Jueces para la Democracia (JpD) considera que “el internamiento de extranjeros debe desaparecer a corto plazo” y hasta que ello no se materialice exige al Gobierno que realice una inversión económica adecuada que posibilite la vida digna en los centros a los que son trasladados, los CIE.
Esta asociación ha emitido un comunicado después de que ayer los cerca de cuarenta inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid, que se habían amotinado desde la noche anterior en la azotea del edificio reingresaran al centro de forma voluntaria unas doce horas después del inicio de la protesta.
JpD explica que en estos centros se ingresan a personas extranjeras por un máximo de 60 días como paso previo a su expulsión “pero aproximadamente más de la mitad de las expulsiones planeadas no llegan a materializarse, lo que pone en duda, de entrada, la idoneidad de tan gravosa medida”.
Recuerda que en los CIE son “retenidas” personas que no han cometido delito alguno y que, sin embargo, “son privadas de los derechos fundamentales y sociales más esenciales garantizados constitucionalmente”.
“En el año 2014 fue finalmente aprobado el Reglamento de Funcionamiento de los CIE, recibiendo de inmediato numerosas críticas y siendo, de hecho, anulados cuatro de sus artículos más polémicos por el Tribunal Supremo”, añade.
JpD lamenta que se hayan visto truncadas las esperanzas suscitadas en todo caso para que el mencionado Reglamento significara un cambio de la gestión, pasando de un modelo de seguridad a uno social.
“Las innumerables quejas y denuncias interpuestas por la Defensora del Pueblo, diversas ONG y organizaciones juristas y sociales, así como las realizadas por las propias personas internas ponen de manifiesto que los CIE se caracterizan por ser espacios de vulnerabilidad humana en medio de la opacidad de las prácticas policiales”, advierte.
Comenta que “a pesar de la más que valiente y necesaria actuación que han realizado los jueces encargados de su control, perviven las deficiencias estructurales, caracterizadas por el hacinamiento, la irregular asistencia sanitaria y jurídica, la falta de información a las personas internas sobre su situación administrativa y la nula existencia de políticas sociales y educativas”.
A juicio de JpD, “es importante el dictado de la circular 6/14 de la Dirección General de la Policía que insiste en atender a la situación integral de la persona para evitar situaciones de riesgo, como muchas que se han sucedido”.
Entiende que los CIE son una medida “de último recurso”, al igual que la sanción de expulsión “es subsidiaria a la de multa para personas en situación de mera estancia irregular”.