Unidas Podemos ha registrado una decena de enmiendas a la propuesta de reforma de la ley del 'solo sí es sí' presentada por el PSOE ante el goteo de rebajas de penas a delincuentes sexuales desde la entrada en vigor de la norma. El grupo confederal rechaza la propuesta socialista que introduce de nuevo la evaluación de la violencia y la intimidación para que la existencia de estas circunstancias determine un mayor castigo y propone a cambio recolocar esas circunstancias como agravantes para elevar las penas en esos casos hasta un máximo de ocho años para los delitos de agresión y hasta quince para los de violación, un esquema con penas más duras incluso que las planteadas por el PSOE.
La propuesta que registró el Partido Socialista en solitario en febrero mantiene las horquillas actuales (más bajas que antes del ‘solo sí es sí’) en el tipo general. Y añade en cada artículo una gradación más alta (similar a la de la legislación anterior) para los supuestos en los que existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad. Este punto es el que provocó el choque desde el principio con el Ministerio de Igualdad, que entendía que introducir la violencia o la intimidación como factor de diferenciación suponía de facto volver al Código Penal anterior y modificar el corazón de la ley por afectar, en su opinión, a la base del consentimiento.
El texto que propone ahora Unidas Podemos va “en la misma línea” que las de Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu, según han confirmado este lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. “Hemos registrado enmiendas porque, pese a intentar hasta el último momento llegar a un acuerdo, es necesario mejorar la aplicación de la ley pero no retroceder ni degradar el sistema del consentimiento”, ha indicado Rosell en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.
“Después de cuatro meses vemos que quienes tienen una idea más progresista y feminista de los derechos de las mujeres coincidimos en que la violencia o la intimidación pueden ser circunstancias agravantes y de hecho lo son pero no tienen que impactar en el sistema como antes, no hace falta un retroceso como el que quiere el Partido Popular”, ha añadido Rosell. “Nuestras enmiendas van en línea de lo que ERC y EH Bildu han planteado. La mayoría de la investidura, que es una mayoría plurinacional y progresista, llevamos muchos meses trabajando de forma coordinada”, había dicho poco antes la ministra de Igualdad en La Hora de La 1.
Para mantener el consentimiento en el centro de la ley como defiende Igualdad, la propuesta de Unidas Podemos, registrada en la mañana de este lunes, propone dejar los artículos 178 y 179 del Código Penal tal y como quedaron redactados con la de Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida comúnmente como ley del 'solo sí es sí'.
Con la aprobación de esa norma, en septiembre del año pasado, los anteriores delitos de abuso y agresión sexual quedaron agrupados en uno solo, el de agresión. La redacción del artículo 178 quedaba así: “Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”. En los delitos de agresión sexual estaban comprendidos todos los casos en los que hubiera violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, “así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido” y “cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad”. El siguiente artículo, el 179, contemplaba penas de cuatro a doce años para los casos en los que hubiese violación (acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías).
Ante la sucesión de rebajas de condenas en los últimos meses el PSOE registró el pasado febrero una propuesta que introducía en el artículo 178 y en el 179 dos puntos para separar aquellos delitos en los que no había violencia o intimidación y en los que sí. De esta manera, se introducía una nueva escala: de uno a cuatro años de prisión para aquellas agresiones sin violencia ni intimidación; de uno a cinco años para aquellas agresiones con violencia o intimidación; de cuatro a doce años para las violaciones sin violencia ni intimidación; de seis a doce para aquellas violaciones con violencia o intimidación.
El Ministerio de Igualdad criticó desde el primer momento que esta configuración creaba “dos subtipos penales” y suponía volver de facto al Código Penal anterior en el que se diferenciaba entre abuso y violación y es en este punto donde llevan enrocadas las posiciones desde el principio de las negociaciones, en diciembre, cuando el Gobierno entendió que debía modificar la ley para tratar de evitar las futuras rebajas de penas.
La propuesta que hace ahora Unidas Podemos mantiene la redacción de los artículos 178 y 179 tal y como figura en la ley que está ahora mismo en vigor y recoloca la violencia y la intimidación como agravantes para elevar las penas a una horquilla de dos a ocho años para las agresiones y de siete a quince para los delitos de violación. Además de considerar agravantes la violencia o intimidación, Unidas Podemos introduce algunos puntos más. Por ejemplo, considera que se deben imponer estas horquillas más altas cuando el agresor se valga de su condición de “persona allegada a la víctima” para cometer el delito, una circunstancia que se suma a las que ya contemplaba la norma anterior: cuando hubiese un a situación o relación de convivencia, de parentesco o de superioridad.
“Al introducir agravantes lo que se hace es evitar que en determinados casos (con violencia, con intimidación, cuando son personas allegadas) se acuda a la pena mínima, que ese está siendo el problema, hay sentencias que acudían a la mínima y si se les da otra posibilidad de mínima, aunque el derecho transitorio no lo diga así, podrán aplicar automáticamente que creemos, y la Fiscalía General del Estado también lo cree, no es correcta”, ha explicado Rosell.
Una propuesta en “absoluta sintonía” con ERC y EH Bildu
El texto que ha registrado Unidas Podemos es muy similar al que presentaron la semana pasada Esquerra Republicana y EH Bildu. Desde el Ministerio de Igualdad afirman que desde que se comenzó a estudiar la reforma de la ley el trabajo con estos grupos ha sido constante y creen que lo que plantean está en “absoluta sintonía” con las fuerzas independentistas.
Las fuerzas independentistas trataron de abordar la disyuntiva entre el Ministerio de Justicia e Igualdad colocando en sus enmiendas la violencia como un agravante. Al mismo tiempo, y en esto sí difiere su propuesta con la de UP, proponen cambiar la definición de consentimiento para precisar que “no se deducirá que hay consentimiento por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa”, un añadido que no estaba ni en la ley en vigor ni en la propuesta de modificación de los socialistas.
ERC y EH Bildu también incorporaban algunas enmiendas que ya propusieron durante la tramitación parlamentaria de la ley en vigor, pero desde Igualdad sostienen que las discrepancias son mínimas y que el acuerdo en el grueso de las enmiendas es casi total. De hecho, desde el Ministerio que dirige Irene Montero creen que ese acuerdo entre la mayoría “progresista y feminista” en el Congreso puede llevar al PSOE a sentarse en la mesa para alcanzar un acuerdo.
Rosell ha dicho este lunes que han intentado el acuerdo “hasta el final” -hoy concluía el plazo para que los grupos pudieran registrar enmiendas- pero que siguen estando “dispuestas” a negociar hasta los “últimos días u horas”.