El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la institución más importante del tercer poder del Estado. Un órgano constitucional creado para garantizar la independencia de más de 5.000 jueces y magistrados y tomar las decisiones más relevantes en materia de nombramientos, ascensos o régimen disciplinario. Pero desde hace cuatro años es también una institución sometida a una situación de parálisis inédita en democracia. Este bloqueo es consecuencia de los cálculos partidistas del Partido Popular, cuyos dirigentes han desplegado una batería de justificaciones cambiantes para evitar su renovación y perder su poder en una de las instituciones clave del Estado.
El CGPJ cruza este domingo el umbral de los cuatro años en funciones en una situación absolutamente precaria: con un presidente “por sustitución” elegido tras la dimisión de Carlos Lesmes, un pleno mermado (con 18 de sus 21 miembros originales) y unas atribuciones también limitadas. Desde marzo de 2021 tiene prohibido ejercer su función principal: realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que ha derivado en una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo porque no se pueden cubrir vacantes.
Y, entre tanto, un grupo de vocales, los más cercanos al Partido Popular, se han erigido como una suerte de oposición al Gobierno desde dentro del órgano. Son ocho de los diez jueces y juristas del sector conservador, que buscan el choque con el Ejecutivo a la menor ocasión al tiempo que bloquean la renovación del Tribunal Constitucional, que es la misión principal que tiene ahora el órgano. De esta forma, se está prolongando la mayoría conservadora del tribunal que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto o la eutanasia. En el minoritario grupo progresista hay quien piensa que los consejeros conservadores siguen con la renovación del Constitucional una estrategia de bloqueo que reproduce la que mantiene Génova en relación al CGPJ.
El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV. Los puestos vacantes por la jubilación del conservador Rafael Valverde y el fallecimiento de la progresista Victoria Cinto no se han podido cubrir. Tampoco el de Lesmes, que dimitió el pasado 9 de octubre cuando llevaba casi cuatro años al frente de una institución con el mandato caducado. Era la primera vez en la historia que el bloqueo institucional forzaba la dimisión de la primera autoridad judicial del Estado. Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar, se despidió repartiendo culpas por igual al PSOE y al PP. Reprochó a ambos partidos su “reiterada indiferencia” a sus llamamientos a atajar una situación que “debilita y erosiona a las principales instituciones de la Justicia y el Estado de Derecho”.
Así las cosas, el CGPJ ha seguido funcionando con una composición de mayoría conservadora heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy y que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria dibujada ahora por las urnas. De hecho, se han celebrado cuatro elecciones generales desde que se eligió en diciembre de 2013.
Los conservadores, que salieron de la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez, se han resistido durante los últimos cuatro años a pactar la renovación, que tiene que ser acordada por una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. Por un lado, al conservar la mayoría en un órgano que durante dos años y medio siguió haciendo nombramientos en la cúpula judicial a pesar de tener su mandato caducado. Y, por otro, ante la expectativa de que un acuerdo con el PSOE les pudiera perjudicar electoralmente frente a Vox.
Han utilizado, para ello, una batería de justificaciones cambiantes y crecientes que han ido desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones, al sí de EH Bildu a los Presupuestos o la posición del socio minoritario del Gobierno en contra de la monarquía. El último intento frustrado de renovación fue hace solo unas semanas, a finales de octubre. Pero el PP rompió entonces unilateralmente las negociaciones después de que trascendiera la reforma del delito de sedición.
También han reclamado un cambio en el sistema de elección para que los 12 vocales judiciales sean elegidos de forma directa por los jueces, como sucedía hasta 1985. En la actualidad los jueces hacen una criba de nombres, y luego los partidos eligen, siempre que alcancen esa mayoría en el Congreso. Es una reforma que el PP no promovió en sus dos mayorías absolutas. Además, la fórmula actual de elección parlamentaria fue ratificada en un pacto suscrito en 2001 con el PSOE, que se niega a aceptar esta reforma.
Desde la restauración de la democracia, los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ —entre 1995 y 1996, entre 2006 y 2008 y el actual— han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo. En ese lento proceso participaron en su día José María Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado y ahora lo hace Alberto Nuñez Feijóo y ha supuesto que la Sala de lo Penal pasara de estar formada en 1995 por siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2022 sean 12 conservadores frente a cuatro progresistas. Esa es la sala que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción.
