El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha rechazado la propuesta de informe favorable al Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda presentada por el vocal progresista Álvaro Cuesta, que planteaba, aunque con objeciones, respaldar la norma que por primera vez pretende poner freno al alza de los precios del alquiler en las llamadas áreas tensionadas, situadas principalmente en grandes ciudades. El borrador ha obtenido el apoyo de sólo seis de los 21 miembros del pleno, reunido en sesión extraordinaria. Otros 14 vocales y el presidente, Carlos Lesmes, han votado el contra. El texto necesitaba al menos once votos para salir adelante.
La decisión del órgano de gobierno de los jueces impide que la regulación que permite topar ciertos alquileres se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes, tal y como estaba previsto. Aunque las conclusiones del informe no son vinculantes para el Gobierno, la aprobación del dictamen sí es un trámite preceptivo.
La principal crítica recibida por el borrador de Cuesta es que, tanto el anteproyecto como el informe, obvian que la Constitución establece que las comunidades autónomas también pueden asumir competencias en materia de vivienda. En consecuencia, el CGPJ ha acordado designar nuevos ponentes, que serán José Antonio Ballestero, elegido a propuesta del PP; y Enrique Lucas, designado a propuesta del PNV y autor de una enmienda a la totalidad que ha recibido 15 votos. El nuevo texto se debatirá en el pleno ordinario del próximo día 27 de enero.
En contra de la propuesta que respaldaba el anteproyecto han votado, además del presidente, Lucas, las progresistas Roser Bach y Victoria Cinto y los conservadores José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Mientras que a favor de avalar la nueva regulación en materia de vivienda se han posicionado los progresistas Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
“Intensa intervención pública”
La votación ha estado precedida de un intenso debate en el que miembros de ambos sectores han puesto objeciones al borrador redactado por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta. Su propuesta de informe consideraba que la nueva regulación es “adecuada” para “consagrar y dotar de contenido” el derecho constitucional a la vivienda, si bien cuestionaba la “inconcreción” e “imprecisión” de algunos de sus aspectos. Entre ellos, las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas y la definición de conceptos clave como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero.
Las principales objeciones a ese borrador han llegado por parte de Vicente Guilarte, vocal elegido a propuesta del PP; y de Enrique Lucas, designado a propuesta del PNV. Ambos han formulado opiniones disidentes por escrito. No obstante, según las fuentes consultadas por elDiario.es, la ponencia de Cuesta ha sido rechazada principalmente a partir de los planteamientos de Lucas, basados en la “carencia de título competencial” del anteproyecto.
De hecho, el presidente y otros 14 vocales —los mismos que han rechazado la propuesta del primer ponente— han estimado sus alegaciones, convertidas en enmienda a la totalidad. Este vocal ha expresado sus dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia –el derecho a la vivienda— que la Constitución también atribuye a las comunidades autónomas. A su juicio, este hecho afecta a múltiples aspectos de la misma y obliga a rehacer el informe.
En sus alegaciones, acogidas por la citada mayoría de vocales, Lucas no se refiere a las medidas concretas contenidas en el anteproyecto, pero afirma que trata de “imponer un modelo de intensa intervención pública en la vivienda que hace irreconocible la configuración del derecho de propiedad” y augura problemas de seguridad jurídica como consecuencia de su “dificultosa articulación con las vigentes leyes autonómicas de vivienda”.
Así, considera “inaceptable” que tanto el anteproyecto como el informe incluyan la idea de que la “garantía y efectividad” del derecho a la vivienda solo puede proporcionarla una regulación estatal y añade que el punto de partida del informe debe ser el artículo de la Constitución que subraya que las autonomías “podrán asumir competencias” en materia de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”.
En este sentido, critica la “extraordinaria laxitud” con la que el anteproyecto interpreta el artículo constitucional que da al Estado la competencia exclusiva sobre la “planificación general de la actividad económica”. A su juicio, una cosa es que ese artículo “sea útil para que la política económica del Estado y las de los distintos gobiernos autonómicos guarden coherencia entre sí y no se produzcan distorsiones que afecten a la unidad económica y, otra bien distinta, que se pretenda uniformizar a través de ellos, de forma exhaustiva, la legislación autonómica sobre vivienda”.
Norma clave para el Gobierno
La Ley de Vivienda es una de las medidas clave del Ejecutivo de coalición y cuya aprobación en el Consejo de Ministros el pasado octubre conllevó meses de negociaciones. De hecho, los vocales se han reunido en un pleno extraordinario para abordar esta cuestión debido a la voluntad del Ejecutivo de iniciar cuanto antes su tramitación parlamentaria. A pesar de tener su mandato caducado desde hace más de tres años, el CGPJ mantiene entre sus funciones la realización de informes sobre anteproyectos de ley y otras disposiciones.
Tras conocerse la decisión del CGPJ, Unidas Podemos ha manifestado su “preocupación”. Este texto es uno de los proyectos estrellas del socio minoritario del Gobierno. Por eso, desde el grupo confederal lamentan “los retrasos injustificables a una ley que tiene que dar respuesta a la emergencia habitacional que vive nuestro país”. “Esta ley, que permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos, pone freno a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables o prohíbe la venta de vivienda protegida”, indican las mismas fuentes, informa Laura Galaup.
El Ministerio de Transportes confía en que la ley “será una realidad”
A pesar de la decisión del fallo de Justicia, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) confía en que la Ley de Vivienda “será una realidad que llegará pronto al Parlamento para su aprobación definitiva”, según han confirmado fuentes de Transportes.
El informe presentado por Álvaro Cuesta era un documento, según explican desde el Ministerio, “preceptivo pero no vinculante” que el MITMA solicitó “ya que la ley por el Derecho a la Vivienda modifica en tres artículos la ley de enjuiciamiento civil”. “Lamentamos el retraso en la tramitación de una norma que garantiza derechos y que aporta soluciones a los importantes problemas habitacionales de muchos españoles”, añaden estas fuentes.