El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votará este próximo miércoles estando en funciones y con una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta la renovación de diez cargos discrecionales en la cúpula judicial, seis de ellos en el Tribunal Supremo. Así lo recoge el orden del día del Pleno, elaborado por su presidente, Carlos Lesmes, que ha convocado a los vocales para el 30 de septiembre a las 10 horas. La decisión de Lesmes de seguir adelante con los nombramientos llega en un momento de máxima tensión con el Gobierno a raíz de la ausencia del rey Felipe VI en un acto en Barcelona.
Entre las plazas más delicadas que tiene previsto renovar el órgano del gobierno de los jueces están tres en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción. Estas plazas están vacantes desde diciembre de 2019 por la jubilación de los magistrados Luciano Varela, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro. Los jueces de esta Sala de lo Penal son los que tendrán la última palabra sobre sentencias de casos tan relevantes como la Gürtel o los ERE. También serían los encargados de decidir sobre la apertura de una causa penal contra Juan Carlos I en caso de que así lo solicitara la Fiscalía del Alto Tribunal.
Por otro lado, se abordará la adjudicación de tres presidencias de sala del Supremo: la Tercera, de lo Contencioso, donde se ven los pleitos contra la Administración; la Cuarta, de lo Social, encargada de examinar conflictos laborales; y la Quinta, de lo Militar. Los candidatos en este caso ya son magistrados del Supremo, pues es uno de los requisitos que establecen las bases. Con estas designaciones, el actual CGPJ habrá renovado estando en funciones las presidencias de sus cinco salas jurisdiccionales. El presidente de la Sala Primera, de lo Civil, Francisco Marín Castán; fue reelegido en febrero de 2019 y el de la Segunda, de lo Penal, Manuel Marchena; en octubre de ese año. Asimismo, está previsto que este miércoles se vote también la renovación de las presidencias del TSJ de Canarias, de la Audiencia Provincial de Ourense y dos presidencias de Sala en los TSJ de Asturias y Andalucía.
Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar, dejó claro en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial que los nombramientos en la cúpula judicial deben seguir desarrollándose “con normalidad”. “Lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental”, aseguró. Fuentes del CGPJ recuerdan que el Reglamento de nombramientos establece que las vacantes tienen que publicarse en el BOE “inmediatamente de producidas” y que el Consejo tiene que resolver “en el plazo máximo de seis meses”. Además, explican que la existencia de tres vacantes en la Sala Segunda supone que el 20% de su planta esté sin cubrir, lo que puede afectar a su funcionamiento si la situación se alarga en el tiempo.
El inicio de la situación de interinidad en el órgano de gobierno de los jueces se remonta al 4 de diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años del actual Consejo. La situación se ha mantenido desde entonces por la repetición electoral y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. La negativa de Pablo Casado a pactar su renovación permite mantener un equilibrio de fuerzas que favorece al sector conservador en el que la derecha controla 12 de los 21 votos del Pleno del CGPJ.
Este fin de semana, PSOE, Unidas Podemos y las fuerzas parlamentarias que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, además de JxCat, “exigieron” la colaboración del resto de los grupos parlamentarios para cumplir el mandato legal de renovar la composición de las instituciones cuyo tiempo de ejercicio ha caducado. “Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento [de bloqueo a la renovación], que contraviene el interés general de manera flagrante”, decía un comunicado conjunto.
Diez entidades relacionadas con el ámbito judicial han hecho público este lunes un comunicado en el que subrayan que el hecho de que el mandato del CGPJ esté caducado desde hace casi dos años “pone en duda la legitimidad de los nombramientos que se van a producir esta semana”. El texto, impulsado por la ​Comisión de Defensa del Colegio de la abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) de Madrid, pide al órgano de gobierno de los jueces que deje de actuar con ​“abuso de derecho” y que se “proceda a ​evitar el descrédito que conllevaría el nombramiento de altos cargos de la mgistratura”, pues “erosionaría indudablemente el sistema de representación política consagrado en la Constitución para el CGPJ como poder del Estado.”
También la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado al CGPJ que, mientras esté en funciones, limite su gestión al despacho ordinario de asuntos públicos y se abstenga de hacer nombramientos.