“Queda claro que ha venido a burlarse de los simples mortales”. Con estas palabras, el exjuez José Castro, quien fuese azote del expresidente de Baleares y exministro Jaume Matas, definió, en un auto dictado en marzo de 2010, la gestión llevada a cabo por el exdirigente del PP durante su última legislatura al frente del Govern balear (2003–2007). Su elevado tren de vida y los sobrecostes en varias de las macroinfraestructuras impulsadas bajo su mandato lo habían colocado en el punto de mira de la justicia.
Ese mes, cuando los investigadores ya habían comenzado a escudriñar bajo las alfombras y a cuestionar con dureza la gestión llevada a cabo por numerosos altos cargos del PP a lo largo de esos años, el que había sido máximo mandatario autonómico desfilaba por primera vez ante un Juzgado. Lo hacía ante Castro y el exfiscal Pedro Horrach en un interrogatorio de más de 16 horas. Arrancaba así un periplo judicial repleto de escándalos que se alargaría durante prácticamente una década: obras colosales, contratos a dedo, adjudicaciones cuya investigación vinculó a Génova... Un ovillo de investigaciones envolvieron desde entonces a un Matas desterrado de Baleares tras el batacazo electoral que sufrió en 2007 y que lo abocó al abandono de la política para trasladarse a Estados Unidos.
Fue el primer ministro de aquel gabinete de Aznar –que llegó al poder clamando contra “el paro, despilfarro y corrupción” de la última era de Felipe González– caído en desgracia. Después le siguieron otros: Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana...
Durante todo este tiempo, el que fuera ministro de Medio Ambiente en el segundo mandato de José María Aznar ha sido juzgado diez veces. Con más de 50 años de inhabilitación a sus espaldas y pese a haber sido condenado en todo este tiempo a penas que suman más de ocho años de cárcel, Matas ha permanecido un total de dos años y cuatro meses entre rejas. Ahora, el exlíder 'popular' se ha beneficiado del tercer grado tras cumplir la mitad de los cuatro años y tres meses de privación de libertad a los que fue sentenciado en el marco del caso Nóos así como por las irregularidades en la adjudicación del hospital de referencia de Baleares. Son dos de las últimas causas por las que se sentó en el banquillo de los acusados. Ya no le queda ningún juicio por delante.
La carrera política de Matas estuvo siempre marcada por su apuesta por el crecimiento económico y turístico de Baleares. Antes de su mandato más polémico, Matas ya había sido jefe del servicio de Presupuestos (1989–1993), cargo al que accedió por oposición en 1989 y que ocupó hasta que, en 1993, optó por acogerse a una excedencia para saltar a la primera línea política. Conseller de Economía entre 1993 y 1996, se convirtió ese año en presidente del Ejecutivo balear tras la dimisión de su antecesor en el cargo Cristòfol Soler, quien a su vez había sustituido, apenas diez meses antes, a Gabriel Cañellas. Este había dimitido por su implicación en la adjudicación irregular del Túnel de Sóller, por la que obtuvo un cohecho de 50 millones de pesetas del que fue absuelto tras declararse prescrito.
Matas no tardó en alcanzar el clímax político. En 1999 se erigió en ministro de Medio Ambiente, cargo desde el que dio impulso al Plan Hidrológico Nacional con el trasvase del Ebro como pilar fundamental. En 2003 concurrió de nuevo como candidato a la presidencia balear. Ganó por mayoría absoluta, igual que había hecho Aznar cuatro años antes. Corrían buenos tiempos para el Partido Popular, que por entonces se erigía en autor del “milagro económico”.
Durante ese mandato en Baleares, la construcción de costosos proyectos, a menudo criticados por su elevado impacto ecológico, acabó convirtiéndose en la marca personal del presidente autonómico que venía de ser ministro de Medio Ambiente. Una impronta sobre la que los tribunales no tardarían en poner la lupa.
El Palma Arena
Todo comenzó con la construcción de la que se convertiría en su infraestructura estrella: el velódromo Palma Arena. Proyectado con el objetivo de albergar el Mundial de ciclismo en pista de 2007, y tras cuya inauguración Matas ofreció su principal mitin de campaña, el sobrecoste que durante dos años conllevó su ejecución –en paralelo a los elevados dispendios de Matas y su mujer, Maite Areal, realizaban en muebles y artículos de lujo– llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a poner el foco en el pabellón deportivo. Y en Matas.
Las investigaciones en torno a la construcción del velódromo revelaron más de 220 deficiencias en los trabajos y constataron que la entidad a la que fue encargada la gestión de las obras, la Fundació Illesport, nunca llegó a reunirse. Las pesquisas apuntaron a la falsa apariencia de legalidad que los patronos del ente quisieron otorgar a su labor: redactaron 22 actas de encuentros que no celebraron mientras daban forma a las órdenes directamente emanadas de Matas.
