El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reactiva estando en funciones y con una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta la renovación de plazas en los principales tribunales. Seis de ellas en el Supremo, donde los nombramientos para magistrados son vitalicios salvo renuncia de la persona interesada. Los demás altos cargos –incluidos los presidentes de sala del Alto Tribunal– tienen una duración de cinco años prorrogables una vez.
La negativa del líder del Partido Popular, Pablo Casado, a alcanzar un acuerdo para la renovación de los órganos judiciales tiene una consecuencia muy concreta a finales del mes de septiembre: el actual CGPJ, que debía haber sido renovado en diciembre de 2018, votará a los magistrados para tres plazas de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que entiende de las causas contra aforados; y las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Audiencia Provincial de Ourense.
A finales del pasado julio, y ante la existencia de negociaciones entre el Gobierno y el PP para la renovación del CGPJ, la mayoría del pleno votó a favor de sacar del orden del día la votación de estos nombramientos discrecionales. Según informó el Consejo en un comunicado, la decisión se tomó por “razones de prudencia” ante la confirmación de la existencia de esas conversaciones. Pero en el transcurso de aquella reunión, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, advirtió de que en el caso de que la negociación para la renovación fracasase se retomarían esas votaciones en el siguiente pleno, que se celebrará probablemente el 24 de septiembre.
Para la elección de magistrados es necesaria una mayoría de 13 votos de los 20 vocales con los que cuenta el CGPJ, a los que se suma el presidente. La corriente conservadora no alcanza esa cifra, de ahí que pese a la mayoría de miembros propuestos por el PP, la elección de magistrados siempre está precedida de una negociación. El bloqueo de Pablo Casado a renovar el CGPJ solo deja dos opciones: una negociación en posición ventajosa para el bloque conservador, pese a que la actual composición del Consejo debería haber cambiado por mandato constitucional hace 20 meses; o que los progresistas voten en contra de los nombres propuestos y las plazas sigan vacantes.
43 puestos en funciones
De continuar el bloqueo, la renovación de plazas por parte de un Consejo en funciones podría ampliarse en los próximos meses. La comisión permanente del CGPJ anunció este jueves que ya había fijado las fechas en septiembre para entrevistar a los candidatos a presidir otras tres salas del Supremo: la de lo Contencioso, donde se ven los pleitos contra la Administración; la de lo Social, encargada de examinar conflictos laborales; y la de lo Militar.
También están fijadas las entrevistas para cubrir otras cinco plazas, entre ellas las presidencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y de la Audiencia de Cáceres. El procedimiento establece que, tras las entrevistas, la comisión permanente propone una terna de candidatos para cada puesto y el pleno vuelve a tener la última palabra.
Un Consejo interino y que nada tiene que ver con la actual composición de las Cortes Generales encargadas de designar a sus vocales –desde que se eligió se han celebrado cuatro elecciones generales– ha acordado hasta el momento la renovación de 43 puestos de alto nivel en los principales tribunales. Doce de ellos en el Supremo, dos en la Audiencia Nacional, 14 en los tribunales superiores autonómicos y 15 en audiencias provinciales.
Tras reunirse con el presidente del Gobierno, el líder del PP aseguró que había puesto como condición para renovar el órgano de gobierno de los jueces y llegar a cualquier otro acuerdo de Estado que Unidas Podemos salga del Ejecutivo. Al día siguiente, el nuevo portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, dijo en cambio que Casado había propuesto a Sánchez un cambio en el sistema de elección de vocales del CGPJ, pese a que en julio las negociaciones se movieron en una renovación con el modelo actual.
También con este sistema el PP pactó el último intento de renovación que saltó por los aires en noviembre de 2018 tras filtrarse un mensaje en el que el entonces portavoz del partido en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguraba que con el nombramiento del juez Manuel Marchena –que era el nombre pactado con el Gobierno de Sánchez en su primera legislatura, cuando no gobernaba con Unidas Podemos– se controlaría “por detrás” la sala II del Supremo. Finalmente, Marchena renunció y presidió el tribunal que juzgó el procés. Precisamente el magistrado Marchena es uno de los jueces que han renovado su plaza, en este caso la de presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, con este Consejo interino.
“Fuera del marco constitucional”
La Unión Progresista de Fiscales lamentó recientemente en un comunicado la decisión del PP de “continuar con su negativa a renovar los miembros de tres de las más importantes instituciones democráticas”, lo que supone “no acatar las leyes” que las regulan y afecta “directamente” a su “letigimidad”. “Nos coloca fuera del marco constitucional”, señala el colectivo de fiscales, que insta al CGPJ a dejar de hacer nombramientos y a actuar de forma similar a como lo haría un Gobierno en funciones, que tiene vetado por ley nombrar o cesar altos cargos salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general justificadas.
Otras asociaciones como la minoritaria Foro Judicial Independiente han calificado de “inaceptable” la decisión del CGPJ de paralizar los nombramientos de jueces y han pedido que se sigan realizando “para la buena marcha de la Administración de Justicia”. “No resulta aceptable que la elección de los magistrados del Tribunal Supremo obedezca a intereses partidistas, siendo los propios elegidos los principales damnificados por la actuación del CGPJ”, expuso en un comunicado. Esta asociación recuerda que entre 2006 y 2008, cuando el CGPJ estuvo en funciones casi dos años, se hicieron nombramientos de jueces.
Este lunes se celebra en el Tribunal Supremo el acto solemne de la apertura del año judicial. Carlos Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar y está al frente del órgano de gobierno de los jueces desde 2013, pronunciará su séptimo discurso de inicio de curso en los tribunales ante el rey, la fiscal general del Estado, el ministro de Justicia y la Sala de Gobierno del Supremo. Será el segundo estando en funciones. El año pasado hizo referencias a la “etapa final” de su mandato y urgió a los partidos a la renovación del Consejo, que no ha sido posible por la falta de acuerdo político.
Estas negociaciones y el inicio del curso político están marcadas inevitablemente por la moción de censura anunciada por Vox para septiembre. El movimiento del partido de Santiago Abascal ha trastocado la estrategia del PP, pues, previsiblemente, todo el foco mediático tras el parón estival estará centrado en la iniciativa de la extrema derecha. Esta cita también ha hecho que sea más complicado para el partido de Pablo Casado articular un discurso duro contra el Gobierno cuando había trascendido que estaba negociando con Pedro Sánchez cuestiones de calado como la renovación de órganos constitucionales.