Izquierda Unida, el PCE y la Asociación de Abogadas y Abogados de Izquierda han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el archivo de su querella contra Juan Carlos que resolvió la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La formación alega que se ha vulnerado el derecho a una resolución motivada y a una investigación “eficaz y efectiva”, al tiempo que insiste en que los jueces a los que recusó no deberían haber formado el tribunal que resolvió sobre la querella, como demuestra la “parcialidad y animadversión” que hacia la acusación popular mostraron en el propio auto de inadmisión.
En el auto de la Sala de lo Penal aparecía una frase del tribunal presidido por Manuel Marchena que decía: “La acción popular no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales. Y mucho menos hacerlo con una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del ejercicio de la acción popular”.
En el tratamiento que IU da esta afirmación del Supremo se adivinan las intenciones de la formación de acudir después al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el mismo que ya condenó a España por condenar a Arnaldo Otegi con un tribunal presidido por Ángela Murillo, quien había dado muestras de animadversión al líder de la izquierda abertzale durante la vista oral. De hecho, el recurso de casación del letrado Juan Moreno alude a la citada sentencia de TEDH.
Aquella afirmación de la Sala de lo Penal en su auto de inadmisión ya valió a IU para recusar a Marchena y al resto de jueces que formaron el tribunal, si bien dicha recusación no fue admitida. Las citadas organizaciones aseguraban que su parcialidad quedó de manifiesto en el auto de inadmisión cuando los magistrados les reprochaban actuar como “profesionales” de la acción popular, así como por su juramento de “lealtad a la Corona” para acceder al cargo en el Alto Tribunal.
Asimismo, el recurso de IU considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva al no considerarse una mínima investigación pese a todos los indicios contra el rey emérito que han aparecido desde que presentó la querella original, por los pagos de la fundación Zagatka, y a través de las ampliaciones, que han ido incorporando los nuevos indicios de delito contra Juan Carlos I, publicados en la prensa y confirmados por la Fiscalía General del Estado, caso de las tarjetas de fondos opacos o una tercera línea de investigación sobre una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey.
“Habrá vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva cuando no se abra o se clausure la instrucción existiendo sospecha razonables de la posible comisión de un delito y revelándose tales sospechas como susceptibles de ser despejadas mediante la investigación”, recuerda IU que plasma una sentencia del propio Tribunal Constitucional
Y añade: “Teniendo en cuenta los hechos que hemos conocido después y que dan plena verosimilitud a los denunciados en la querella, que ha sido tildada como degradante por la Sala, solo cabe calificar tales expresiones por parte de la Sala como un indicio objetivo de su perdida de apariencia de imparcialidad”.