La asociación de magistrados progresistas Juezas y Jueces para la Democracia ha hecho público este miércoles un comunicado en el critica los argumentos ofrecidos el lunes por la Audiencia Provincial de Madrid en el auto con el que avaló el cartel de Vox contra los menores extranjeros. En dicha resolución, el tribunal consideró sin datos que ese colectivo supone “un evidente problema político y social”.
Pero Juezas y Jueces para la Democracia refuta esa tesis. “Queremos poner de manifiesto que los menores extranjeros no acompañados no son un problema social. Al contrario, se trata de un colectivo que suele presentar múltiples vulnerabilidades: por edad, por falta de referentes adultos, por carencias idiomáticas, por ser víctimas de delitos en muchas ocasiones”, explica la citada asociación en su comunicado.
La organización explica que “además, su entidad numérica es muy reducida, sin apenas incidencia en los índices de delincuencia o en la creación de conflictos sociales”. “Esta percepción es compartida por la propia sociedad, que nunca ha mostrado preocupación o alarma por el acogimiento institucional de menores extranjeros no acompañados, como se puede constatar en los estudios sociológicos oficiales. En todo caso, se trata de menores que requieren de protección estatal, de acuerdo con lo establecido en nuestras leyes y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país”, añade.
A renglón seguido, Juezas y Jueces para la Democracia critica que “a pesar de que no existe ese problema social, hay sectores que de manera oportunista pretenden convertir a estos/as menores en una especie de chivo expiatorio, a través de mecanismos xenófobos de instrumentalización emocional”. “Nuestras instituciones deben rechazar cualquier forma de criminalización gratuita que afecte a menores y extremar las medidas de protección que resulten necesarias”, concluye.
Datos falsos
Finalmente, la asociación recuerda “que el Defensor del Pueblo en su último informe ha mostrado su preocupación por la proliferación de discursos de odio contra estos niños y niñas, así como ha reclamado la adopción de medidas que erradiquen estos discursos”. “Desde Juezas y Jueces para la Democracia reiteramos nuestro compromiso con los derechos fundamentales, especialmente de quienes son más vulnerables y por ello necesitan ser más protegidos/as”, zanjan.
El 20 de abril, en plena campaña madrileña, la estación de metro de Sol amaneció con el cartel electoral que el resto de candidatos tachó de “xenófobo y racista” y que decía “Un mena, 4.700 euros al mes, tu abuela, 426 euros de pensión/mes”. En realidad, el cartel contenía información falsa. Ningún menor migrante tutelado por la Comunidad de Madrid recibe una ayuda directa de 4.700 euros, como daba a entender Vox en su campaña. La cifra aportada por el partido de extrema derecha se refiere al coste por plaza de uno de los centros de acogida de menores tutelados en la Comunidad de Madrid gestionado por la Fundación Diagrama, que incluye todos los gastos relacionados con el recurso, desde sus trabajadores hasta el mantenimiento.