Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y magistrado del Tribunal Constitucional, ha decidido apartarse de dos asuntos relacionados con el Gobierno al que perteneció: tanto de los recursos contra la votación de Alberto Casero sobre la reforma laboral como también del de Vox contra la nueva ley del 'solo sí es si'.
En esta misma sesión, el pleno del tribunal de garantías ha admitido a trámite el recurso del partido ultraderechista contra la norma impulsada desde Igualdad.
El pleno ha aceptado la abstención voluntaria del magistrado, así como la que ha presentado la magistrada Laura Díez para apartarse de las deliberaciones sobre la ley catalana que regula la presencia del castellano en las aulas. Otras recusaciones planteadas por Vox contra los magistrados progresistas del pleno han quedado para más adelante con la designación de ponentes.
Primeras recusaciones tras la renovación
El pleno del recién renovado Tribunal Constitucional estudiaba este martes las primeras recusaciones llegadas desde PP y Vox contra los nuevos magistrados nombrados a propuesta del Gobierno, el exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez, que en su trayectoria cuenta con recientes trabajos para la administración central como directora general de Coordinación Jurídica o directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de Presidencia.
Tanto Vox como el Partido Popular habían planteado varias recusaciones. Por ejemplo para que Campo se apartara de las deliberaciones sobre el voto a favor del diputado Alberto Casero a favor de la reforma laboral, o en el caso de Vox también en su recurso contra la ley del 'solo sí es sí'. El partido ultraderechista también había pedido que cuatro magistrados de la facción progresista del pleno fueran apartados de las deliberaciones sobre su recurso contra la reforma de la sedición y la malversación.
Laura Díez, por su parte, había puesto encima de la mesa la única abstención voluntaria. La catedrática proponía no formar parte de las deliberaciones sobre la ley catalana que regula el 25% de castellano en la aulas, al haber formado parte de un organismo que tuvo que informar sobre ella durante su elaboración.
La última renovación, con dos magistrados propuestos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial, implantó en el Tribunal Constitucional una mayoría progresista de siete integrantes inédita en la última década en el tribunal de garantías.
Varias de estas recusaciones impulsadas por Vox han quedado pendiente de decisión. Ricardo Enríquez será quien haga de ponente en la decisión sobre la reforma de la sedición e Inmaculada Montalbán de otra que afecta al propio Enríquez y a la demolición del complejo de Valdecañas en Extremadura.