El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado estando en funciones y con una composición de mayoría conservadora -heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta- la renovación de 43 puestos de alto nivel en los principales tribunales. Doce de ellos en el Supremo, el órgano superior en todos los órdenes jurisdiccionales salvo en materia de garantías y derechos constitucionales. Ha acordado, además, dos nombramientos en la Audiencia Nacional y la renovación de 14 puestos en los tribunales superiores autonómicos y otros 15 en audiencias provinciales.
El inicio de la situación de interinidad en el órgano de gobierno de los jueces se remonta al 4 de diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años del actual Consejo. La situación se ha mantenido desde entonces por la repetición electoral y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. Al frente de la institución sigue Carlos Lesmes, elegido en 2013, y que que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar.
El Partido Popular se ha negado reiteradamente a renovar el CGPJ después de que el último intento saltara por los aires en noviembre de 2018 tras filtrarse un mensaje en el que el entonces portavoz del partido en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguraba que con el nombramiento del juez Manuel Marchena –que el era el nombre pactado con el Gobierno– se controlaría “por detrás” la sala segunda del Supremo. Finalmente, Marchena renunció y presidió el tribunal que juzgó el procés.
Precisamente el magistrado Marchena es uno de los jueces que ha renovado su plaza de presidente de la Sala de lo Penal del Supremo con este Consejo interino. Estando en funciones el pleno también avaló por unanimidad que Francisco Marín siguiera al frente de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, hizo otros dos nombramientos en esta sala; tres en la Sala de lo Social, encargada de examinar conflictos laborales; dos en la de lo Contencioso, donde se ven los pleitos contra la Administración; y otros tres en la de lo Militar.
Uno de los elegidos para esta última fue Fernando Marín, fiscal togado en el Supremo, y que había sido alto cargo del Gobierno de Aznar. Por otro lado, levantó suspicacias el nombramiento de Ricardo Bodas como magistrado de la Sala de lo Social del Supremo porque había presidido en la Audiencia Nacional el tribunal que tumbó una demanda de conflicto colectivo de las cuatro asociaciones de jueces contra el CGPJ y también el de Esperanza Córdoba como magistrada de la Sala de lo Contencioso del Supremo porque hasta entonces había ocupado el sensible Servicio de Inspección del CGPJ. Es decir, era alto cargo de la institución que la nombró.
En la Audiencia Nacional también fue renovado su presidente, José Ramón Navarro Miranda, que pertenece a la moderada Francisco de Vitoria, una de las dos asociaciones que impugnó los nombramientos en periodo interino. En el tribunal especial también revalidó su cargo de presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Eduardo Menéndez Rexach, que fue jefe del gabinete de Carlos Dívar, expresidente del CGPJ y del Supremo que dimitió tras el escándalo de sus viajes privados pagados con dinero de la institución.
Impugnación en el Supremo
Un Consejo que nada tiene que ver con la actual composición de las Cortes Generales encargadas de designar a sus vocales –desde que se eligió se han celebrado cuatro elecciones generales– ha trazado buena parte de la composición de los principales tribunales para los próximos años. Por ejemplo, los nombramientos para magistrados del Supremo son vitalicios salvo renuncia de la parte interesada. Los demás altos cargos, incluidos los presidentes de Sala del Alto Tribunal, tienen una duración de cinco años prorrogables una vez. Se ha servido, para ello, de un artículo introducido en la reforma de la ley que regular el Poder Judicial que el PP sacó adelante en 2013 con toda la oposición en contra y que establece que la única competencia que no puede ejercer en funciones es nombrar a un nuevo presidente.
Dos asociaciones de jueces –la progresista Jueces y Juezas para la Democracia y la moderada Francisco de Vitoria– han cuestionado que el Consejo realice en funciones unos nombramientos de carácter discrecional que condicionan la cúpula judicial para los próximos años. De hecho, intentaron sin éxito que el Tribunal Supremo suspendiera la convocatoria de plazas judiciales. La Sala Tercera señaló que “el normal desarrollo de la administración de justicia requiere la pronta cobertura de las plazas vacantes tanto judiciales como gubernativas”.
El pasado jueves, en plena tormenta por la evaluación de los méritos y requisitos de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado, el CGPJ informó de que no haría más nombramientos de jueces. El anuncio llegó cuando la institución ya había adjudicado varias decenas de plazas judiciales de alto nivel en tribunales centrales y autonómicos. Los nombramientos paralizados son tres en la Sala de lo Penal del Supremo y la presidencias del TSJ de Canarias y la Audiencia de Ourense.
En la institución afirman que la situación de interinidad del Consejo no le resta competencias y defienden que se ha tomado ahora esta decisión al confiar en que haya una “pronta renovación de la institución” tras la constitución de las cámaras y, especialmente, la formación de Gobierno, algo que no ocurrió tras las elecciones del pasado abril. Mencionan, además, que el jefe del Ejecutivo ha fijado como prioridad la renovación del Consejo.
En todo caso, advierten de que los procesos selectivos volverán a ponerse en marcha “si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación”. Recuerdan, en este sentido, que el Reglamento de nombramientos establece que las vacantes tienen que publicarse en el BOE “inmediatamente de producidas” y que el Consejo tiene que resolver “en el plazo máximo de seis meses”. “La existencia de tres vacantes en la Sala Segunda supone que el 20% de su planta esté sin cubrir, por lo que de prolongarse en el tiempo esta situación el normal funcionamiento de la sala se vería gravemente resentido”, añaden.
Antes de estar en funciones, la actual cúpula del Poder Judicial nombró magistrado del Supremo al expresidente de la conservadora APM Vicente Magro, que había sido entre marzo de 1996 y septiembre de 1997 senador del PP. En el Supremo también recaló durante este mandato Fernando Román, que fue secretario de Estado de Justicia en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro.
También ascendió a presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a una jueza, Concepción Espejel, después de que sus compañeros de esa misma sala la apartaran de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. O elevó hasta la cúspide de ese tribunal especial a Enrique López, igualmente apartado de los juicios de Gürtel por la misma razón que Espejel y que acaba de ser nombrado por Casado responsable de Justicia del partido.