La unanimidad con la que, tras un complicado proceso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió a finales de diciembre a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional ha durado un suspiro. El último pleno monográfico convocado para abordar los problemas que la parálisis del órgano está provocando en la cúpula judicial evidenció hasta qué punto es una institución “en proceso de descomposición”, en palabras de un vocal. Los consejeros ni siquiera se pusieron de acuerdo para consensuar una declaración al respecto. Y a esa cita han seguido hasta cuatro votos particulares en los que vocales de uno y otro signo se lanzan severos reproches.
El bloqueo al que está sometido el CGPJ desde 2018 es consecuencia de los cálculos partidistas del Partido Popular, cuyos dirigentes están dispuestos a alargar esta situación hasta el final de la legislatura tras dinamitar en el último momento el más reciente intento de acuerdo el pasado octubre. El órgano ya ha superado los cuatro años en funciones en una situación absolutamente precaria: con un presidente “por sustitución” que tiene tasadas sus funciones, un pleno mermado (con 18 de sus 21 miembros originales) y unas atribuciones también limitadas. Principalmente, su función esencial de realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que ha derivado en una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo porque no se pueden cubrir vacantes.
Con el objetivo de abordar esta situación, el pleno celebró una sesión monográfica y extraordinaria el pasado 9 de febrero. Una cita que puso de manifiesto la incapacidad de los vocales de llegar a acuerdo alguno. 14 de los 18 vocales mostraron su disposición a llevar a cabo alguna iniciativa que evidenciara los efectos de la parálisis pero no hubo acuerdo ni en el qué ni en el cómo. Los 11 vocales que no tienen dedicación completa reciben 975 euros por cada pleno al que asisten. El resto tiene un salario anual que supera los 120.000 euros. Lo habitual es que haya un pleno ordinario al mes, al que se suman los extraordinarios que acuerde el presidente o pidan al menos cinco vocales.
La Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución, formado por cuatro conservadores y tres progresistas— propuso instar al Congreso y al Senado a renovar la institución y, en caso de no producirse, reclamar la modificación de la ley del Poder Judicial para que se les devolviera la “atribución” de hacer nombramientos. Su texto también insistía en que esa reforma está generando “gravísimos perjuicios” a la tutela judicial de los ciudadanos. Ese cambio legal fue impulsado por los socios de Gobierno para forzar la renovación del CGPJ y fue recurrido por el PP y Vox ante el Constitucional.
La propuesta de la Permanente se hacía eco de un informe en el que la Sala de Gobierno del Supremo instó al Parlamento a que ponga “remedio” de “inmediato” a una situación “insostenible”, si bien jueces no hacían propuestas concretas y se limitaban a pedir “iniciativas” que impidieran que empeore este escenario. El núcleo duro del CGPJ sí iba más allá y decía, entre otras cosas, que no resultaba “coherente” que se hubiera cambiado la ley para renovar el Constitucional y que no se hiciera lo propio con los “restantes nombramientos”.
Esa iniciativa sólo recibió siete votos (cuatro progresistas y tres conservadores). Los otros once vocales votaron en contra, incluido el conservador José Antonio Ballestero Pascual, que forma parte de ese órgano reducido. Cuatro de los que la respaldaron —los conservadores Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz y el progresista Álvaro Cuesta— trataron de defenderla en un voto particular en el que pusieron en valor su “espíritu de consenso” y afearon al pleno no haber dado su apoyo a un acuerdo “necesario” ante “una situación de extrema gravedad”.
Entre quienes la rechazaron hay vocales que la consideraron “inaceptable” al entender que iba a propiciar un escenario de confrontación con otros poderes del Estado. Especialmente, con el Legislativo. “Es una barbaridad que el Consejo se dirija al Parlamento para decirle lo que tiene que hacer. Un exceso”, dice un vocal.
