vicepresidentes de la Asamblea y, por ello, miembros de la mesa de contratación de la institución. Un organismo encargado de dar su visto bueno a todos los contratos que firmaba la propia Asamblea. Entre ellos, los del servicio de cafetería con el grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que formaban parte del entramado de financiación ilegal del PP de Madrid.
La UCO atribuye a Cifuentes hasta en tres informes presuntos delitos de prevaricación continuada y cohecho. La presidenta regional responde que los contratos en esa época eran aprobados “con la unanimidad de todos los miembros de la mesa, cuatro técnicos y dos políticos” y ha recordado otros nombres que se sentaron en esa mesa: Juan Barranco, Francisco Cabaco y el propio Antero Ruiz.
Aunque en principio estaba previsto que solo compareciera este viernes Cifuentes, el PP de Madrid pidió a última hora la de Ruiz. La decisión ha enfadado a Podemos, que lo considera una maniobra tomada “en el último minuto con el beneplácito del PSOE”, grupo al que acusa de querer “embarrar políticamente el terreno”.
Ruiz fue durante muchos años uno de los principales dirigentes de IUCM. Desde 2000 fue el responsable de Política Institucional de la federación-partido de IU en Madrid que fue expulsada de la coalición en junio de 2015, tras una gravísima crisis interna que provocó un cisma y su casi desaparición electoral en la región. También ocupó también cargos orgánicos en la dirección federal de IU.
Antes, IUCM había “suspendido de militancia” a Antero Ruiz. No fue el único señalado: Miguel Reneses o los exportavoces y exdirigentes Ángel Pérez y Gregorio Gordo completan la nómina. La dirección federal que dirigía Cayo Lara había abierto una investigación para depurar las responsabilidades internas por el papel de la coalición en la gestión y quiebra de Caja Madrid/Bankia. Por haberse aprovechado, permitido o simplemente no vigilado con el celo suficiente la relaciones de IUCM con escándalos como las tarjetas black.
El reparto de Caja Madrid
Antero Ruiz firmó en 2009 en representación de IUCM el documento que desató la guerra por el control de Caja Madrid en el seno del PP de Madrid. El llamado Acuerdo por la estabilidad y desarrollo de la entidad lo suscribían además el por entonces secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados (hoy en prisión preventiva), CCOO y la Unión Independiente de Impositores y Consumidores (UIIC). De sus bondades informó el por entonces portavoz de IUCM en la Asamblea de Madrid, Miguel Reneses.
Un pacto al que después se sumaron PSOE y UGT para repartirse Caja Madrid y que, grosso modo, sellaba la paz entre todos los actores a cambio de cambiar al por entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por quien ocupaba la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El primero está en su casa a la espera de que el Tribunal Supremo confirme su ingreso en la cárcel; el segundo está como su antiguo rival en el PP de Madrid en prisión preventiva.
La firma de aquel documento fue uno de los elementos centrales en la decisión de IU de deshacerse del que había sido su referente en Madrid y segunda federación en aportación tanto de militantes como de fondos. El papel de José Antonio Moral Santín o de Carlos Paíno en Caja Madrid, así como el uso de una tarjeta black para pagar una fianza en nombre de IU en un recurso judicial precisamente por mantener a un representante en la entidad financiera pública cuyo rescate ha costado a los españoles una cantidad indeterminada aún de miles de millones de euros.
Su papel en Madrid 2012
Antero Ruiz, ya jubilado, fue también diputado nacional entre 2000 y 2004. Técnico Industrial de formación, fue asesor técnico de Urbanismo y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Precisamente el Consistorio fichó a Ruiz como asesor para la candidatura olímpica de Madrid en 2012. El Gobierno municipal que dirigía Alberto Ruiz-Gallardón siguió con la carrera por los Juegos el mismo esquema que en otros grandes proyectos del alcalde: la externalización, en este caso a través de la Fundación Madrid 2012, de la que dependía la oficina de la candidatura, Madrid 2012 SAU.
La fundación recibía las donaciones de decenas de empresas, desde grandes contratistas a constructoras salpicadas por el caso Gürtel. Ese dinero se traspasaba después a la oficina de la candidatura. Este esquema permitió surtir con fondos privados mientras se huía de la fiscalización del Área de Hacienda del Ayuntamiento.
Los apuntes bancarios de aquella (primera) aventura fracasada fueron publicados por eldiario.es en colaboración con el buzón seguro filtra.la. Entre los nombres contratados aparecía el de Antero Ruiz, quien se embolsó 33.941,49 euros netos de la fundación entre enero y octubre de 2005.
Su contratación coincide con su baja como diputado nacional. Su salida se produjo varios meses después de que se supiera que Madrid no albergaría los Juegos Olímpicos. Ruiz explicó entonces a eldiario.es que había sido contratado como “asesor en representación de IU”. Y recordó que “había gente del PP y del PSOE”.