Izquierda Unida y el resto de firmantes de la querella contra Juan Carlos I en 2018 no cejan en su empeño de que el Tribunal Supremo abra una investigación por los distintos escándalos que se han conocido en los últimos años por las actividades del monarca. En representación de todos ellos, el abogado Juan Moreno acaba de presentar una ampliación de la querella en la que incorpora las últimas revelaciones en torno a Juan Carlos I y entre las que destaca la referente a los gastos del rey emérito y otros miembros de la familia real con fondos procedentes de un millonario mexicano a través de tarjetas opacas. Los querellantes se anticipan así a la Fiscalía, a la que acusan de una lentitud que “genera desconfianza”.
“La aparición sistemática de casos de corrupción en España, ahora vinculados al entramado ideado por el ex jefe del Estado, hace necesario redoblar esfuerzos en la persecución de tipos delictivos altamente reprochables, de alto impacto y generadores de una importantísima alarma social, que en todos los casos pone en peligro los bienes sociales públicos”, alega IU en su ampliación de querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es.
El Partido Comunista de España (PCE), la coalición que integra a Izquierda Unida y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, se querellaron contra Juan Carlos I a partir de la apertura de la pieza Corinna por parte de la Audiencia Nacional en el caso Villarejo. Los querellantes recurrieron al Supremo por tratarse del tribunal ante el que está aforado el rey emérito desde su abdicación en 2014. De acuerdo a las revelaciones que contenía en esa pieza, enunciadas por Corinna Larsen en unas grabaciones del comisario hoy en prisión, la querella acusaba a Juan Carlos I de siete delitos, entre ellos el de pertenencia a una organización criminal.
El caso de las tarjetas opacas, el “intento de regularización” de las cantidades defraudadas con ellas, el regalo de 5 millones del presidente de Kazajistán, adelantado igualmente por elDiario.es, las informaciones acerca de inversiones en empresas del Ibex por parte de una fundación cuyo beneficiario es el rey emérito, o el maletín con efectivo que trasladó Juan Carlos I de Bahréin a Suiza, han motivado que los querellantes insistan en los trece delitos recogidos en la querella contra Juan Carlos I y varias personas de su entorno haciendo especial incidencia en el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
Aquella querella fue rechazada por el Supremo, al igual que fue archivada la pieza del caso Villarejo en la Audiencia Nacional, por falta de indicios delictivos y la inviolabilidad de la que disfrutó Juan Carlos I mientras era jefe del Estado. Sin embargo, el pasado mes de julio, y ante las nuevas informaciones sobre una entrega de 65 millones de euros por parte de Arabia Saudí a Juan Carlos I en 2008, Izquierda Unida solicitó la reapertura de la causa archivada. La última noticia al respecto es que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo había exigido 12.000 euros a los querellantes para poder ejercer la acción popular, con independencia de que después accediera a abrir una investigación. IU y el resto de los firmantes satisficieron la cantidad.
En esta ampliación, los querellantes intentan centrar judicialmente todos los escándalos del monarca emérito de los que han venido informando los medios de comunicación y de los que la Fiscalía solo ha comentado someramente que Anticorrupción abrió tres diligencias de investigación que ahora están en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo. La ampliación de querella recoge que “resulta muy pertinente en este momento” que sea un magistrado instructor del Alto Tribunal quien “encauce los trabajos de investigación y la coordinación del instructor y las acusaciones, con transparencia democrática”.
Las revelaciones de que la Fiscalía suiza investiga a Corinna Larsen y a los gestores de los fondos del rey en ese país se remonta al pasado mes de marzo sin que el Ministerio Público español se haya pronunciado al respecto en forma de querella o petición de archivo de las diligencias relacionadas con ese caso abiertas en España y que llegaron a la Fiscalía del Tribunal Supremo, por orden de la fiscal general, Dolores Delgado, hace ya seis meses.
“Está en cuestión el papel de la Fiscalía, cuya lentitud en avanzar en las investigaciones abiertas genera una indudable desconfianza en buena parte de la sociedad respecto a un actuar timorato que, a ojos de muchos ciudadanos, digámoslo claramente, obedece al escalofrío que produce encausar al ex jefe del Estado e investigar a fondo la corrupción organizada que hay, presuntamente, detrás de su figura”, plasma el abogado Moreno en su escrito.
La ampliación de querella también hace referencia al “intento de regularización” de Juan Carlos I. Su abogado presentó una declaración de la que resultó presuntamente una deuda de 678.393 euros, satisfecha a continuación, siempre según el letrado Javier Sánchez-Junco. Ni la Fiscalía, ni el Gobierno central, ni el Ejecutivo autonómico, ante el que se habría satisfecho la deuda en concepto de impuesto de donaciones, se han pronunciado al respecto.
El pago de la deuda no impide investigar
Izquierda Unida alude a una sentencia del Tribunal Supremo, la 392/2019, según la cual el abono de las cantidades defraudadas no elimina las responsabilidades penales si el sujeto fiscal ha sido advertido antes de una investigación en su contra, como la Fiscalía General del Estado ha reconocido que hizo con Juan Carlos I “en los primeros días de noviembre”.
Los querellantes aseguran que no hay resarcimiento “espontáneo” a la Administración porque el defraudador, en este caso Juan Carlos I, ya conocía la investigación contra él y que, por tanto, no se dan los supuestos que recoge la jurisprudencia para extinguir cualquier responsabilidad penal. Además, dice el escrito, el intento de regularización “pone en cuestión el verdadero alcance de las cantidades defraudadas y a su vez el propio origen, muy probablemente ilícito, de los fondos, con los que se habría realizado el abono a la hacienda pública”.
El escrito de Izquierda Unida aprovecha para reivindicar el papel de los partidos en el ejercicio de la acción popular, un supuesto que prevé eliminar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuyo anteproyecto ha sido recientemente aprobado por el Consejo de Ministros. “Los partidos políticos, como actor público, tienen la encomienda constitucional de concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular, el garantizar la defensa de la legalidad y encauzar la armonía social”, argumentan desde IU, el PCE y los Abogados de Izquierda.
Como hacían en la querella inicial, los firmantes de la misma cuestionan el principio de inviolabilidad que la Fiscalía quiere aplicar al monarca en el caso de la donación recibida de Arabia Saudí, y que la Fiscalía suiza considera una presunta mordida. Consideran que la inviolabilidad del monarca solo afectaba a los actos propios del cargo y que el blanqueo y el fraude fiscal “no son funciones propias del desempeño de la Jefatura del Estado”. “La Constitución no le otorga derecho a la impunidad, una suerte de derecho a delinquir”, escribe el letrado Juan Moreno.
En cualquier caso, añade el abogado, las inversiones realizadas desde la fundación Zagatka, a la que fueron aparar los millones de Arabia Saudí de origen presuntamente ilícito, se realizaron con posterioridad a la pérdida de la inviolabilidad del monarca, al igual que los gastos de las tarjetas opacas que, como reveló elDiario.es, afectan a los ejercicios 2016, 2017 y 2018. En ambos casos hay un posible delito de blanqueo de capitales, añade.
“Importantes sectores de la política, la empresa, los medios de comunicación se han conjurado para mirar hacia otro lado mientras se llevaban a cabo prácticas incompatibles con el Estado de Derecho y las funciones constitucionales que tenía asignadas el ex jefe del Estado”, concluye.