El exministro Campo para el Tribunal Constitucional: la ética, la estética y la ley

Juan Carlos Campo, además de juez, ha sido ministro, diputado y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Siempre a propuesta de un partido, el PSOE, que ahora ha decidido nombrarlo magistrado del Tribunal Constitucional. 

Si el objetivo es “despolitizar la Justicia”, no parece la mejor opción. Llevar a un exministro de Justicia al Tribunal Constitucional es un regalo para la derecha, que encuentra en este tipo de decisiones del Gobierno la mejor munición. 

Su nombramiento –es importante explicarlo– es también perfectamente legal. No hay nada en la ley ni en la jurisprudencia que impida este nombramiento. El Tribunal Constitucional es un órgano político de interpretación de la Constitución, no un órgano judicial. Su designación no es, ni de lejos, el peor ejemplo que haya vivido ese tribunal donde el PP llegó a nombrar como presidente a un militante del partido. Pero desde un punto de vista ético y estético, que no legal, el Gobierno tendría que haberse esforzado en encontrar otro perfil: alguien progresista, por supuesto que sí, pero que no fuera tan fácil de atacar. Alguien que no sirviera de excusa para el discurso antisistema de la derecha judicial.

Hace apenas un mes, el PSOE estuvo muy cerca de llegar a un pacto con el PP para evitar las “puertas giratorias” en la Justicia. Un pacto que entonces sirvió de excusa para vetar para el CGPJ a la jueza Victoria Rosell. ¿Por qué las reglas éticas que proponía La Moncloa hace tan poco no valen hoy? ¿Ser juez y político de Podemos es más grave que serlo del PSOE o del PP?

No pongo en duda ni el criterio de Campo ni su compromiso con el servicio público ni tampoco su currículum profesional. Tampoco creo que el paso por la política deba inhabilitar a las personas de por vida. Pero ha transcurrido poco más de un año desde que Campo dejó el Consejo de Ministros. Muy poco tiempo. Y en muchas de las futuras sentencias del Constitucional, Juan Carlos Campo probablemente se tendrá que abstener, como ya le ocurría en su juzgado de la Audiencia Nacional. ¿De qué sirve que la mayoría progresista en el TC dependa de un magistrado que muchas veces no podrá siquiera votar?

Entiendo las razones que han llevado al Gobierno a tomar esta decisión. Porque saben lo que se juegan: todas las leyes del Gobierno de coalición dependen de las sentencias del Tribunal Constitucional. Porque saben en qué campo juegan: una justicia donde el PP copa todo el poder y donde la derecha se ha enrocado en el incumplimiento de la mismísima Constitución. Porque saben la historia: qué pasó con otros nombramientos del PSOE de juristas de perfil independiente para el Constitucional que salieron francamente mal.

Para entender el nombramiento de Juan Carlos Campo y de la catedrática Laura Díaz, ex alto cargo del Ministerio de Presidencia, hay que recordar qué ocurrió antes en ese mismo tribunal. Se resume en dos nombres: Manuel Aragón y Encarnación Roca.

Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien llevó hasta el Constitucional al jurista Manuel Aragón: un catedrático progresista independiente. Tan independiente que, una vez nombrado por el Gobierno del PSOE, acabó pasándose al bloque conservador. 

Fue ese cambio de posición de Manuel Aragón el que después permitió la sentencia más nefasta para la historia reciente de España: la que mutiló el Estatut catalán después de que lo hubieran aprobado por mayoría absoluta el Congreso de los Diputados, el Parlament catalán y los catalanes en referéndum. Una sentencia desastrosa y reaccionaria que en gran medida explica el auge independentista que llegó después y que fracturó la convivencia infinitamente más de lo que lo habría hecho ese frustrado intento de pacificar la relación entre Catalunya y España que supuso el malogrado Estatut. 

