La ley del 'solo sí es sí' ha provocado al menos 978 rebajas de penas a delincuentes sexuales, de las que 104 han supuesto la salida de la cárcel del agresor, según los datos recabados hasta el 31 de marzo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones.
El órgano de gobierno de los jueces ha actualizado este viernes el balance oficial que publicó el pasado 2 de marzo. La cifra publicada incluye las rebajas acordadas por el Tribunal Supremo (15), la Audiencia Nacional (1), los tribunales superiores de justicia (82) y las audiencias provinciales (880) desde que entró en vigor la norma, el pasado 7 de octubre.
Estas resoluciones han provocado que al menos 104 agresores hayan salido en libertad antes de lo que les hubiera correspondido con la ley anterior, aunque el CGPJ advierte de que algún órgano judicial no ha aportado esta información.
La estadística no es completa, ya que el CGPJ tampoco dispone de la cifra global de causas que se han revisado, que están tramitándose o pendientes de revisar. El porcentaje de revisiones que implican reducción de condena está en el 32%, aunque el órgano advierte de que siete de los 17 tribunales autonómicos y 12 de las 52 audiencias provinciales no han facilitado información sobre el número total de sentencias que han revisado. Han trasladado sólo la información de aquellas que han supuesto rebajas de penas.
El impacto en el Supremo
Sí lo ha hecho el Tribunal Supremo, que ha firmado hasta el momento 15 revisiones de condenas de un total de 37 sentencias analizadas que estaban en fase de recurso. Es decir, de procedimientos sobre los que no se había dictado una sentencia firme cuando entró en vigor la ley del 'solo sí es sí', pero que sí se han podido impugnar bajo el prisma de la nueva norma. Por lo tanto, el Supremo ha rebajado la pena agresores en el 40,5% de las sentencias revisadas.
Además, la Sala Segunda del Alto Tribunal tiene pendiente de resolver más de un centenar de recursos contra sentencias que ya eran firmes antes de que entrara en vigor la nueva regulación y que se han visto reducidas en virtud del principio básico del derecho que obliga a aplicar al reo la ley penal más favorable. La Sala celebrará un pleno los días 6 y 7 de junio para unificar criterio.
Esta unificación es clave porque los jueces de los diferentes territorios están adoptando posiciones contradictorias. Sólo las audiencias de Navarra, La Rioja, Cáceres, Badajoz y, en menor medida, Bizkaia están siguiendo la tesis de la Fiscalía, que defiende que sólo deben reducirse las condenas si la pena anterior no puede ser impuesta con la nueva ley o si resultan “desproporcionadas” respecto a la nueva regulación.
El CGPJ ha actualizado el balance oficial de reducciones en pleno debate político en torno a las propuestas que han presentado los socios del Gobierno para evitar que, a futuro, agresores sexuales puedan tener condenas más bajas de las que les hubiera correspondido con el anterior Código Penal.
El foco se ha trasladado ahora al Congreso, donde el pleno votará esta semana la propuesta de reforma presentada por el PSOE y a la que Unidas Podemos ha presentado una batería de enmiendas. El diálogo entre los socios sigue enrocado en la fórmula utilizada para subir las penas para los supuestos con violencia o intimidación.