El exministro de Justicia Juan Carlos Campo ha cumplido seis meses en la Audiencia Nacional alejado de los procedimientos de trascendencia política. Destinado en la Sala de lo Penal, Campo se ha tenido que abstener de casi todos los grandes casos, lo que ha planteado el interrogante en algunos de sus compañeros acerca de la conveniencia de su regreso a la carrera judicial y, en concreto, a una sección que sufre una importante carga de trabajo por tener que resolver, entre otros, todos los recursos de la macrocausa Villarejo.
A Campo le ha correspondido por turno formar sala para adoptar decisiones correspondientes a la causa contra los Pujol, la que investiga a Tsunami Democràtic y, más recientemente, en el último caso abierto por Manuel García Castellón contra Podemos y su supuesta financiación irregular, amén de las citadas piezas del caso Villarejo, incluida la del espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados.
En el caso de la pieza secreta que se sigue contra Podemos, Juan Carlos Campo fue designado ponente el 17 de noviembre de 2021 para resolver el recurso de la Fiscalía. Casi un mes después, el 14 de diciembre, Campo comunicó su abstención, y hasta el 31 de enero, a los dos meses y medio, no se designó nuevo ponente para resolver el recurso presentado por la Fiscalía contra la investigación “prospectiva” del juez García Castellón. El pasado miércoles, un tribunal del que el exministro ya no formó parte, estimó el recurso del Ministerio Público en contra de la investigación emprendida por García Castellón.
El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece los motivos de abstención o recusación en un juez. El último de ellos, el decimosexto, menciona el “haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad”. A este alude Campo en un “escrito tipo” que envía a la Sala cada vez que aparece un caso con implicaciones “políticas”, señalan a elDiario.es fuentes de la propia Sala. Campo también se abstiene de decidir sobre los recursos a las extradiciones que concede el actual Gobierno.
Un caso paradigmático de las abstenciones de Campo son las piezas del caso Villarejo, donde Unidas Podemos, miembro del Gobierno de coalición que integró el exministro, ejerce la acusación popular. El motivo se ve reforzado en la pieza Kitchen, donde aparece como investigado el ministro del Interior durante el Gobierno del PP Jorge Fernández Díaz y el PSOE también ejerce la acción popular.
A Campo le tocó por reparto integrar el tribunal que resolverá el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, de las acusaciones populares y de gran parte de los imputados, contra el auto de fin de instrucción decretado el 29 de julio por el juez Manuel García Castellón. La decisión que adopte la Sala de lo Penal será un punto de inflexión en la investigación del caso más grave de corrupción en el Ministerio del Interior desde los GAL y aún está pendiente de su resolución pese a que los recursos fueron presentados en septiembre del pasado año. Precisamente, la Sección Tercera fijó el pasado viernes, 4 de marzo, para la deliberación y fallo, pero “necesidades del servicio” han obligado a que el sustituto de Campo y otros dos magistrados retrasen la trascendental decisión al 18 de marzo.
Fuentes de la Audiencia Nacional explican que Juan Carlos Campo realiza un minucioso trabajo de revisión de las causas en las que pueden aparecer motivos de abstención, que los procedimientos de los que se aparta se compensan con otros que se le asignan y que la resolución de recursos no es el único trabajo de la Sala, como es el caso de formar tribunal para juzgar causas, como el que integra en la actualidad el exministro de Justicia y que dictará sentencia sobre el caso Fitonovo, una trama de comisiones ilegales en varias provincias andaluzas.
Veinte años en cargos socialistas
Juan Carlos Campo lleva dos décadas desempeñando cargos de responsabilidad en administraciones del PSOE, tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno central. Ya en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero fue secretario de Estado de Justicia. Mientras tanto, su plaza sin ocupar estaba en la Audiencia Provincial de Cádiz. Fue poco antes de que Sánchez le eligiera como ministro de Justicia cuando el Consejo General del Poder Judicial le adjudicó, en diciembre de 2019, una plaza en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cargo que no llegó a ocupar hasta su salida del Ministerio e incorporación el pasado mes de septiembre.
Pedro Sánchez decidió prescindir de Juan Carlos Campo en su última renovación del Consejo de Ministros y sustituirle por Pilar Llop. En los meses previos, Campo fue una de las voces del Gobierno que con mayor intensidad se empleó en justificar los indultos a los condenados en la causa del procés. Fuentes de su entorno aseguran que no recibió una explicación de Sánchez de por qué su destitución y que el exministro tampoco la pidió.
En meses pasados se especuló con la candidatura de Campo al Tribunal Constitucional, aunque fuentes próximas a la negociación entre PP y PSOE aseguran que los socialistas nunca han valorado incluir a Campo en su terna de candidatos para el tribunal encargado de interpretar la Norma Fundamental.
La puerta giratoria para los jueces vivió uno de sus momentos más convulsos en los años noventa, con el regreso a la Audiencia Nacional de Baltasar Garzón, elegido por Felipe González delegado del Plan Nacional Antidrogas y que, tras dejar el cargo y regresar al tribunal especializado, reabrió la causa de los GAL, una de las grietas por las que se terminó derrumbando aquel Gobierno socialista. Una reforma posterior evitaba que los jueces regresaran al ejercicio activo de su carrera en los dos años siguientes a su paso por la política, pero esa restricción desapareció para establecer únicamente ciertas limitaciones. Hasta que en 2011, también con un Ejecutivo socialista, se volvió a autorizar el reingreso automático.
Coincidiendo con el regreso de Campo a la Audiencia Nacional, el PP planteó una nueva reforma, más restrictiva. Lo hizo por boca de su portavoz en asuntos de justicia, Enrique López, con destino en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, a la que podría volver si en algún momento deja de ser consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y no encuentra hueco en la próxima Ejecutiva del Partido Popular.