Izquierda Unida presentará una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra tres jueces de la Audiencia Nacional: Enrique López, Ángel Hurtado y Julio de Diego, los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal que el pasado 21 de marzo impidieron el interrogatorio de Luis Bárcenas que tenía previsto el juez Javier Gómez Bermúdez.
Según han confirmado los abogados a eldiario.es, la querella está casi terminada y se presentará formalmente en los próximos días. Los impulsores de la querella por los papeles de Bárcenas –además de IU, también están la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación Justicia y Sociedad, Ecologistas en Acción y Federación de Los Verdes– argumentarán que la sección no tenía potestad alguna para anular ese interrogatorio. En ese momento, jueves 21 de marzo, aún estaba por resolver cuál de los dos jueces de la Audiencia –Pablo Ruz o Gómez Bermúdez– era el competente para investigar los papeles de Bárcenas.
La decisión tomada por estos tres magistrados al bloquear el interrogatorio causó estupor en ámbitos judiciales. Fue un “golpe de mano” inédito, según fuentes del Tribunal Supremo, que aseguran a eldiario.es que la sección no tenía las competencias necesarias para tomar una medida tan expeditiva. Según la ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando dos jueces de instrucción investigan un mismo caso, pueden practicar cada uno de ellos por separado diligencias incluso antes de que se fije cuál de los dos tiene la competencia. De hecho, el juez Ruz pudo interrogar a Luis Bárcenas el mismo día que Gómez Bermúdez le había citado sin encontrar oposición alguna.
Tras esta polémica decisión, estas mismas fuentes ven la mano del Partido Popular, que presionó duramente durante esos días para evitar ese interrogatorio. El PP temía que, tras el interrogatorio, Gómez Bermúdez ordenase la entrada en prisión de su extesorero Luis Bárcenas.
La secuencia de los hechos revela hasta qué punto el partido en el Gobierno maniobró para evitar este temido interrogatorio. El miércoles 20 de marzo, Gómez Bermúdez citó al extesorero del PP para el viernes 22 a las 12:00. La cita se convocó para ese día a petición del propio abogado de Bárcenas porque esa misma mañana, a las 10:00, tenía previsto comparecer ante el juez Ruz.
A la mañana siguiente, el 21 de marzo, el propio presidente Mariano Rajoy llamó por teléfono al Consejo General del Poder Judicial para interesarse por el caso, por el “espectáculo” que estaba dando la Audiencia Nacional al permitir que dos jueces investigasen un mismo caso. Ese mismo día, la Fiscalía –dependiente del Gobierno– solicitó tanto al juez Gómez Bermúdez como a la sección segunda de la Sala de lo Penal que anulase ese interrogatorio. Y pocas horas después, la sección segunda bloqueó el interrogatorio. Todo en apenas de 24 horas.
La querella de IU será la segunda por prevaricación que se presente contra estos jueces de la Audiencia. Hace una semana, el partido Izquierda Anticapilista presentó otra querella similar ante el Supremo.
Nulidad por el error en el reparto
Los abogados de IU y demás organizaciones querellantes también pedirán la nulidad de otra extraña decisión del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que se saltó sus propias normas de reparto para que se fuese la sección tercera –más próxima a Ruz– la que decidiese sobre qué juez era el competente para investigar los papeles de Bárcenas. Además de la vulneración de las normas de reparto, también alegarán indefensión de las partes porque el juzgado de Pablo Ruz aún no ha aclarado si el Partido Popular podrá continuar como acusación popular en este nuevo caso donde, al mismo tiempo, están acusados.
Durante la vista de esta decisión, el pasado miércoles, los abogados de Izquierda Unida ya plantearon estos dos asuntos como cuestiones previas. La respuesta del presidente de la sección tercera, Alfonso Guevara, fue doble. Primero corrigió a los abogados de IU, que nombraran a Grande Marlaska como “presidente de la Sala de lo Penal” –“es ilustrísima”, matizó Guevara–. Y después pidió a los abogados que llevasen esa reclamación “ante el tribunal de derechos humanos de la ONU”.
Según publicó ayer el diario El País, Alfonso Guevara ha sido recientemente expedientado por el CGPJ por decirle a un procesado: “Si llevara arma, le hubiera dado un culatazo”.
Entre los jueces de la sección segunda contra los que IU se querellará por prevaricación se encuentra Enrique López, un magistrado íntimamente ligado al Partido Popular desde hace años. Es colaborador habitual de FAES: entre 2003 y 2008, participó en 53 seminarios de esta fundación presidida por José María Aznar, unos cursos que suelen ser remunerados. También publica un artículo cada semana en el periódico conservador La Razón.
A propuesta del PP, Enrique López fue nombrado portavoz del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008. Tras la victoria del PSOE en 2004, el PP bloqueó la renovación del CGPJ, que se convirtió en un órgano más de oposición contra Zapatero, con informes no solicitados y fuera de sus competencias contra el Estatut catalán o contra el matrimonio gay.
Tras su paso por el Supremo, el PP volvió a proponer su nombre para el Tribunal Constitucional, lo que provocó un bloqueo en la renovación de este tribunal que no terminó hasta 2012. El Senado denegó la propuesta de Enrique López, que defendía el PP, por considerar que no tenía el currículum necesario para el puesto.
Cuando el caso Gürtel finalmente termine su instrucción, será la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la de Enrique López, la que decidirá la sentencia.