En Moncloa también recuerdan con temor el nombre de otra jurista supuestamente progresista de historia más reciente: Encarnación Roca. Llegó al Constitucional aupada por el PSOE y CiU. Pero una vez allí, se pasó en poco tiempo al bando conservador. Entre otros episodios, su voto fue clave para declarar como inconstitucional el estado de alarma durante la pandemia (dando la razón a Vox).

Con Juan Carlos Campo, o con Laura Díaz, el Gobierno confía en que esto no les vuelva a pasar. Y entiendo sus prevenciones pero ¿no tienen a nadie más? ¿No cuenta el Gobierno con ningún otro jurista o juez que respalde posiciones progresistas sin comprometer de forma tan grosera su apariencia de imparcialidad?  

No es estético. Es poco ético. Aunque sea perfectamente legal. Pero conviene no perder de vista estos criterios para denunciar también el impúdico cinismo de quien no cumple con ninguno de los tres. 

El Partido Popular no puede dar lecciones de ética. No después de ascender a alguien como Enrique Arnaldo al Tribunal Constitucional. Tampoco de estética: no después de promocionar a Enrique López a ese mismo tribunal. Pero es que la derecha ni siquiera cumple con lo más básico, que es la ley. 

Después de cuatro años saltándose su obligación constitucional de renovar el Poder Judicial, después de que sus vocales en el CGPJ pongan cada semana una excusa más pueril que la anterior para incumplir la ley y no nombrar a los magistrados que les toca en el TC, después del tipo de candidatos que ellos designan cada vez que tienen oportunidad, ¿cómo se atreven siquiera a criticar estos nombramientos? ¿Cómo se atreven siquiera a hablar de la Justicia con nada que no empiece con un “lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir”? 

La trampa de la derecha es muy fácil de identificar: reclaman a la izquierda que cumpla un estándar de rectitud diez veces más alto que el que ellos están dispuestos a asumir. Juegan con las reglas del fútbol americano, pero exigen al resto las maneras del ballet. Lo hacen siempre. Lo hicieron también en la última negociación del Consejo General del Poder Judicial. Un episodio donde Alberto Núñez Feijóo demostró qué tipo de liderazgo se puede esperar de un “estadista” como él: uno en el que bastan dos portadas de periódico para romper la palabra dada e incumplir con la Constitución. Alemania es Alemania y el PP es el PP, que diría ese gran cronista deportivo que es Mariano Rajoy Brey.

El nombramiento de Campo demuestra que el Gobierno ya ha asumido que no habrá acuerdo con este PP. Que es imposible retomar cualquier conversación. Que ya no hay nada que pactar con Alberto Núñez Feijóo. Por eso dan este paso, que no se dio mientras se mantuvo la esperanza de una posible negociación en la que el PP al fin cumpliera con la Constitución. Ya no hay ningún puente que salvar.

Pero la batalla contra los okupas de la Justicia por la renovación del Tribunal Constitucional aún dista mucho de terminar. Porque está por ver que la mayoría aún conservadora en el TC dé entrada a los dos magistrados nombrados por el Gobierno. Lo he explicado en artículos anteriores: la ley no dice que sea obligatorio esperar a que el CGPJ nombre a los dos magistrados que tiene obligación de designar (y que no nombra para impedir que la derecha pierda la mayoría que hoy tiene en el Constitucional). Pero quien debe interpretar esa ley es el mismo tribunal donde el PP tiene hoy la mayoría, así que es muy probable que se encastillen aún más. Todo esto, saltándose la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, mientras dan lecciones de ética, de estética y de moral a los demás.

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Juan Carlos Campo, además de juez, ha sido ministro, diputado y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Siempre a propuesta de un partido, el PSOE, que ahora ha decidido nombrarlo magistrado del Tribunal Constitucional. 

Si el objetivo es “despolitizar la Justicia”, no parece la mejor opción. Llevar a un exministro de Justicia al Tribunal Constitucional es un regalo para la derecha, que encuentra en este tipo de decisiones del Gobierno la mejor munición.