Los hechos dieron pie a la incoación, en 2009, del conocido como caso Palma Arena, una de las mayores causas de corrupción impulsadas en Baleares. Antes de desgajarla en hasta 28 piezas separadas, el juez Castro, instructor de este macroprocedimiento judicial, buscó la conexión entre el sobrecoste del velódromo (inicialmente estimado en unos 48 millones de euros) y el supuesto enriquecimiento ilícito de Matas.
Y es que mientras el magistrado hurgaba entre los cimientos de la construcción, la Fiscalía Anticorrupción lo hacía entre las adquisiciones del expresidente balear. Entre ellas, la compra de un palacete de estilo manierista, en pleno centro de Palma de Mallorca, por unos 980.000 euros. Según los investigadores, el inmueble estaba tasado en 2,4. Los numerosos proveedores interrogados sobre la reforma del edificio manifestaron ante Castro que Matas llegó a abonarles más de 300.000 euros en efectivo por los trabajos que llevaron a cabo.
Las entonces incipientes pesquisas se extendieron a la vivienda que Matas posee en el barrio de Salamanca de Madrid. La Fiscalía sostenía que el expresidente usó a un exconseller como testaferro para ocultar la verdadera propiedad del inmueble, ubicado en la calle Ramón de la Cruz en un lujoso barrio de la capital. Las visitas de su mujer a diversas tiendas de lujo de Palma se sumaron a las indagaciones, que condujeron a numerosos efectivos de paisano de la Guardia Civil a rastrear estos establecimientos. Arreciaron entonces facturas escandalosas que daban cuenta del elevado tren de vida del político popular. Corrieron los titulares sobre las escobillas de váter que costaban 319 euros, de los de hace más de una década. Y una larga lista de caprichos prohibitivos.
Pese a constatar un incremento “no justificado” en el patrimonio del investigado mientras gobernó Baleares así como un uso “reiterado” de dinero opaco en la adquisición de bienes, Castro acabó archivando estas pesquisas –una de las piezas separadas del caso Palma Arena– tras no hallar indicios que determinasen el origen ilícito de los fondos y que el matrimonio Matas blanquease fondos con la adquisición de su palacete. El expresidente siempre atribuyó su enriquecimiento a una herencia familiar.
El exministro, sin embargo, no salió indemne de otras de las numerosas líneas de investigación abiertas contra él. Su primera condena llegó en 2012, cuando la Audiencia Provincial de Baleares lo condenó a seis años de cárcel por los pagos que realizó, con fondos públicos, al articulista que ensalzaba su labor en columnas publicadas por el diario El Mundo y a la vez redactaba sus discursos. El Tribunal Supremo redujo la pena a nueve meses por un delito de tráfico de influencias.
Un delito “contra el Estado de Derecho”
La rebaja no impidió que el tribunal de Palma enviase a Matas a prisión, rechazando, en un contundente auto, sustituir la cárcel por multa: las magistradas consideraban “inasumible” para la sociedad que “el titular de uno de los poderes del Estado en la fecha de los hechos cometa un delito de tráfico de influencias”, un ilícito que, señalaban, constituye “un delito contra el Estado de Derecho por parte de quien ha sido presidente de la Comunidad Autónoma balear, a quien, precisamente por ostentar ese cargo, ha de exigírsele mayor imparcialidad, objetividad y probidad”.
La siguiente sentencia lo condenó, por un delito de cohecho, al pago de una multa de 9.000 euros y al comiso de 42.111 euros. Se trata de la cantidad que el expresidente balear cobró como dádiva, mientras ostentaba el cargo, a través de la contratación ficticia de su esposa por parte del propietario de un hotel de lujo de Palma, el Valparaíso. Tras recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y ante el Supremo, ambas instancias ratificaron la condena.
La tercera pena que se vio obligado a asumir fue la que recayó sobre él en el caso Nóos. En febrero de 2017, el tribunal que juzgó la causa le sentenció a tres años y ocho meses de cárcel por regar de fondos públicos la entidad liderada por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres. Matas ingresó en la cárcel de Aranjuez para cumplir la condena, a la que se sumaron seis meses por el caso centrado en la ejecución de la mayor infraestructura pública impulsada en Baleares, el hospital de Son Espases. El expresidente autonómico aceptó diez meses de cárcel por estos hechos. El juez Castro llegó a sospechar acerca de la posible vinculación entre el amaño en la adjudicación de esta infraestructura y los trabajos de reforma llevados a cabo en la sede central del PP nacional, una hipótesis que finalmente no pudo probarse.
La del caso Son Espases es la última condena que, junto a la de Nóos, ha obligado a Matas a permanecer en la cárcel. Tras éstas, los magistrados lo han condenado a otras penas que, sin embargo, el expresidente ha logrado 'capear' con sustituciones de prisión por multas. Una de las más significativas, también en el marco del caso Palma Arena, fue la de siete meses de cárcel a la que el exlíder del PP balear fue condenado por la contratación a dedo del arquitecto Santiago Calatrava, quien cobró 1,2 millones de euros del Govern –que deberá devolver Matas a las arcas públicas– por el anteproyecto de un palacio de la Ópera que nunca llegó a construirse.