“Actitud complaciente”
Otros consejeros, sin embargo, la calificaron de “inútil”, “decepcionante” e “insuficiente”. Es lo que plasmaron en un voto particular los conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martinez Tristán, José María Macías y María Ángeles Carmona, quienes suelen tener posiciones muy críticas con el Gobierno. En su escrito, acusaban a sus compañeros de la Permanente de adoptar una “actitud complaciente” que “hace el juego” a quienes “socavan los fundamentos del Estado de derecho”, en alusión a los partidos que promovieron y aprobaron la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando está en funciones.
Estos últimos vocales habían respaldado la segunda de las propuestas que se sometió a votación, firmada por Enrique Lucas (elegido a propuesta del PNV) y Gerardo Martínez Tristán (designado por el PP). También fue rechazada con siete votos a favor y once en contra. Su texto coincidía con el de la Permanente en pedir la renovación o la devolución de competencias. Pero, entre tanto, solicitaba a las Cámaras que se habilitara al CGPJ para hacer los nombramientos que permitan cubrir, a propuesta del Supremo, el “mínimo” de vacantes necesario para garantizar el “normal funcionamiento” de sus distintas Salas.
“Creí que era preciso acentuar el sentido institucional y alejarse de cualquier término o mención al origen y agravamiento de la situación existente que se prestara a interpretaciones de carácter político, riesgo que veía en algunos párrafos de la propuesta de la Comisión Permanente. Por eso, mi propuesta intentaba ser lo más objetiva y aséptica posible”, escribió Enrique Lucas, al que se suele colocar en el sector progresista, en otro voto particular.
En ese mismo escrito se refiere al pleno como “fiasco” y a la situación generada como “desastre”. Tampoco oculta su pesar por la dificultad para forjar acuerdos, lo que, a su juicio, agudiza el “descrédito institucional” del órgano. “Es muy difícil de entender que existiendo como existía, una coincidencia tan grande en lo fundamental, no fuéramos capaces de acordar un texto común en el que todos tendríamos que haber renunciado a algo”, recoge su voto particular.
El cuarto de los votos particulares lo firma la vocal Concepción Sáez, elegida a propuesta de Izquierda Unida. Sáez no respaldó ninguna de las dos propuestas: votó en contra del texto de la Permanente y en blanco al llamado texto alternativo. En su escrito afirma que la petición al Parlamento de modificación urgente del artículo de la ley que impide al CGPJ hacer nombramientos es “una injerencia inaceptable en las competencias constitucionales de otro poder del Estado”.
La vocal es especialmente crítica con el escrito de la Permanente: cuestiona que equipare la causa (la no renovación en plazo del CGPJ), con los efectos (la ley que le impide nombrar y sus consecuencias) y considera “inaceptable” que califique de “ineficaz” esa reforma. A juicio de Sáez, lo ocurrido en ese pleno es “una muestra más del profundo deterioro” del órgano. Una situación de la que responsabiliza a “quienes de manera sistemática, organizada y prolongada están impidiendo desde hace más de cuatro años su renovación”.
15 nuevos letrados
Ante este escenario, la Permanente acordó este jueves remitir al Congreso y al Senado el citado informe en el que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo advierte de la “situación crítica” de algunas de sus salas. Pero sin alusiones a la ley que le impide hacer nombramientos o a la necesidad de renovación.
También aprobó pedir al Ministerio de Justicia medidas de refuerzo que puedan contribuir a aliviar la situación del Alto Tribunal. En concreto, la creación de 15 plazas de letrados en el Supremo. El objetivo es reforzar el órgano que asiste a los jueces en la admisión de asuntos y colabora con la realización de los estudios e informes que se les soliciten. Este viernes, un portavoz del ministerio rechazó pronunciarse sobre esa petición con el argumento de que todavía no se había recibido por el cauce oficial. Según el departamento que dirige Pilar Llop, desde 2021, se han invertido 1,3 millones de euros en reforzar el Supremo. Principalmente, por la incorporación de letrados al gabinete técnico.