Sin dimisiones a la vista
Tanto en el Gobierno como en el propio CGPJ están convencidos de que no habrá renovación hasta después de las generales previstas para finales del año que viene y se formen de nuevo las cámaras. La renuncia en bloque que han solicitado sectores de la judicatura como la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia tampoco ha tenido eco entre los vocales y no se esperan a corto plazo salidas individuales. Tras la dimisión de Lesmes, los miembros del órgano dejaron claro en un pleno que su voluntad era que nada cambiara en la institución. En un comunicado, afirmaron que seguirían trabajando “con plena normalidad” y ejerciendo “todas y cada una de las competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico”.
La posibilidad de que los vocales renunciaran para forzar la renovación se abordó sin éxito en un pleno celebrado en diciembre de 2020, en plena bronca con los partidos que sustentan al Gobierno a propósito de la reforma que acabó quitando competencias al CGPJ cuando está en funciones. Entonces, el vocal progresista Álvaro Cuesta planteó una propuesta de resolución para que todos sus miembros anunciaran su “renuncia” a partir del 1 de enero, cuando ya se habían cumplido de largo dos años con el mandato caducado. Esa iniciativa, sin embargo, sólo fue respaldada por otros cuatro vocales del sector progresista —Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda— y nunca llegó a fraguarse en una iniciativa concreta.
Con un presupuesto anual de 76 millones de euros, el CGPJ ofrece algunos de los sueldos más altos de la Administración. El presidente y los seis vocales con dedicación exclusiva cobran más de 120.000 euros anuales — a los que hay que sumar los trienios o el complemento de antigüedad— y tienen a su disposición un coche oficial y personal de secretaría. El resto de los vocales lo son solo a tiempo parcial, sin dedicación exclusiva, con un sueldo menor. Estos vocales reciben dietas únicamente por asistir a los plenos o a las comisiones de las que forman parte, establecidas en 975 euros y 312 euros respectivamente. Durante 2021, los miembros del CGPJ que no tienen dedicación exclusiva recibieron, en total, 278.694 euros brutos, con una media de algo más de 21.000 euros brutos anuales.
La situación del Supremo
A la grave anomalía que supone que un órgano constitucional lleve cuatro años con el mandato caducado, se suma la parálisis que está provocando esta situación en distintos ámbitos de la Justicia. Especialmente, en el Tribunal Supremo, donde las vacantes ascenderán a 20 en los próximos meses, lo que supone el 25% de sus jueces. Por ejemplo, el 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar porque se habrá quedado sin miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar. Esos puestos no se pueden cubrir porque, desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando, como sucede ahora, está en funciones.
Hasta entonces, un órgano caducado y con una correlación de fuerzas que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria, había hecho 74 nombramientos en puestos clave. La reforma que regula la interinidad del CGPJ ha sido uno de los mayores puntos de fricción entre ambos poderes del Estado. Los socios de Gobierno defendieron la necesidad de acabar con un vacío legal, pues hasta entonces la única competencia que no podía ejercer el CGPJ en funciones era nombrar a un nuevo presidente. Pero detrás de su aprobación estaba también el intento de aumentar la presión para que el PP accediera a renovar el órgano tras varios intentos fracasados. Tampoco fue posible.
Ahora, el CGPJ estudia qué opciones hay para reforzar el Alto Tribunal en la actual coyuntura. La solución que se ve ahora como más “eficiente” y “plausible” es reforzar el gabinete técnico con magistrados de otros tribunales. Este órgano asiste a los jueces en la admisión de asuntos y colabora con la realización de los estudios e informes que se les soliciten. Algunas fuentes ven “extrema y complicada” otra de las opciones que se ha barajado: el nombramiento de jueces en comisión de servicio. Por ejemplo, de la Audiencia Nacional. Aunque existe algún precedente, supondría tener una bolsa de jueces en esa situación administrativa en una categoría superior a la que ostentan en realidad, lo que podría ser “problemático”, sostienen. Tampoco convence a la mayoría la utilización de jueces jubilados. Las fuentes consultadas explican que exigiría una reforma legal porque la figura del magistrado emérito fue eliminada por el PP en 2015.