¿Se puede? Se puede. Lo hacen en Alemania. Allí, como aquí, la extrema derecha también es la tercera fuerza política del Parlamento. Pero allí, a diferencia de aquí, hay consenso entre conservadores y socialdemócratas. Ni un paso atrás. El acuerdo es para condenarlos al ostracismo, nunca para abrazarlos, auparlos o darles más visibilidad que la que les otorga su representación parlamentaria. La derecha clásica es la más interesada en ello.
Tanto es así que la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido de la canciller Angela Merkel, se conjuró hace más de un año en su congreso para prohibir a sus dirigentes cualquier tipo de cooperación con la derecha radical. Y, sin necesidad de irse tan lejos, la semana pasada todos los partidos con representación parlamentaria votaron la exclusión de un diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Stephan Brander, de la presidencia del Comité de Derechos del Bundestag, por una sucesión de comentarios en las redes sociales contra los judíos.
En España, lejos de aislar a Vox en las instituciones, la derecha los normaliza, acuerda con ellos y hasta se mimetiza con su discurso por temor a ver achicado su espacio. Lo ha hecho el PP y lo ha hecho Ciudadanos. En comunidades y en ayuntamientos, donde los gobiernos dependen de sus votos. El auge del partido de Santiago Abascal, que ha pasado de 24 a 52 escaños en las últimas elecciones generales, obliga ahora a afrontar decisiones que no solo tienen que ver con cómo combatir su discurso, sino también con la representación que pueden lograr en su condición de tercera fuerza política en los órganos de gobierno de las Cortes Generales.
La izquierda parlamentaria lo tiene claro. Una cosa es la representatividad que les confieren los votos y otra, muy distinta, su presencia en los órganos de gobierno como consecuencia de un acuerdo político. PSOE y Unidas Podemos están por la labor de sumar sus votos para que no estén ni en la Mesa de la Cámara ni en las de las comisiones parlamentarias, y que no recaiga sobre ellos ni una vicepresidencia ni una secretaría. De ahí que ya hayan sondeado al PP, cuyos votos son necesarios para establecer el cordón sanitario, para conocer su disposición a un frente común.
De momento, de los contactos informales entre miembros de la Mesa de la anterior Legislatura no ha habido respuesta. Sólo un “ya veremos” o “es una decisión que le corresponde en exclusiva a Pablo Casado”. Lo que sí ha trascendido es que los populares están dispuestos a ceder una secretaría a Ciudadanos, a pesar de que han perdido 47 de los 57 diputados que tenían. Sería a costa, claro, de perder uno de sus asientos.
En el anterior y breve mandato, los socialistas cerraron un pacto con Unidas Podemos de tal forma que el reparto supuso tres puestos para el PSOE y dos para Unidas Podemos de los nueve que integran la Mesa de la Cámara para garantizarse la mayoría absoluta. PP y Ciudadanos obtuvieron dos cada uno. Ni ERC ni PNV estuvieron representados.
Estar en la Mesa del Congreso supone tener acceso a información de primera mano y un peso específico en decisiones internas del Parlamento: participar en las comisiones de funcionamiento interno, presencia en las Juntas de Contratación y capacidad para influir en el ordenamiento de los debates. Hace unas semanas, la diputada de Vox fue expulsada de la Diputación Permanente por interrumpir la sesión para alterar el orden del debate.
El artículo 37 del Reglamento de la Cámara establece que para la elección del presidente, cada diputado tendrá que escribir sólo un nombre en la papeleta y que será elegido el que obtenga el voto de la mayoría absoluta. Si ninguno de los candidatos propuestos obtuviera en primera votación dicha mayoría, se repetirá la elección entre los que hayan alcanzado las dos mayores votaciones y resultará elegido el que obtenga más votos.
Los cuatro vicepresidentes se elegirán simultáneamente. Cada diputado escribirá sólo un nombre en la papeleta. Resultarán elegidos, por orden sucesivo, los cuatro que obtengan mayor número de votos. Y en la misma forma serán elegidos los cuatro secretarios.
Con el actual reparto de escaños, Vox necesitaría 19 votos prestados para conseguir representación en la Mesa. Y esa es una decisión que aún no se ha tomado en el PP, pese al interés de PSOE y Unidas Podemos para despejar el asunto cuanto antes. A Casado le interesa mucho más cuidar a sus socios de Ciudadanos en los gobiernos de Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia.