El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este jueves que paraliza el nombramiento discrecional de jueces tras haber asignado estando en funciones 47 plazas de alto nivel, entre ellas, diez en el Tribunal Supremo. El órgano de gobierno de los jueces está en situación de interinidad desde diciembre de 2018 y mantiene desde entonces la mayoría conservadora de la etapa de Mariano Rajoy.
El Poder Judicial realizó este anuncio por sorpresa y el mismo día en que siete vocales nombrados a propuesta del PP decidieron saltarse su obligación de evaluar los méritos profesionales de Dolores Delgado para votar en contra de su nombramiento invocando falta de parcialidad de la exministra elegida por Pedro Sánchez para dirigirla Fiscalía General del Estado.
El Consejo justifica la paralización ahora de los nombramientos en el Supremo, la Audiencia Nacional, los TSJ autonómicos y las Audiencias Provinciales con el argumento de que confía en que haya una “pronta renovación de la institución” tras la constitución de las cámaras y la formación de Gobierno.
En todo caso, el órgano de gobierno de los jueces, que mantiene su composición de 2013 cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso, avisa de que los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha “si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación”. Entre las plazas pendientes, hay tres en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los mandatos de los miembros de las salas jurisdiccionales del Alto Tribunal son de quince años.
En una nota de prensa, el CGPJ justifica que, pese a haber agotado su mandato, ha ido cubriendo las plazas que han quedado vacantes en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial. Subraya que esta norma prevé que la única competencia que no podrá ejercer en funciones es la elección de un nuevo presidente de la institución.
Defiende, además, que el Tribunal Supremo desestimó la petición de dos asociaciones judiciales de suspender cautelarmente la convocatoria de diversas presidencias y plazas en órganos judiciales colegiados. Y advierte, por ejemplo, de que de prolongarse en el tiempo las tres vacantes en la sala de lo Penal del Supremo “el normal funcionamiento de la sala se vería gravemente resentido”.
En noviembre de 2018, el acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y el Partido Popular para renovar el órgano de gobierno de los jueces saltó por los aires después de que se hiciera público un mensaje en el que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, asumía con naturalidad el reparto de poder con el PSOE para la renovación de esa institución. Con ese mensaje, Cosidó trataba de convencer a sus compañeros de partido de que con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del CGPJ se controlaría “por detrás” la sala segunda del Supremo. Finalmente, Marchena renunció y presidió el tribunal que juzgó el procés.