Juan Carlos I, un año después de su marcha a Emiratos: las investigaciones de la Fiscalía y de Hacienda cercan su fortuna opaca

A media tarde del 3 de agosto de 2020, la Casa Real anunció a través de un comunicado que Juan Carlos I había decidido marcharse de España ante la “repercusión pública” que estaban generando “ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada”. Lo que la Zarzuela intentó despachar hace justo un año como un tema personal —no informó hasta dos semanas después de que su destino era Emiratos Árabes Unidos— es en realidad un escándalo mayúsculo sobre el origen de parte de la fortuna de quien fuera jefe del Estado que ha cristalizado en hasta tres investigaciones por presunto fraude fiscal y blanqueo por parte de la Fiscalía del Supremo, tribunal ante el que está aforado tras perder el blindaje de la inviolabilidad con su abdicación en 2014. 

Fuentes fiscales consultadas por elDiario.es confirman que esas pesquisas siguen su curso hasta que el Ministerio Público acuerde presentar una querella contra el emérito o, en su caso, las archive si entiende que su actuación no es delictiva. El pasado marzo, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados y ante las críticas de algunos grupos parlamentarios por su tardanza en dar resultados, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, atribuyó la lentitud de las investigaciones a la “cooperación internacional” —había pendientes varias comisiones rogatorias cursadas a distintos países y eso retrasaba sus avances— y puso en valor que esas indagaciones habían permitido aflorar una cantidad “importante” e “inimaginable” de dinero para las arcas públicas. 

Se refería Delgado a los 678.393,72 euros que Juan Carlos I pagó en diciembre de 2020 para impedir una investigación penal sobre sus tarjetas opacas y los 4,4 millones de euros depositados en febrero de 2021 con los que pretendía regularizar los viajes de placer que durante años le pagó una fundación bajo sospecha. Esas regularizaciones voluntarias de cinco millones, realizadas tras conocer que estaba siendo investigado, suponen el reconocimiento por parte del emérito de que evadió impuestos al fisco español y el intento de evitar investigaciones penales que puedan comprometer seriamente su futuro judicial. 

No obstante, el pago de 4,4 millones de euros motivó otra investigación de Hacienda sobre la procedencia de esos fondos. Según desveló recientemente El País, en virtud de estas pesquisas la Agencia Tributaria rastrea ingresos en metálico y pagos de la cuenta en un banco español en la que el emérito cobraba su sueldo público de 198.845 euros desde su abdicación en 2014. Inspectores y técnicos de Hacienda criticaron en ese momento que el emérito hubiera podido regularizar los gastos de la Fundación Zagatka antes de que se le denunciara o abriera una inspección. 

Las tres investigaciones de la Fiscalía 

En el ámbito de la Fiscalía, la más reciente de las pesquisas abiertas, de noviembre de 2020, es la que se centra en la existencia de un ‘trust’ [un grupo de empresas unidas para monopolizar el mercado y controlar los precios] que movió 10 millones de euros a una cuenta en la isla de Jersey en la que Juan Carlos I figura como beneficiario. Esas diligencias tienen su origen en un “informe de inteligencia” del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero negro y la que da la alerta sobre movimientos sospechosos de capitales.

Esta no era la primera vez que en el Sepblac, departamento que depende del Ministerio de Economía, saltaban las alarmas en relación al emérito. Otro aviso de esta unidad está en el origen de otra investigación, revelada por elDiario.es, sobre los gastos que Juan Carlos I y otros familiares —entre ellos, la reina Sofía y algunos de sus nietos— hicieron en 2016, 2017 y 2018 con tarjetas opacas que se nutrían de fondos no declarados a Hacienda. Se trata de gastos posteriores a su abdicación y a que perdiera la protección constitucional que le hacía inimputable por todos los posibles delitos cometidos durante los casi cuarenta años que estuvo en el trono. 

Parte de los fondos de esas tarjetas provienen de un viejo amigo de Juan Carlos I, el millonario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, principal accionista de varios fondos inmobiliarios. Para su uso, el emérito contó con la ayuda del teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, quien fue su ayudante de campo hasta que pasó a la reserva. Murga Mendoza es, según la investigación, el testaferro del dinero que Sanginés-Krause presuntamente puso a disposición de la familia real para cubrir una parte de sus gastos personales.

En este caso se investiga un posible delito fiscal, lo que requiere un fraude superior a los 120.000 euros anuales defraudados, que es el límite a partir del cual se comete este delito. Lo que indaga el Ministerio Público es si en cada uno de los ejercicios analizados —2016, 2017 y 2018— el rey y sus familiares gastaron más de 275.000 euros (no haber declarado esa cantidad implicaría haber defraudado 120.000 euros en impuestos) con cargo a cuentas que no estaban a su nombre. Precisamente para evitar una investigación penal por este fraude, el emérito abonó los citados 678.393,72 en concepto de “deuda tributaria” por las cantidades no declaradas que percibió de Sanginés-Krause. 

Los 65 millones saudíes

La primera investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción hace más de un año, y que luego pasó al Supremo, indaga sobre los 65 millones de euros que recibió Juan Carlos I de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen. Esa transferencia está siendo investigada por las fiscalías española y suiza por considerar que podría ser una comisión a cambio de que el monarca mediara para que las empresas españolas que construyeron el AVE a La Meca aceptaran una rebaja sustancial en el precio de las obras.

Juan Carlos I abrió una cuenta en la banca privada Mirabaud a nombre de la sociedad instrumental panameña Lucum Foundation para camuflar esa donación, que traspasó en 2012 a una cuenta de Corinna Larsen, “un obsequio” tras cinco años de relación extramatrimonial con el monarca, según los abogados de la empresaria alemana. Se han publicado informaciones, sin haber sido desmentidas, que apuntan a que Juan Carlos I retiró durante años hasta 100.000 euros mensuales de esa cuenta. Según publicó El Confidencial, el monarca habría usado el dinero para sufragar gastos no declarados de toda la familia real al menos entre 2008 y 2012. 

Aunque en España esa investigación parece estar abocada al archivo al tratarse de unos presuntos delitos previos a su abdicación las pesquisas siguen todavía abiertas. De hecho, los fiscales que las llevan a cabo bajo la dirección del número dos de la Fiscalía General del Estado, Juan Ignacio Campos, se reunieron el pasado junio con el fiscal suizo Yves Bertossa, quien inició en ese país la primera investigación sobre el patrimonio opaco de Juan Carlos I, según reveló El País. Ambos equipos pusieron en común datos sobre las investigaciones. Bertossa inició esa investigación en el verano de 2018 tras la publicación de unos audios en los que Larsen atribuía al emérito el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en ese país. La conversación había tenido lugar en Londres en 2015 con el comisario jubilado José Villarejo, acusado por múltiples delitos, y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. 

El horizonte judicial de Juan Carlos I también puede complicarse en el Reino Unido, donde la empresaria alemana Corinna Larsen le ha denunciado recientemente ante la justicia británica por amenazas. En el escrito de sus abogados, según adelanta Financial Times, Larsen solicita una orden de alejamiento del anterior jefe del Estado y de cualquier agente del servicio de Inteligencia español, el CNI, para que no puedan acercarse a menos de 150 metros de sus residencias.