La portavoz del grupo en materia de Hacienda, Elena Cortés, ha afirmado, tras registrar de la enmienda en el Parlamento, que las políticas que se desprenden las cuentas andaluzas “son un giro a la derecha que deja sin hacer las políticas que pueden sacar a Andalucía del subdesarrollo económico y de la pobreza”.
Ha criticado al PSOE por “apostar por políticas que se han demostrado equivocadas” en referencia a las políticas de empleo “que han fracasado año tras año”, según Cortés.
De otro lado, IULV-CA también ha rechazado la apuesta del PSOE-A por la colaboración público-privada, que, a su juicio, “es un expolio de las cuentas públicas que supone una hipoteca para varias generaciones de andaluces y andaluzas” y “supone legalizar los sobrecostes y multiplicar por cuatro el precio de las cosas”.
Según expone en la enmienda, recogida por Europa Press, las cuentas andaluzas, igual que las estatales para 2016, parte de dos premisas “inverosímiles” como son, para IU, “la esperanza en un próximo crecimiento económico que generará más empleos y más ingresos tributarios y la creencia en que la consolidación fiscal estimulará la actividad económica”, circunstancia que IU achaca a la elaboración de ambos presupuestos “a las puertas de unas elecciones generales”.
Recuerda que la Comisión Europea ha puesto de relieve este entorno electoral al señalar que estas cuentas “son incompatibles con la asunción de los objetivos de déficit”, de manera que advierte en que la institución europea reclama “una actualización de las cuentas públicas del Estado una vez que se celebren las elecciones”.
IU expone que la situación económica y social de Andalucía es consecuencia de las “llamadas reformas estructurales” llevadas a cabo desde mayo de 2010 “abonadas con un modelo económico dependiente y periférico, un modelo social-liberal que ha mantenido en el subdesarrollo a la economía andaluza y que no ha sabido aprovechar el poder el pueblo andaluz conquistado el 4D y el 28F”.
Así, señala que las cuentas andaluzas para 2016 “renuncian a las políticas que saquen a Andalucía del subdesarrollo económico” puesto que se vuelve a situar la dependencia del sector inmobiliario, “dejando de ser prioritaria la apuesta por la construcción sostenible que rompa con la cultura de la especulación y promueva la cultura de la rehabilitación, la regeneración urbana, el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, la movilidad sostenible e infraestructuras del transporte sostenibles económica y socialmente”.
Entiende que también la Junta “abandona de todo intento por conseguir una transformación integral de la agricultura andaluza y la soberanía alimentaria”; así como los programas para terminar con la estacionalidad en el empleo del turismo, y renuncia a la reordenación del sector público andaluz y a un cambio en las políticas de empleo y una reformulación del SAE.
El presupuesto de la Comunidad pasa, para IU, “del derecho al empleo de los andaluces a la obligación de emprender para tener una oportunidad de empleo, transfiriendo la responsabilidad del éxito o su fracaso al ámbito individual”, mientras que “hay una ausencia de la evaluación de las políticas públicas puestas en marcha con anterioridad”.
CAMBIAR EL MODELO PRODUCTIVO
IU defiende que la situación social de Andalucía “necesita de un cambio de modelo productivo que genere empleo estable y de calidad en una comunidad en la que, a diferencia de otros territorios, crece la población activa”. Advierte además de las altas tasas de desempleo de la comunidad y añade que “el comportamiento cíclico el empleo en Andalucía es consecuencia de un modelo productivo inútil para el pleno empleo de calidad y cumplimiento del Estatuto ”.
Se refiere también a las tasas de pobreza y exclusión social y critica en este sentido que el Presupuesto de la Junta “supone una disminución de los ingresos cifrados en 128 millones de euros”, a cuenta de una rebaja del tramo autonómico del IRPF, que podría emplearse “en políticas que permitan superar la cruda realidad que viven millones de andaluces”.
De la misma manera, la coalición andaluza rechaza que el proyecto del Gobierno andaluz no informa sobre la contestación al Consejo de Gobierno del requerimiento al Gobierno central para la elaboración del plan económico-financiero previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Sobre el anuncio de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de la convocatoria de 7.100 plazas empleo público para 2016, IU señala en la enmienda que Díaz “se permite jugar con las expectativas de miles de personas en situación de desempleo con fines meramente electoralistas y para mantener su coalición 'de facto' con Ciudadanos (C's)” y que “contrasta con esta generación de expectativas sin fundamento presupuestario, la pretensión cierta y prevista en el proyecto de Ley de aumentar el número de altos cargos que pasa de 42 a 57”.
También censura que el proyecto de Ley mantiene congelada la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma de las Corporaciones Locales, “que se mantiene en la misma cifra desde 2012 cuando prevé un incremento de la recaudación propia en el Presupuesto de Ingresos”.
Por último, la formación que lidera Antonio Maíllo en Andalucía advierte que las cuentas andaluzas “incumplen varias recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía” como son, explica, informar al Parlamento, detalladamente, sobre las obligaciones contraídas como consecuencia de las concesiones de obra pública, de servicios públicos o de cualquier otra figura contractual que implique el modelo de financiación de colaboración público-privada; la recomendación de regular las transferencias de financiación a las agencias de régimen especial; o la recomendación de poder hacer un seguimiento de los ingresos afectados, como el canon del agua o ley de dependencia para verificar la aplicación de la financiación afectada.
PROPUESTA DE COMPARECIENTES
Con todo, IULV-CA propone que declaren en Comisión para analizar las cuentas andaluzas para 2016 el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, la FAMP, el Consejo Económico y Social de Andalucía, el Consejo Andaluz de Universidades y el Observatorio Económico de Andalucía.
También los sindicatos CCOO, UGT, CGT, Ustea, USO o el SAT, además de agentes económicos como Cepes, Faecta, Pymes-Andalucía, UPTA-A, ATA-A, y representantes de los consumidores, FACUA y UCE.
Incluye de la misma manera a la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), Adesa, Ecologistas en Acción, COAG, UPA, y asociaciones tales como para la Defensa de la Salud Pública de Andalucía, Pro Derechos Humanos de Andalucía o Andalucía Acoge, Cáritas, Prodeni o Adima.
E igualmente, el Consejo de Administración de RTVA, la plataforma Iniciativa Legislativa Popular 15-M, Andalucía por la Bici, Red Andaluza de Solidaridad Popular y el Movimiento Democrática de Mujeres de Andalucía.